La Fiscalía General de la República impugnó suspensión que frena orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó este lunes la suspensión provisional otorgada en días pasado a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, con la cual se impide la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la FGR, el exmandatario estatal es acusado de encabezar un esquema de desvío de recursos públicos con un valor aproximado de tres mil 400 millones de pesos, derivado de la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en algunos municipios de Michoacán.
El pasado 23 de abril, Aureoles Conejo solicitó un amparo contra cualquier orden de captura en su contra, mismo que le fue concedido por un secretario en funciones de Juez Décimo Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, con el expediente 348/2025.
Más tarde, el juzgado recibió un recurso de queja de la FGR contra la suspensión provisional, a través de un agente del Ministerio Público federal, quien solicitó la orden de aprehensión contra Aureoles Conejo ante una Juez de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente.
“El licenciado Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, interpone recurso de queja en contra de la suspensión provisional de veintidós de abril de dos mil veinticinco, y expresa agravios”, señala el acuerdo del juzgado.
A raíz de ello, el juzgado turnó el asunto a un Tribunal Colegiado para que en un plazo de 48 horas determine si confirma, modifica o revoca la suspensión contra Aureoles Conejo junto a sus cuatro colaboradores, luego de causar un daño patrimonial en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro en Michoacán.
De acuerdo con el expediente, el exgobernador ya pagó la garantía de 52 mil pesos que le impuso el Juez de amparo para mantener vigente la suspensión provisional, mientras se resuelve la suspensión definitiva, aunque no se descarta la posibilidad de que se le imponga prisión preventiva justificada durante el proceso penal.
AUTOR: REACCIÓN.
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