Con 344 votos a favor y 127 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, la tarde del 22 de octubre de 2025, la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que formalizó las nuevas atribuciones que mediante decretos presidenciales, le otorgaron a la Secretaría de Marina (SEMAR), en materia de aeropuertos y aduanas.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
La nueva Ley señaló que entre las atribuciones de la Armada de México se encontraría realizar acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en aduanas y en los espacios aéreos correspondientes, para lo cual se crearían Unidades Navales de Protección Aeroportuaria.
La reforma turnada al Senado también otorgó a la Secretaría de Marina el derecho de visita y persecución, así como acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y altamar, con el objetivo de fortalecer el combate a los actos ilícitos cometidos en el espacio marítimo, incluido el huachicol fiscal.
Además, reestructuraría y cambiaría la denominación de los niveles de mando al sustituir el Estado Mayor de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales y creó las Unidades Navales de Soporte Estratégico para la Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, con el objetivo de mejorar su formación, adiestramiento e inteligencia.
El presidente de la Comisión de Marina de San Lázaro, Humberto Coss y León Zúñiga -del grupo parlamentario de Morena-, afirmó que la reforma respondía a la necesidad de dotar a la Armada de México, de un marco jurídico actualizado y coherente con las nuevas atribuciones de la institución, las cuales no se limitaban al ámbito marítimo, sino que cumplía con funciones claves en la defensa de las instalaciones estratégicas, el combate a delitos de alto impacto y el auxilio a la población.
El legislador de Morena detalló que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -el 6 de octubre de 2025-, le daba a la Armada la facultad de participar en la formulación de la política de defensa exterior y en la elaboración de la política nacional de defensa marítima, además de que incorporaba nuevas capacidades en materia de ciberdefensa y ciberseguridad. También preveía la creación de unidades navales.
Asimismo, según explicó Coss y León Zúñiga, establecía la adición de Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, a las Unidades Operativas de la Armada de México, en virtud de los acuerdos publicados por el Poder Ejecutivo Federal, que le asignaron a la Secretaria de Marina la vigilancia de ciertos recintos aeroportuarios, por tratarse de instalaciones estratégicas para el país.
No obstante, el vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, acusó a la “4T” de abusar de la lealtad de las Fuerzas Armadas, al otorgarle facultades discrecionales en materia de ciberseguridad, inteligencia, guardia costera, así como para inspeccionar buques y detener personas lo que, advirtió, era violatorio de los derechos humanos. Además, subrayó que la discusión de esta reforma se inscribía en un proceso de militarización de la vida pública que, afirmó, debilitaba a los militares y a las FF. AA.
“Quienes hoy tienen la mayoría han abusado de la lealtad democrática de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que cuando en América Latina se acostumbraba dar golpes al poder civil, aquí se mantuvieron lealtades, leales a la República y, precisamente es ese abuso de la función de las Fuerzas Armadas la que nos tiene aquí hoy”, advirtió Zavala Gutiérrez.
Por su parte, el diputado del PAN, Hernando Castañeda Córdova, lamentó que el Gobierno Federal mandaba a las Fuerzas Armadas de albañiles, choferes y mensajeros y que los hubieran convertido en una empresa constructora, en una aduana, en línea de defensa y en un departamento de obras públicas, mientras los verdaderos problemas de seguridad del país continuaban creciendo sin estrategia y sin resultados.
El legislador panista dijo que la mayor falta de respeto a las Fuerzas Armadas era usarlas como escudo político, por lo que demandó que les devolvieran su misión, su entrenamiento y su orgullo, para que volvieran a proteger a la patria y dejaran de ser usados para tapar los fracasos del Gobierno Federal.
“Defender a los marinos es exigir que se les devuelva su misión, su entrenamiento, su orgullo, es pedir que vuelvan a hacer lo que mejor saben hacer, proteger a la patria, no tapar los fracasos del Gobierno. Yo quiero Fuerzas Armadas fuertes, no al servicio del poder. Quiero marinos respetados, no explotados. Quiero Fuerzas Armadas que inspiren honor, no que ejecuten contratos”, señaló Castañeda Córdova.
En tanto que la diputada priista Ariana del Rocío Rejón Lara aseguró que la reforma propuesta por la titular del Poder Ejecutivo Federal no modernizana a la Armada, sino que la secuestró, porque, según ella, creó una Jefatura de Operaciones Navales nombrada directamente por la presidenta, lo que concentrana el mando estratégico en una sola persona, sin contrapesos institucionales.
“Esta ley le da a la presidenta facultades discrecionales para nombrar mandos sin evaluación técnica, determinar políticas sin definirlas, autorizar operaciones en ciberespacio sin ninguna regulación. ¿Y dónde está el Congreso?, ¿dónde están los contrapesos? Con esta ley la Armada de México deja de responder a la Constitución y pasa a responder a un partido que es Morena”, enfatizó Del Rocío Rejón Lara.
La legisladora priista subrayó que la reforma elimina los candados que impedían el uso político de la Armada, sin supervisión legislativa, ni límites temporales claros, ni definición precisa de competencias y sin protocolos de derechos humanos vinculantes. “Morena no está dándole herramientas a la Armada, le está quitando protecciones legales”, reiteró.
El 6 de octubre de 2025, Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa que formalizaría en la Ley Orgánica de la Armada de México, las nuevas atribuciones de la SEMAR en aeropuertos y aduanas.
La propuesta que derogaría la actual Ley y emitiría un nuevo ordenamiento, señaló que entre las atribuciones de la Armada de México se encontrarían realizar acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en los espacios aéreos correspondientes.
Asimismo, determinó que otra atribución sería mantener el Estado de Derecho en las zonas marítimas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima.
“Se incluye en apoyo a la seguridad y protección aeroportuaria, a las Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, las cuales coadyuvarán con las autoridades aeroportuarias y de los tres órdenes de Gobierno, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos aplicables”, indicó la iniciativa.
Según la propuesta, ésta tiene como finalidad armonizar las atribuciones de la Armada de México con las tareas encomendadas respecto al mantenimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales.
La titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que la iniciativa se apegaba a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales preveían la consolidación una Autoridad Marítima Nacional para la protección en las zonas marítimas, instalaciones portuarias nacional, así como el refuerzo a la vigilancia y detección en aduanas, zonas costeras, marinas e instalaciones estratégicas.
Según la propuesta se fortalecían las acciones de combate a actos ilícitos en el mar a través del derecho de visita y de persecución en la zona económica exclusiva mexicana y en alta mar, y se estableció que participarían en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de operaciones militares que se realizaban en el ciberespacio, desde el ámbito de su competencia.
La propuesta abundó que materia de mando y organización se reestructurarían y cambiaban las denominaciones de los niveles, al establecer que el Mando Supremo sería ejercido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Alto Mando por el titular de la Secretaría de Marina y el Mando Superior en Jefe Estratégico, por el titular de la Jefatura de Operaciones Navales, entre otros.
Además, afirmó, que se abatían las brechas de discriminación, al establecer que, sin distinción de género, el personal de la Armada, de acuerdo con su jerarquía, podrían ejercer la Comandancia de cualquier nivel de mando.
La iniciativa también facultaría al Mando Supremo para nombrar a las personas que ejercen el Mando Superior en Jefe Estratégico y los Mandos Superiores en Jefe de Operaciones y se precisó que para permitir la salida de unidades orgánicas operativas de la Armada de México, debería existir una autorización del Senado.
