Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), reconoció, el 17 de octubre de 2025, que el hackeo o intrusión no autorizada en sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Gobierno Federal, conocido como “Guacamaya Leaks”, se originó por una falla humana y no por una vulnerabilidad en los sistemas de comunicación del Ejército.

El 29 de septiembre de 2022, un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, compartieron al medio digital Latinus -través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó la filtración como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”-, al menos seis terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluyeron textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que databan desde el año del 2016, hasta septiembre del 2022.

“Todos nuestros sistemas de comunicaciones, de transmisiones, son encriptados. Técnicamente todos son encriptados. De lo que pasó en Guacamaya, fue una falla humana y no eran encriptados. Eso era internet común. Todos están encriptados, todos son medios seguros y están funcionando todos adecuadamente”, explicó el actual titular de la DEFENSA, durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el general fue cuestionado respecto a un informe de la estadounidense Universidad de San Diego, con sede en California, que reveló la posibilidad de interceptar datos de satélites no encriptados, vinculados a instituciones como el Ejército y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En respuesta, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las comunicaciones militares operaban bajo medios seguros y que no existía evidencia de que información clasificada hubiera sido interceptada. “No han ingresado. No tenemos ningún indicio de que hayan ingresado o que hayan obtenido esa información. Desconozco cuál sería su fuente o cómo se hizo el estudio”, señaló.

El 15 de febrero de 2023, Luis Cresencio Sandoval González, entonces titular de la SEDENA afirmó que el “hackeo” a servidores de dicha institución, realizado por el colectivo internacional autodenominado Guacamaya Leaks, no puso en riesgo la seguridad nacional.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las instalaciones del Campo Militar Número 1, ubicado en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el general fue cuestionado respecto a la filtración de correos y documentos referentes a operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso la salud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo de la cibernética […] Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, confirmó el propio López Obrador, el 30 de septiembre del 2022, durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el Gobierno Federal indicó, en un comunicado, emitido el 23 de marzo de 2023, que “algunos documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos” y “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.

“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, insistió el Gobierno de México.

“Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”, señaló el Gobierno Federal.

‘Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional’, indicó el encabezado del comunicado del Gobierno de México, el cual destacó que “todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada y narcotráfico; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos”.

Asimismo, el Gobierno Federal encabezado en ese entonces por el presidente López Obrador, enfatizó que las “instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez”.

Ello, según el Gobierno de México, con base en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, “la inteligencia es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, y el ciclo de inteligencia es el proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para la toma de decisiones”.

“Este proceso comprende las etapas de planeación, recolección, procesamiento y análisis; difusión y explotación, y retroalimentación. De acuerdo con los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional, las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de manera conjunta con otras dependencias, trabajan en recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública”, detalló el comunicado del Gobierno Federal.

No obstante, el Gobierno de México afirmó que los “procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.

“Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años”, insistió el Gobierno entonces encabezado por López Obrador.

“Las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas -redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos-, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país”, agregó el Gobierno Federal.

“En el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal”, abundó el Gobierno de México.

“El artículo 16 constitucional refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto sólo el juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”, expresó el Gobierno Federal.

“La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas”, dijo el Gobierno de México.

La Administración encabezada por López Obrador recordó que durante lo que iba de ese sexenio, las autoridades judiciales habían detenido a mil 393 personas. De ellas, 27 las catalogó como “relevantes” por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, José Guadalupe ‘N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.

“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada. Finalmente, con el desarrollo de productos de inteligencia ha sido posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento”, finalizó el Gobierno Federal.

La iniciativa para la creación de una ley y sistema de cuidados en la Ciudad de México cumple con los mínimos, dado que retoma el trabajo que se había impulsado en todas las iniciativas previas, particularmente la de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres; sin embargo, aún debe ser afinada con la participación ciudadana de los grupos representados para alcanzar el estándar de la ley modelo de esa agrupación.

Uno de los aspectos más positivos, de ser aprobada y cumplida, es que establece certezas sobre la asignación presupuestal que deberá ser destinada al tema de cuidados en la capital. El documento plantea que el presupuesto destinado a la prestación de servicios públicos de cuidado —que deberá reflejarse en un anexo en el presupuesto de egresos— se incremente de forma progresiva año con año, y establece la prohibición expresa de disminuirlo.

La iniciativa se dio a conocer, finalmente, en el contexto del primer informe de la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, después de que hubiera prometido en varias ocasiones su presentación sin consolidarla. Además, en el primer cuatrimestre de este año, un tribunal capitalino determinó que el Ejecutivo y el Legislativo local eran responsables de una omisión legislativa absoluta al no acatar el mandato de la Constitución de la Ciudad de México que especificaba que los sistemas y programas establecidos ahí debían entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Para ello, el sistema de cuidados de la ciudad —que estará compuesto por varias dependencias— deberá diseñar un modelo integral que promueva el bienestar físico, emocional y social.

Además, el artículo 16 establece que el gobierno de la Ciudad de México impulsará, progresivamente y con base en sus capacidades presupuestarias, un programa de apoyo a personas cuidadoras de tiempo completo que tengan a su cargo a personas con necesidades intensas de cuidado y que, por su especial condición de vulnerabilidad, requieran asistencia para satisfacerlas.

Por otro lado, establece las definiciones y características de las responsabilidades compartidas social, de género, del gobierno, las alcaldías y los poderes públicos; del mercado y el sector privado; comunitaria, familias y de género. Dentro del sistema de cuidados, la Junta será la instancia encargada de articular, coordinar, monitorear y vigilar la implementación de la política de cuidados, y estará integrada por los titulares de varias secretarías.

Para ella, es importante recordar que por más necesidades intensas de cuidado que tengan las personas, su atención tiene que desprenderse de un conjunto de políticas y apoyos institucionales que van más allá de cualquier tipo de transferencias, y que se relacionan también con infraestructura, personal capacitado y otros elementos que puedan brindarles las herramientas suficientes para vivir y gozar de su derecho a la autodeterminación, la autonomía y sus proyectos de vida.

Habitantes de las comunidades cercanas a la Laguna de Cuyutlán denunciaron que el proceso de consulta pública del proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima”, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se realizó sin transparencia, con irregularidades y de manera excluyente, al discriminar y dejar fuera a grupos vulnerables de la población.

El Nuevo Puerto se localizará en el municipio de Manzanillo, Colima, y es promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, S.A. de C.V.

Animal Político revisó los detalles del proceso del inicio de consulta pública para el proyecto. En la publicación extraordinaria de la Gaceta Ecológica de la Semarnat del 8 de septiembre de 2025, de conformidad con los artículos 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y el 40 Y 41 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se dieron a conocer los periodos, horarios y formatos de consulta.

La consulta pública para este megaproyecto de la ASIPONA Manzanillo comenzó el 1 de septiembre y concluyó el 8 de octubre de 2025. En la gaceta se informó que la modalidad de consulta para señalar observaciones del proyecto sería únicamente en línea y la consulta de la Manifestación de Impacto Ambiental se podría hacer de manera presencial en la Oficina de Representación de la Semarnat en Colima.

El horario de consulta fue de 9:00 a 14:00 horas, es decir, la población afectada solo tuvo seis horas para leerlo, de lunes a viernes, durante el mes en que se abrió el proceso de consulta.

En un comunicado, la coalición Salvemos Cuyutlán acusó que este sector de la población no pudo participar porque el proceso se realizó únicamente en línea, con una plataforma que fallaba constantemente.

Manifestaron también su preocupación y rechazo ante las irregularidades observadas en el proceso de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre la expansión del puerto de Manzanillo.

El colectivo Salvemos Cuyutlán afirma que estos sectores sociales que viven de las actividades económicas se verán más impactadas por el proyecto, un acto que consignan como discriminatorio en su derecho al acceso a la información. Señalan que durante la consulta pública de la Semarnat por el Puerto Nuevo Manzanillo, recibieron quejas de las que pudieron comprobar, personalmente, que la plataforma de la Semarnat no funcionó correctamente.

En el municipio de Armería se encuentra el pueblo de Cuyutlán, un sitio que en junio de 2024 fue candidato para recibir el reconocimiento internacional en la competición Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo, de la ONU.

Esta insignia reconoce a las localidades rurales que destacan por su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación de su patrimonio cultural y natural.

La postulación, hace un año, la hizo la Secretaría de Turismo de Colima como un forma de reconocer la historia de la producción de sal en Cuyutlán, la cual se remonta a más de 500 años y es la principal actividad económica del pueblo.

Actualmente, esa tradición y prácticas sostenibles en la producción salinera podría verse afectada si la Semarnat aprueba los impactos de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Personas con discapacidad consideran positivo que haya una audiencia pública sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) adopte un nuevo criterio en materia del derecho a la consulta; sin embargo, reclaman que la convocatoria para participar ha sido apresurada y poco accesible, por lo que temen que se aprueben cambios que los puedan afectar.

“Lamentablemente, cuando se lanzó la convocatoria hubo algunas cuestiones de accesibilidad que no estuvieron previstas, por ejemplo, la Lengua de Señas Mexicana no estaba, lo que dejaba fuera a la comunidad sorda; también faltó un formato de lectura fácil para el vocabulario técnico. Por eso tenemos un poquito de miedo, en el sentido de que no queremos que haya simulación”, señaló Israel Morales, quien trabaja como consultor independiente.

“Entendemos que los ministros tienen una carga de trabajo amplia, pero esperamos que se nos escuche para que se cambie la idea que se está manejando con el nuevo criterio, porque aunque se considere que una ley amplía derechos, si se hace desde la perspectiva de quienes no conocen nada de discapacidad y no nos preguntan, no se establecen las condiciones adecuadas a lo que necesitamos”, agregó.

Martha García, integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad que acudió el 13 de octubre a la SCJN para pedir a los ministros que los tomaran en cuenta en la propuesta de Batres, comentó que la convocatoria que se emitió para la audiencia resultó apresurada y poco accesible, por lo que “una de dos, o los ministros no nos han entendido o no nos quieren entender“.

“Con tan poquito tiempo estamos viendo si podemos organizarnos para llevar argumentos que sean relevantes y que no se quite la consulta, que se sigan escuchando las voces de las personas con discapacidad, porque tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre lo que nos beneficie o nos pueda vulnerar”, apuntó.

Argumentos de las personas con discapacidad contra la propuesta de Lenia Batres

Catalina Torres, integrante de la asociación Cambio de Ruta, es una de las promotoras de varios amparos que están en curso contra el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la falta de consulta a personas con discapacidad.

“Lo que está pasando en la Corte nos preocupa mucho, porque vemos una regresión de derechos. Cualquier persona no tendría que estar pendiente de todas las leyes que salen, porque no es su chamba, y a veces no nos enteramos de las modificaciones y de cómo repercuten en nuestra vida como personas con discapacidad, porque necesitamos apoyos específicos”, indicó.

La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que se concluyó “exitosamente” la fase de levantamiento de datos en campo de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, realizada en todo el territorio nacional. 

Se trata de la encuesta que se hacía cada cinco años, pero que fue suspendida en 2022 por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Los últimos datos difundidos fueron en la encuesta del 2017, con datos de un año antes, lo que significa que desde hace nueve años no se tiene información actualizada sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco en México.

Un nuevo cambio sucedió hoy en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con la salida de Emilio Barriga Delgado como Auditor Especial del Gasto Federalizado, y su sustitución por Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien fuera su subordinado en esa área clave de la institución, encargada de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales gastan los recursos multimillonarios que les envía el gobierno federal.

La ASF no explicó el motivo de este nuevo cambio en uno de los cargos más importantes de su estructura, el quinto desde que David Colmenares Páramo tomó las riendas de la institución, en 2018. La institución, que depende de la Cámara de Diputados, se limitó en informar que Colmenares designó a Hernández en el cargo que ocupaba Barriga y que empezó a asumir sus funciones este viernes 17.

A petición de Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para abandonar un criterio que, hasta ahora, ha servido para evitar dejar en vulnerabilidad a las personas con discapacidad y su derecho a ser escuchadas antes de que los poderes legislativos del país emitan normas que pudieran colocarlos en condiciones de mayor riesgo.

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad hicieron uso, por primera vez, de la recién creada figura de “audiencias públicas” de la Corte para solicitar a los nueve ministros del Pleno que los escuchen antes de tomar una decisión.

La audiencia pública está programada para el próximo 20 de octubre en el edificio sede de la Corte y en ella, quienes se inscribieron en la convocatoria publicada por el Máximo Tribunal hasta las 23:59 horas de ayer, podrán emitir sus pronunciamientos, presentar artículos de opinión y diversas herramientas que ayuden a los ministros a tomar una decisión con mayores elementos.

¿Qué es lo que Lenia Batres pidió cambiar?

Desde el año 2016 la SCJN, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció que como estado parte de dicho instrumento internacional, México está obligado a garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en las decisiones que les afecten.

Una forma en la que la Corte consideró que está garantizado este derecho es a través de la consulta previa misma que consideró parte del proceso legislativo para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales realicen este ejercicio de participación con los integrantes de este sector de la población antes de legislar sobre cuestiones que pudieran afectarles.

Esto fue aplicado en la acción de inconstitucionalidad 136/2022 en la que la Corte indicó que mantener el régimen de interdicción (figura que invalida la capacidad jurídica de las personas con cualquier tipo de discapacidad) era contraria a la Convención y señaló que cuando las leyes afectan directamente derechos de personas con discapacidad se debe llevar a cabo una consulta previa, pública, abierta y regular.

A través de este criterio la Corte ha declarado inconstitucionales más de 50 legislaciones en las que las personas con discapacidad no fueron consultadas por los poderes legislativos para conocer cuáles son sus necesidades.

Esto obligaba a los congresos a realizar las consultas mismas que debían ajustarse al estándar establecido por la Corte.

Desde antes de su ingreso a la SCJN, la ministra Lenia Batres criticó la utilización de este criterio para invalidar diversas normas impulsadas por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A su llegada  al Corte, la exigencia de abandonar el criterio ha sido una constante en las declaraciones de Batres Guadarrama.

En entrevista con Proceso publicada en la edición mensual 27, correspondiente a septiembre de este año, la ministra aceptó que buscaría que la nueva conformación de la Corte abandone dicho criterio que no sólo aplica a personas con discapacidad sino que está destinado a respetar el derecho de consulta previa de los grupos vulnerables.

Por ello, desde la primera sesión del Pleno de la Corte, del pasado 11 de septiembre, mientras los ministros discutían la validez de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, Batres aprovechó para pedir “detener esta perversión” y dejar de aplicar el criterio que, indicó, privilegia el análisis de la forma sobre el estudio de fondo de los asuntos.

Colectivos y personas solidarias de Fráncfort, Alemania, dirigieron una carta pública a la presidenta Claudia Sheinbaum para expresar su rechazo ante los intentos de desalojo de comunidades zapatistas en Chiapas. La carta señala que dichas acciones violan los Acuerdos de San Andrés firmados en 1995 y representan una amenaza grave contra los pueblos originarios.

“Estamos horrorizados”, señalaron, al denunciar que la expulsión de las comunidades solo beneficia a «quienes se creen poderosos» sin que quede claro quién está realmente detrás de las agresiones. Cuestionaron también el papel de asesores internacionales y de las fuerzas de seguridad involucradas.

El mensaje advierte que las comunidades zapatistas “viven de forma social y comunitaria, respetando la tierra que conservan y no destruyen”, lo que resulta incómodo para quienes promueven la competencia, el despojo y la acumulación. Afirmaron que su ejemplo ofrece esperanza para muchas personas en el mundo que buscan una vida digna y justa.

Como parte de su solidaridad, anunciaron acciones de difusión, boicots económicos y denuncias públicas. Exigieron respeto pleno a las tierras zapatistas, en particular al poblado Belén, y un alto inmediato a la guerra contra los pueblos originarios. “No en nuestro nombre”, concluyeron.

COMUNICADO:

Fráncfort, 12 de octubre de 2025. Estimada señora Sheinbaum: Según hemos oído, usted y su Gobierno planean expulsar una vez más a los habitantes originarios de su país en Chiapas. Es decir, van a incumplir el Convenio de los Acuerdos de San Andrés (1995). Estamos horrorizados. Sabemos que la expulsión de estas personas beneficia a unos pocos que se creen poderosos. Se creen tan poderosos que piensan que, con su ayuda y con la fuerza de las armas, pueden expulsar a personas y destruir tierras. No sabemos quiénes son esos poderosos. ¿Son los ricos terratenientes? ¿Es su predecesor en el cargo? ¿Son los jefes de los cárteles de la droga (¡se rumorea que el gobernador de Chiapas también es uno de ellos!)? ¿Son los que se benefician de los megaproyectos neoliberales? ¿O los representantes de la autoproclamada y brutal «fuerza del orden» de las Américas? ¿O simplemente tuvo malos «asesores», por ejemplo, de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional? ¿O simplemente le molesta que estas personas vivan de forma diferente a usted, de forma social y comunitaria, respetando la tierra que conservan y no destruyen? Estas personas comparten entre sí y construyen la comunidad, rechazan la competencia y la codicia. ¿Es eso? En cualquier caso, nosotros respetamos y valoramos a los habitantes originales de esta tierra, las comunidades zapatistas, como lo hacen innumerables personas en todo el mundo. Nos dan la esperanza de que es posible una vida digna, justa y comunitaria. TIENEN TODA NUESTRA SOLIDARIDAD En la práctica, esto significa que: Difundiremos estas noticias en nuestras geografías, siempre que podamos. Preguntaremos a la gente si quiere dejar su dinero allí donde se cometen crímenes tan inhumanos. Donde se expulsan y tal vez se matan a las personas. Donde se destruye tierra que hoy es fértil y necesaria para la supervivencia. Donde se infligen una vez más profundas heridas a la Tierra. NO EN NUESTRO NOMBRE Exigimos enérgicamente: ¡Respeto integral a las tierras de los Pueblos Zapatistas y su autonomía! ¡No se toquen las Tierras Zapatistas, ni en el Poblado Belén ni en algun otro lugar de Chiapas! ¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas Ya! ¡Viva el Común! ¡Viva la Autonomía! Atentamente, (füge hier deinen Namen ein)

México consolida, sin mucho debate público, un modelo de vigilancia masiva que erosiona la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la defensa frente a los abusos del poder. Las piezas de este sistema se han ido colocando una tras otra, hasta conformar una estructura de control que se legaliza por etapas y se normaliza en el discurso. 

La más reciente de ellas son las reformas al Código Fiscal de la Federación (artículo 30-B), aprobadas en el Congreso, que otorgan a las autoridades la capacidad de acceder, permanentemente y en tiempo real, a las plataformas digitales para obtener información “que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales", y de bloquear dichas plataformas si se niegan a otorgar dicho acceso.

Estas modificaciones vulneran el derecho a la privacidad y abren la puerta a la censura de contenidos digitales. Lo que se presenta como herramientas para mejorar las capacidades de recaudación fiscal, se erigen en verdaderos instrumentos de vigilancia y control. Las autoridades podrán acceder a datos personales sin supervisión judicial, y ordenar el bloqueo de plataformas de información, si éstas no cooperan. En la práctica, significa que el Estado podría vigilar, sancionar o censurar con un margen amplísimo de discrecionalidad.

Estas reformas forman parte de un paquete legislativo más amplio, promulgado en julio pasado, que reconfigura el aparato de vigilancia estatal. En ese conjunto se incluyeron las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley en Materia de Desapariciones, Ley de Guardia Nacional; así como la creación de la la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Todo ese entramado legal permite el acceso cruzado y en tiempo real a registros, y bases de datos públicas y privadas, y crean la CURP Biométrica obligatoria. El discurso oficial habla de “eficiencia administrativa” y “seguridad”, pero en realidad lo que se construye es una infraestructura permanente de control ciudadano.

Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo que antes hacían agencias secretas o corporaciones privadas en los márgenes de la ley, ahora lo hace el Estado con aval legislativo. El problema es quién vigila, con qué controles y para qué fines.

En paralelo, se consuma la restricción legislativa de los mecanismos con los que ese mismo pueblo puede defenderse. Las recientes reformas a la Ley de Amparo diluyen la figura del interés legítimo y de la suspensión, gracias a la cual personas, organizaciones y colectivos habían logrado frenar normas y actos inconstitucionales. Todo en un contexto de cooptación del Poder Judicial.

En otras palabras, se consolidan simultáneamente dos movimientos regresivos: un Estado que amplía sus facultades de vigilancia y un Poder Judicial debilitado para contenerlo. El resultado es un desequilibrio de poder profundo. La privacidad se convierte en una ficción legal y la ciudadanía queda sin amparo —literal y jurídicamente— frente a los abusos institucionales.

El argumento oficial es conocido: “no hay nada que temer si no se hace nada malo”. Pero esa lógica es el corazón de todos los regímenes de control. La privacidad no es el refugio del crimen, sino el espacio indispensable de la libertad. Además, está plenamente documentando -por lo menos en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador- que las herramientas de espionaje de alta gama (como Pegasus) se usan preferentemente contra voces críticas y que su eficacia anti-crimen ha sido nula.

México no llega paulatinamente a este punto. Lo hace paso a paso, con la complicidad del silencio político y la abulia social. Se normaliza la idea de que la seguridad y la eficiencia justifican la intrusión. Se apela a la bondad y la superioridad moral de quienes conforman el actual proyecto político hegemónico. Pero un Estado que todo lo sabe termina creyendo que todo lo puede, y eso es fuente de abusos.

El futuro digital del país no puede edificarse sobre la renuncia a la privacidad y negando las consecuencias sobre resto de nuestras libertades públicas. Si las “leyes espía” avanzan y los mecanismos de defensa se extinguen, las personas quedaremos atrapadas bajo un gobierno que dice hablar por el pueblo, mientras vigila, en tiempo real y sin controles, cada uno de sus movimientos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, cuya normativa fue aprobada en el Senado de la República ayer por la tarde con 81 votos a favor y 37 en contra.

El decreto fue publicado en la edición vespertina del DOF para que la ley entre en vigor mañana viernes 17 de octubre, con cambios al polémico artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los juicios en curso.

Previamente, durante la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen de la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas, la de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y las de dos diputados del Partido del Trabajo (PT).

La Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy Ramos, informó este viernes que ya fue enviada al Congreso de la Unión la iniciativa para la homologación del delito de extorsión a nivel Federal y que el mismo se persiga de oficio.

La funcionaria afirmó que la propuesta contempla una penalidad que va desde los seis hasta los 15 años de prisión para el delito de extorsión y habrá una serie de agravantes, las cuales serán cuando la extorsión sea para el cobro de piso, o cuando la víctimas sean migrantes, por ejemplo.

A partir del 17 de febrero del 2021, cuando Christian Espinoza Silver, operador del cártel Arellano, fue asesinado en las inmediaciones de uno departamentos en Nobel Drive y Lombard Place en University City, en la Jolla, su novia por varios años, la influencer Lidia Vanessa Gurrola Peraza, se convirtió en una de las principales sospechosas del homicidio.

Hace cuatro años la investigaron y la interrogaron sin éxito, sin embargo, tras la captura el 17 de junio en Tijuana, de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flakito, su extradición a los Estados Unidos, y su encarcelamiento en una prisión de San Diego, Californian en agosto, finalmente ejecutaron una orden de aprehensión contra la joven Vanesa Gurrola, el jueves 9 de octubre del 2025.

La detención de Gurrola se ejecutó precisamente en la zona de University City, es decir, en las inmediaciones del centro comercial University Town Center de La Jolla, cerca de donde su ex pareja fue asesinado, de cuyo móvil comentaron de manera extraoficial por entonces, fue “para evitar que cumpliera con la orden de asesinar a Ovidio Guzmán”.

Durante los últimos cuatro años, la modelo iba y venía entre México y Estados Unidos, incluso después del 27 septiembre del 2024 -a tres años de la muerte de sus novio-, cuando públicamente fue relacionada con el cártel de Sinaloa. Su nombre y foto fueron plasmados en cientos de folletos que se dejaron caer de avionetas en Sinaloa, en las ciudades de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán

La identidad de Gurrola fue uno de los 17 personajes populares en redes sociales, traficantes y sus familiares, expuestos en los volantes con la cabeza “Cartel de Los Sapitos ¿los conoces? Denúncialos”, la lista era encabezada por Los Chapitos, los hermanos Archivaldo, Alfredo y Joaquín Guzmán. En el volante, a la modelo Vanesa Gurrola la apodaron “La Sapa”.

A todos los acusaban de una extensa lista de delitos cometidos por todos los grupos del crimen organizado y para denunciarlos, enlistaban una serie de contactos de la secretaria de la Defensa Nacional.

La muerte de “El Chato” 

Christian Espinoza Silver, de 35 años, fue acribillado en febrero del 2021, mientras conversaba con otro sujeto en el interior de un auto en las inmediaciones de University City en San Diego, California, la segunda víctima sobrevivió al ataque. También se pudo saber, que ese mismo día, el joven había tenido otras reuniones con sus socios mafiosos en la misma zona.

En aquel momento, autoridades de ambos lados de la frontera informaron que varios operadores y lideres criminales del CAF vivían en esa zona, y algunos de ellos como el Flakito, Brayan Corona alias el Apache – también fue baleado en la zona en marzo del 2024- y Héctor García alias el Kado, estaban colaborando como “testigos protegidos”, aunque no se detalló con cuál agencia.

El Chato, era hijo de Saúl Silver Quintana, quien fuera uno de los operadores del cártel Arellano, a él lo asesinaron el 28 de agosto de 2005 en el Salón Mezzanine de Tijuana, mientras celebraban la fiesta de 15 años de su hija.

Atentado Ovidio

Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flakito se caracterizó por a facilidad que tenía para negociar y transitar de un cártel a otro, y evadir las amenazas de muertes, cada vez que traicionaba a sus socios criminales.

En el año 2020, su nueva sociedad con los hermanos Guzmán fue publicitada a través de narcocorridos, en enero del 2021 se empezaron a guindar mantas en Tijuana, con mensajes reiterando la lealtad de Huerta con los Chapitos

Sin embargo, en octubre del 2021, un grupo de sicarios al servicio criminal de Huerta fueron detenidos porque, durante varios días en ciudad de México, habían seguido a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán líder del CDS ya preso, los criminales tenían la orden de encontrar el mejor momento para asesinarlo y fueron descubiertos porque grupos de inteligencia del gobierno mexicano tenían mucho tiempo – presuntamente desde que fue liberado en el culiacanazo en 2019- vigilando al traficante sinaloenses.

El asesinato de Christian Espinoza Silver, quien efectivamente era operador criminal de El Flakito y del Kado, ocurrió el mismo 2021, ocho meses antes de la captura de este grupo de sicarios enviados por Huerta mientras presumía su sociedad delictiva con Los Chapitos