“A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, si viene de algún lado, que es contrabando, o no contabilidad. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”, expuso.

Sheinbaum apuntó que la declaración de la procuradora fiscal sobre contrabando fiscal de combustible fue sobre un cálculo que realizó un diputado federal, “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, señaló que el saldo histórico de querellas por este tipo de ilícitos asciende a 16 mil millones de pesos, equivalente a unos 873 millones de dólares.

A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de ‘huachicol fiscal’.

La FGR expuso que los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.

En el entramado de corrupción figura el ya detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Daniel García Rodríguez, activista, y Simón Hernández León, abogado del caso, explicaron que su acción busca visibilizar los efectos de la prisión preventiva oficiosa, medida que actualmente afecta a más de 43 mil personas detenidas sin sentencia y bajo presunción de inocencia.

Señalaron que la audiencia pública permitiría escuchar a organizaciones de derechos humanos, personas procesadas, familiares de los afectados, colegios de abogacía, universidades, clínicas jurídicas y organismos internacionales como la ONU-DH México.

Precisaron que el objetivo es discutir la situación y generar un espacio de diálogo formal con la Suprema Corte.

El colectivo recordó que la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional, ya que contraviene normas de derechos humanos internacionales y su aplicación indiscriminada genera afectaciones significativas en personas que no han sido sentenciadas.

Destacaron que la medida no solo afecta a los procesados, sino que también tiene repercusiones en sus familias y comunidades, al limitar derechos fundamentales y prolongar la privación de libertad de manera injustificada.

Pena Sin Culpa enfatizó que su objetivo es exigir transparencia y cumplimiento de la sentencia internacional, así como asegurar que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana y se abran espacios para escuchar directamente a las personas afectadas.

Finalmente, el colectivo dijo que busca generar un proceso de supervisión más efectivo y garantizar que la SCJN considere las voces de las organizaciones de derechos humanos y de las personas que han sufrido los efectos de la prisión preventiva oficiosa.

Organizaciones critican proyecto de Esquivel Mossa por violar la figura de “interés legítimo”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más conocido como Centro Prodh, fue una de las primeras organizaciones en posicionarse en contra del proyecto de la ministra, al señalar que “reduce el alcance del interés legítimo, incluso previo a aprobarse la reforma (a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados)”.

De acuerdo con la organización, lo anterior es así debido a que, aunque dicho proyecto se centra en casos relacionados con el derecho al medioambiente sano, su aprobación podría limitar la defensa de todos los derechos colectivos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para que organizaciones ambientales no puedan acreditar interés legítimo solo con su objeto social.

“De aprobarse se restringiría el alcance del interés legítimo de organizaciones que defienden derechos a la justicia social o ambiental que acompañan víctimas y comunidades y sería un retroceso en el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan”, señaló en Centro Prodh en una publicación en su cuenta de X.

La organización internacional Artículo 19 México y Centroamérica también criticó el proyecto al considerar que, de aprobarse, se pone en peligro a la justicia ambiental y los derechos humanos.

“Las organizaciones firmantes rechazamos que la Suprema Corte convalide este retroceso y hacemos un llamado a las ministras y ministros a reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo. El juicio de amparo debe seguir siendo una herramienta accesible para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. En un país donde la crisis ambiental, la impunidad y la violencia institucional avanzan, limitar el acceso al juicio de amparo equivale a despojarnos de garantías judiciales en la protección de los derechos fundamentales”, señalaron mediante un comunicado firmado por 32 organizaciones.

¿De qué trata el proyecto de sentencia de la ministra Esquivel Mossa?

La contradicción de criterios 217/2021 fue originada por posturas diferentes entre diversos tribunales colegiados federales, en particular respecto a la legitimación de la asociación Greenpeace México para promover un juicio de amparo por la trasgresión al derecho humano a un medio ambiente sano.

En su proyecto de sentencia, la ministra Esquivel Mossa proponía determinar la inexistencia de la contradicción en un tema secundario, pero confirmando su existencia en un punto central: si el objeto social de una organización, plasmado en su acta constitutiva, es suficiente para acreditar el interés legítimo colectivo en asuntos ambientales.

La propuesta establece una metodología basada en preguntas para que los juzgadores evalúen, caso por caso, la afectación a los servicios ambientales y el área de influencia como elementos esenciales para acreditar dicho interés legítimo, concluyendo que el objeto social de una persona moral (organización de la sociedad civil), por sí solo, no es suficiente para demostrar el interés legítimo.

“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el objeto social de una persona moral no es un elemento que, por sí solo y analizado de manera aislada, pueda ser considerado para efectos de acreditar su interés legítimo para acudir al juicio de amparo a reclamar violaciones al derecho al medio ambiente sano, a pesar de que este se hubiese descrito en su acta constitutiva como encaminado a la protección o defensa de los derechos humanos de manera genérica o, específicamente, del derecho al medio ambiente sano”, concluía.

En la conferencia matutina del 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informaron que en septiembre iniciarían los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.

Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, como Territorios para la Vida (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earth Justice, advirtieron que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, repitiendo el modelo de hace poco más de dos décadas, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto.

Terra Vida advirtió que el anuncio del secretario de Marina implica poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles, como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano, particularmente el arrecife La Gallega.

También se verían afectados ecosistemas terrestres, manglares y en general la biodiversidad marina; asimismo, preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.

La Semar y el Gobierno de México planean ampliar seis puertos para contar con un Sistema Portuario Nacional al término de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La inversión pública será de 55 mil 179 millones de pesos y la privada de 241 mil 51 mdp. El puerto de Veracruz tendrá una inversión pública de 10 mil 202 millones de pesos y privada de 10 mil 443 millones de pesos para 13 construcciones diferentes contempladas en el proyecto.

Dos décadas después de un juicio de amparo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proviene de la demanda que interpusieron ciudadanas veracruzanas al promover un juicio de amparo, argumentando contar con un interés legítimo colectivo. Reclamaron que se vulneró su derecho humano a un medio ambiente sano.

La violación a ese derecho ocurrió cuando las autoridades responsables no evaluaron el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz conforme a la mejor información científica disponible, ni verificaron si lo dicho por la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz en diversas manifestaciones de impacto ambiental era suficiente, veraz y completo.

Cuando las autoridades responsables omiten aplicar el estándar más alto de protección del derecho humano al que se refieren, incumplen con su obligación de conservar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de la organización Territorios Diversos para la Vida y defensor de la naturaleza y los derechos humanos, señaló que la ampliación del puerto de Veracruz es una batalla muy antigua.

“Empezamos un litigio en contra de la ampliación en 2016. Ese litigio se presentó por dos razones que tienen que ver con la violación al medio ambiente sano. La primera violación a este derecho fundamental es porque el proyecto fue dividido en varios pedazos que presentaron a la autoridad ambiental”, recordó en entrevista con Animal Político.

Cada parte fue presentada como un proyecto a la autoridad ambiental, mismo que así evaluaron. De esta manera, se obtuvieron, aproximadamente, entre 14 y 16 diseños diferentes, como un libramiento ferroviario, un libramiento vehicular, la zona logística, entre otros planes que la autoridad paraestatal fue presentando desde 2014.

“Hay autorizaciones de 2004 a 2016 que estuvieron haciendo esta labor de fragmentación. Eso es una violación artera al derecho humano a un medio ambiente sano porque una de las formas en que se garantiza ese derecho es vía la Evaluación de Impacto Ambiental. [Esto] hace que puedas medir el riesgo y que la autoridad ambiental pueda tomar una mejor decisión de si el proyecto es viable o no, pero para eso necesita tener todas las partes”, añadió el defensor.

Martínez Esponda también enfatizó en que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, debe tener todas las partes de un megaproyecto para saber cómo interactúa con otros proyectos y obras que haya en lo que denomina el Sistema Ambiental Regional.

“No es cualquier cosa y es una práctica en el mundo de la Evaluación de Impacto Ambiental, el fragmentar los proyectos. Desde que soy abogado, esto pasa”, enfatizó.

La segunda razón por la que desde Territorios para la Vida iniciaron este litigio se debe a que para evaluar los impactos que traerá un megaproyecto se debe hacer uso de la mejor ciencia disponible y hacer un trabajo serio y profundo.

“Eso, los promoventes de los proyectos saben que es riesgoso porque poner toda la información hace que se invisibilicen los proyectos y sean evaluados como debe de ser y por tanto, tengan mayores razones para no ser aprobados”, explicó.

“Omiten” la presencia de un arrecife sumergido

En el caso del puerto de Veracruz, abogados y especialistas en biodiversidad y vida marina pudieron probar que en la Manifestación de Impacto Ambiental denominada “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” omitieron incluir un arrecife sumergido que está en la boca del nuevo puerto, a 18 metros de profundidad.

“Lo bautizamos como La Loma. Y justo se levantaba una pregunta importante que es: ¿Si el estudio ambiental fue hecho con seriedad y a conciencia, cómo es posible que se les haya perdido un arrecife por donde, además, van a pasar los barcos? Entonces, eso no era creíble. Ese litigio terminó en 2022 en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y nos dieron la razón”, agregó el abogado.

La Corte determinó en su momento que eran inconstitucionales las autorizaciones que la Semarnat había otorgado, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y de su delegación federal en Veracruz, para ejecutar el proyecto de ampliación portuario.

La resolución se debe a que las dependencias evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos.

En consecuencia, señaló Terra Vida, la Corte ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.

La organización resaltó que la fragmentación de la evaluación ambiental es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano ya que impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva.

La falta de información y, por tanto, de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.

Ante dichas omisiones defensores y defensoras en Veracruz, junto con Terra Vida, llaman a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y a la Semar a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Corte.

“Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz”, subrayan.

De hecho, De La Fuente hizo un llamado a la “unidad del pueblo de México” y de los tres poderes de la Unión. “Frente a los retos internacionales y sobre todo a los amagues intervencionistas, provengan de donde provengan, tenemos que dar una respuesta firme, de unidad y contundencia. La soberanía no se negocia bajo ningún precio”, soltó. 

Si bien reconoció que existen “temas que son técnicamente complicados” en la agenda bilateral con Estados Unidos, el canciller expresó su confianza en que “entraremos en un proceso de revisión” con Estados Unidos y Canadá respecto al T-MEC, un acuerdo que “valoramos muchísimo” y que agilizó intercambios de cerca de 800 mil millones de dólares el año pasado. 

“No hay en el horizonte elementos objetivos para pensar que no vamos a poder seguir avanzando de acuerdo con los tiempos que están establecidos”, insistió el jefe de la diplomacia mexicana, quien dijo trabajar “muy estrechamente” con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sobre el tema del T-MEC. 

“Hemos consolidado una relación de respeto y de cooperación con los nuevos gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá. Ahí están otra vez los hechos: ¿Por qué insistir en que esto no es tal? A todos nos conviene que sigamos manteniendo una buena relación”, insistió. 

De La Fuente estimó también que “hemos establecido un buen mecanismo de diálogo político, tanto con los Estados Unidos como con Canadá”, y agregó que “este diálogo se ha establecido sobre los principios que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum: cooperación, coordinación sin subordinación y sobre el principio del respeto irrestricto a nuestra soberanía y a nuestra integridad territorial; y sobre esos términos hemos construido una relación que está funcionando en los hechos”. 

Como muestra de que esta relación funciona, el exrector de la UNAM señaló la visita de Marco Rubio a México, el pasado 2 de septiembre, de la que se acordó un “programa de cooperación de seguridad fronteriza y aplicación de la ley”. 

De La Fuente recordó que Sheinbaum ordenó que la prioridad en materia de relaciones exteriores sea la defensa de los connacionales en el exterior, principalmente a los más de 40 millones de mexicanos de primera y segunda generación que viven en Estados Unidos. 

El canciller advirtió sobre las políticas migratorias cambiantes en Estados Unidos, “con leyes que se modifican casi todas las semanas”, lo que ejerce una presión sobre el personal consular.

Al participar en el “Roche Press Day 2025”, ayer el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud (SSA) dijo que, para garantizar el abasto en la próxima licitación, tienen previsto que la adquisición de fármacos inicie de manera formal en el tercer trimestre del 2026. 

“A partir del primero de noviembre lo que buscamos es publicitar nuestras bases de licitación de 2027-2028. Nosotros compramos de manera bianual cerca de 5 mil millones de distintas piezas de medicamentos de casi 4 mil 500 claves”, dijo. 

Eduardo Clark ofreció: “Y esperamos poder escuchar por parte de la industria a partir del primero de noviembre, previo a que decidamos exactamente lo que vamos a comprar cuáles son las sugerencias de parte de ustedes”. 

Al final de su presentación, en entrevista con la prensa, el extitular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CDMX explicó que para la nueva licitación tomarán medidas adicionales, entre ellas, calificar el desempeño que cada laboratorio tuvo en la primera compra consolidada:  

“Vamos a tomar en cuenta, como parte de la evaluación, el porcentaje de los cumplimientos de los contratos. Entonces habrá una penalización evidentemente a las compañías que no hayan tenido un cumplimiento previo”, dijo. 

El funcionario aclaró que la nueva forma “no solo es un ejercicio de transparencia, también es un ejercicio de visibilidad del incumplimiento que nos permita certificar hasta cierto punto el nivel de cumplimiento de cada proveedor y a partir de ahí incluirlo en la evaluación de cada compra bianual”. 

“Sí sirvió el ‘últimatum’”

Cuestionado sobre los resultados del llamado de atención que la presidenta Sheinbaum hizo hace dos semanas al revelar las 34 empresas que no han cumplido con la entrega de medicamentos contratada por el gobierno federal, el subsecretario Eduardo Clark presumió que algunas empresas ya se pusieron al corriente. 

“Sí ha servido este llamado de atención y sí ha hecho que algunas compañías, aún con la deuda pendiente que tenemos, hayan incrementado su porcentaje de entrega”, presumió. 

Incluso, detalló que en la entrega de medicamentos oncológicos se redujo el número de empresas con retraso: “Por lo menos en el caso de oncológicos, de tener antes 10, 15 compañías con problemas, hemos bajado a tres, cuatro”.  

El funcionario reconoció que el gobierno federal tiene deudas pendientes millonarias con el sector farmacéutico desde el sexenio pasado -alrededor de 20 mil millones de pesos-; pero repitió el discurso presidencial de que eso es aparte y no debe ser excusa para no cumplir. 

Clark agregó que, después de que venció el plazo de cumplimiento, el pasado 30 de septiembre, aún evalúan a cuáles empresas podrían demandar.  

“Ya estamos haciendo el cierre final para poder evaluar quién, aunque esté en nivel de incumplimiento, ha mostrado un incremento importante que nos hace sentir que evidentemente tomaron bien el llamado, aunque tengan incumplimientos, quién ha mostrado incremento y quiénes no”, añadió. 

Y previó que el cierre final se podría hacer esta semana, para saber a cuántas y qué empresas se va a sancionar.

Latinus reveló que según registros abiertos de importaciones en el mercado global indican que Andrés López Beltrán importó una pintura hecha a mano, con un peso de 12.5 kilos desde la destacada galería de arte Manabia Fine Arts, en Tokio, hasta el departamento de Copilco que heredó de su papá.

La compra ocurrió durante los últimos meses del gobierno de López Obrador (2018-2024), en un momento en que Andy López Beltrán realizaba viajes internacionales, incluido uno a Japón en julio de 2024. Durante este viaje, según la investigación realizada por el presentador Carlos Loret de Mola en Latinus, “Andy” se hospedó en un hotel de cinco estrellas y realizó gastos significativos, como una cena de 47 mil pesos.  

Estos lujos han sido señalados como contradictorios con el principio de "austeridad republicana" que el expresidente y Morena promovieron durante su administración. 

El reportaje se basa en documentos y registros de importación que detallan la transacción de la obra de Kusama, así como en evidencia de los gastos de Andy en Japón. Latinus, conocido por sus investigaciones sobre figuras políticas en México, ha utilizado esta revelación para cuestionar la coherencia entre el discurso de austeridad de Morena y las acciones de los familiares del expresidente. 

Ni Andrés Manuel López Beltrán ni el partido Morena han emitido una respuesta oficial sobre la adquisición de la obra. No se ha hecho pública una imagen de la serigrafía en cuestión, y los detalles adicionales sobre la transacción, como el método de pago o la procedencia de los fondos, no han sido revelados.  

Esta adquisición se suma a otras controversias previas sobre el patrimonio de la familia López Obrador, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre las finanzas de los hijos del expresidente.

Las ministras y ministros que votaron por no ejercer dicha solicitud fueron las ministras y ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo.

Al intentar defender la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 577/2025, la ministra Batres Guadarrama señaló que se trata de un asunto fuertemente debatido en el país en los que la Corte no ha terminado de definir un criterio único, sin tener éxito en su solicitud.

“Este tema se refiere a la suspensión de actos relacionados con la celebración de espectáculos taurinos. Es un tema que se ha debatido fuertemente en nuestro país, que ha tenido muchos cambios legislativos, y en los que la Corte no ha terminado de definir un criterio único. Me parece que es importante que se atraiga”, señaló. 

La solicitud de atracción fue realizada por magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, para conocer del recurso de revisión en incidente de suspensión 117/2024. 

Segunda Sala determinó que corridas de toros y peleas de gallos no pueden ser patrimonio cultural

El pasado 15 de junio de 2022, la extinta Segunda Sala de la Corte determinó que las corridas de toros y las peleas de gallos no pueden ser declaradas como patrimonio cultural inmaterial en Nayarit, pues son “actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes, de manera innecesaria o injustificada”. 

Sin embargo, aunque el proyecto del ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán -que recibió cuatro votos a favor y uno en contra- falló a favor de la asociación civil Cuenta Conmigo Tepic, señaló que “no debe entenderse en el sentido de que las peleas de gallos o la fiesta taurina deben prohibirse constitucionalmente”.

“Esta Sala única y expresamente considera que dichas actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, sin hacer algún pronunciamiento que vaya más allá de tal conclusión”, por lo que dejó la puerta abierta para otros amparos que tengan que ver con declarar o no constitucional estas actividades. 

En otras palabras, la Corte rechazó fijar un criterio nacional para resolver este tipo de asuntos, por lo que aún no hay lineamientos a nivel nacional establecidos por el Máximo Tribunal del país que les indique a los jueces y magistrados federales del país cómo resolver este tipo de asuntos.

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

Laura Itzel Castillo explicó que la minuta tiene como finalidad modernizar esa legislación con base en las necesidades de intercambio comercial internacional, y como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando.  

También establece requisitos que recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, así como quienes hagan despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado deben cumplir en materia de vigilancia y seguridad para que se les pueda otorgar autorización operativa.  

Resaltó que dicho proyecto plantea que las patentes de agente aduanal tendrán una vigencia de 20 años con certificaciones cada tres, además de crear un Consejo Aduanero que resolverá en torno al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de esas patentes, así como inhabilitaciones de agentes.  

Además, simplifica procedimientos para empresas de mensajería y paquetería que hagan despachos aduaneros, mientras que fija los supuestos que ameritan infracciones en esa materia e impone sanciones más severas para recintos fiscalizados estratégicos que permitan salida de mercancías sin que cumplan formalidades o sin que hayan pagado contribuciones.

Así, entre 2020 y 2024 el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna obtuvo ingresos por el sueldo que recibe de la Secretaría de Marina por 12 millones 168 mil 476.44 pesos, es decir, un promedio de 3 millones 42 mil 119 pesos anuales.

Sin embargo, según los informes de la FGR, en el año 2019 compró una casa por 5 millones 136 mil 489.81 pesos que pagó en diferentes formas, entre ellas, tres pagos en efectivo por 677 mil 992.83 pesos en total y el inmueble quedó a nombre de Lucía León Molina, identificada como su esposa.

Mientras que su hermano, Fernando Farías Laguna, también asalariado de la Semar, afirmó ser accionista y tener registradas actividades empresariales y profesionales, pero no ha emitido facturas por esos conceptos.

“Por concepto de nómina obtuvo $1,765,612.20 y recibió CFDI’s por deducciones de los ejercicios 2020 a 2024, en cantidad de $17,434,215.93 M.N., de lo que se desprende que en ese periodo ha excedido en $5,668,603.73 más sus gastos de lo que ha percibido por concepto de nómina, situación que ha sido más alta en los años 2023 y 2024”, señala el documento.

En el año 2019 el contraalmirante compró un terreno por 175 mil pesos, y para el año 2023 compró un vehículo valuado en un millón 892 mil 900 pesos, realizó pagos en efectivo por más de 500 mil pesos y emitió un cheque de caja por 2 millones 250 mil pesos a favor de María Eugenia Farías Gutiérrez, quien pagó la misma cantidad en idéntica modalidad a Manuel Roberto Farías Laguna por el inmueble que ambos hermanos le vendieron por un total de 4 millones 500 mil pesos en el año 2020.

“Podría inferirse que se trata de una venta simulada, además de que, por la coincidencia de apellidos, se infiere que la compradora podría tratarse de un familiar de los hermanos Manuel Roberto y Fernando”, concluye el dictamen de la Fiscalía.

Asimismo, aportó a su póliza de vida con Grupo Nacional Provincial (GNP) un monto de 11 millones 135 mil 981.76 pesos y realizó la compraventa de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos

“Derivado de la información financiera y sus movimientos, se externa que no se aprecia el origen de la riqueza de Fernando Farías Laguna para llevar un estilo de vida con la erogación de recursos millonarios que se desprende de la información financiera analizada, resultando evidente que sus gastos rebasan sus percepciones como asalariado, asimismo es de resaltar el manejo de efectivo en grandes cantidades identificado para el pago de bienes inmuebles y vehículos.

Hernández León, integrante de la organización Pena Sin Culpa, explicó que solicitaron al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz que los reciba en audiencia pública, conforme al nuevo esquema establecido por la actual conformación de la Corte, para que convoque a todos los sectores involucrados en el caso, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa en México, colegios de abogados, universidades, expertos, la ONU, etc, para fortalecer y robustecer la discusión. 

Asimismo, anunció que solicitaron audiencias con dada uno de los ministros y plantearon los impedimentos contra Estela Ríos y Yasmín Esquivel Mossa para que no intervengan en el debate del expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3-2023 relacionado con la resolución de la CorteIDH a favor de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. 

Ello, debido a que el expediente fue turnado a la ministra Ríos quien fue consejera jurídica de la Presidencia durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, como tal, solicitó a la anterior conformación de la Corte que declare la subsistencia de la prisión preventiva lo que el abogado consideró como un prejuzgamiento. 

“Pobres angelitos”

“En el caso de la ministra Yasmín Esquivel-Moza, tiene el amparo directo 5-2025, que es el último recurso pendiente de Daniel García, y ella tuvo expresiones personales, subjetivas, que prejuzgan sobre la responsabilidad penal de Daniel García y Reyes Alpizar, los señaló como ‘pobres angelitos’, que qué bueno que hayan estado encerrados 17 años, porque a su consideración ellos son responsables de un crimen”, explicó el abogado. 

Las declaraciones referidas por Hernández son las que la ministra Esquivel emitió durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022 en la que habló sobre el debate que estaba aún pendiente en ese momento ante la CorteIDH. 

“El caso que está en este momento en debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hemos escuchado que estuvieron 16 años en prisión, estos angelitos estuvieron 16 años en prisión y que además de los 16 años en prisión se les torturó y además quiero comentarles que hace más de 20 años el padre de la víctima María de los Ángeles ha estado exigiendo justicia, exigiendo justicia en todas las instancias, es una víctima del asesinato de su hija, una joven abogada de 27 años que había salido un estudiante con excelencia que la asesinaron, era regidora del Partido Acción Nacional, la asesinaron en la puerta de su casa a sangre fría porque ella denunció la corrupción de las bandas delincuenciales de Atizapán”, dijo la ministra. 

En sus declaraciones, Esquivel Mossa explicó que García y Alpízar no recibieron sentencia durante el tiempo que habían permanecido en prisión preventiva porque su defensa tramitó más de 100 recursos de apelación y juicios de amparo, lo que impidió que la entonces juez penal, Estela Fuentes, hoy magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y allegada a la ministra, emitiera su resolución. 

“El abogado de ellos recurría permanentemente lo que le impedía al juez local del Estado de México durante 16 años, de los cuales 10 aproximadamente, la jueza Estela Fuentes, tuvo el asunto y no pudo dictar sentencia”, comentó. 

“Después de 16 años se determinó que habían sido responsables por el delito de homicidio, se les condena a 35 años de prisión. Ahorita están en apelación pero ya un juez federal determinó que se fueran en libertad con un brazalete, el papá sigue exigiendo justicia hoy después de 20 años, están ellos con un brazalete pidiendo una indemnización al Estado mexicano para que les pague (…) Es muy fácil perder la memoria y decir pobrecitos que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión pero 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que se pudieran ellos compurgar su pena”. 

Daniel García Rodríguez comentó, luego de presentar sus peticiones ante la SCJN, que buscan hacer un llamado de atención a los ministros sobre las repercusiones de la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa pues consideró que bajo esta figura los ministerios públicos se han constituido en jueces de facto y la han utilizado como una herramienta de extorsión. 

“Ante la falta de la mediación de un órgano jurisdiccional, pues los agentes del Ministerio Público han encontrado un gran negocio y han establecido desde las barandillas del Ministerio Público, pues la posibilidad de encontrar la libertad o pasar meses o años en la cárcel a partir de extorsiones a abogados y a los propios indiciados”, refirió.