Conforme al señalamiento, contenido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024, desde que Caballero tomó posesión de la administración municipal de Tijuana, lo hizo “dedicándose a la conducta criminal de delincuencia organizada”.
Pero la UEITATA no sólo investiga a la morenista; la carpeta con la indagatoria criminal también incluye a cuatros de sus funcionarios más cercanos, quienes controlaban la agenda pública y política de su gestión: su hermano y secretario Daniel Caballero Ramírez; el ex secretario particular, Juan Manuel Gastelum Rivera; el ex secretario General, Miguel Ángel Bujanda; y Ángeles Dolores Duran Ricalde, coordinadora de Atención Ciudadana.
Otros ocho nombres de civiles están incluidos en la carpeta; se trata de dos personas con cargos criminales y una con reportes de inteligencia:
*Pablo Edwin Huerta Nuño alias el Flaquito, extraditado a Estados Unidos el pasado mes de agosto, para responder a cargo por tráfico de droga y lavado de dinero.
*Ricardo Alfredo Pérez Diaz, alias el Fredy, con tres carpetas de investigación: una porque siendo administrador de un departamento en Playas de Tijuana, que rentaba una mujer, éste la “jaloneó” y la amenazó (“Mira vieja estúpida, le paras a tu desmadre o si no te voy a mandar levantar y te van aventar a la Rumorosa, y se van a largar de aquí tú, tu hija y tu esposo, porque ustedes aquí no son nadie”); otra por incumplimiento de asistencia familiar de 2015; y una más del 3 de marzo del 2025, por daño en propiedad ajena por culpa y lesiones, por un accidente de tráfico en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Realito.
*Y Juan Carlos Valencia, el R3, identificado como operador del Cártel Jalisco en la zona de Sánchez Taboada, pero sin antecedentes delictivos.
De los otros cinco, las corporaciones de seguridad bajacalifornianas reportaron no tener indicio; se trata de: Carlos Lagunes Lara, el Choga; José Luis Hernández López alias Bad Boy y/o Avatar; Eduardo Hermida Camelo, el Lalo; y Gustavo Camacho Cardosa.
“Pueden estar en un nivel intermedio en el lavado de dinero, por eso no registran delitos del fuero común o federal” comentaron investigadores. El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California tampoco contiene información “pública accesible” con estos nombres.
Los investigadores de la FEMDO y de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas solicitaron, el 17 de septiembre pasado, información a la Sindicatura Municipal de Tijuana y les dieron un plazo de 24 horas. ZETA pudo confirmar, extraoficialmente, que el oficio se respondió en tiempo y forma.
El Ministerio público también requirió datos a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en México; ese oficio está fechado el 23 de mayo del 2024, pero no se tiene informes de la fecha en que fue recibido.
EX FUNCIONARIOS
Respecto a los ex empleados del ayuntamiento señalados, se trata de:
1.-Daniel Caballero Ramírez: Es hermano y fue secretario personal de la ex alcaldesa, quien ante ZETA lo identificó con ese cargo y comentó que lo puso ahí por la confianza. Ocupó un escritorio ubicado a la entrada a la oficina de la Presidencia en el Ayuntamiento de Tijuana y la acompañaba de manera contante en sus actividades oficiales. En aquel período (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024) ZETA buscó su nombre en documentos y nóminas oficiales, pero no fue localizado y no se informó del importe de su sueldo.
El 14 de junio del 2022, David Caballero fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal por exceso de velocidad y “pasarse una luz roja”, y haber sido denunciado como “vehículo sospechoso”, en la colonia Cacho, donde circulaba a bordo de un pick up oficial acompañado de dos policías municipales asignados como escoltas; el joven forcejeó con los elementos para evitar ser aprehendido. Al final, los agentes se fueron sin mayores consecuencias, después que los guardias mostraron sus credenciales.
La alcaldesa aseguró que su hermano no se había pasado ningún semáforo, que ella lo había enviado a un mandado; reclamó el actuar de la FESC y amenazó que los convenios de colaboración “también tienen reversa”.
Daniel egresó de la carrera de Diseño Gráfico apenas en 2022, y previo a su cargo público, en su página de Facebook ofrecía servicios para pasear y bañar mascotas.
El 23 de diciembre de 2022, tras un año en el gobierno, el joven Caballero Ramírez registró la adquisición de un terreno de 612.50 metros cuadrados con construcción, en la avenida Rayón de la colonia Independencia de la Zona Centro de Tijuana, por un millón 701 mil 700 pesos.
El 23 de abril de 2023, Daniel, junto con su hermana Alma Delia, presidenta del Patronato del Sistema DIF Tijuana en tiempos de Montserrat, inscribió otro inmueble, también en la colonia Independencia por el que pagaron un millón 867 mil 700 pesos. Y el 25 de junio registraron la subdivisión del predio de 302.10 metros cuadrados sin construcción.
Ya fuera del gobierno, el 3 de junio del 2025, Daniel inscribió otro predio de 325.76 metros cuadrados en la misma colonia, sobre la avenida Matamoros, que le costó un millón 526 mil pesos.
En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no se inscribieron solicitudes de créditos bancarios para ninguna de estas compras.
2.- Juan Manuel Gastelum Rivera: Le tomaron protesta como secretario particular de Presidencia Municipal el 22 de agosto del 2023. Es “licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestrías en Administración de Negocios y en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica; secretario Técnico en la XXII Legislatura bajacaliforniana de 2016 al 2019; titular Regional de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del 2013 al 2016”.
Al inicio de la administración de Caballero, Sindicatura informo que Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) estaba “investigando” la denuncia por desvío de recursos públicos, presentada porque el entonces alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (q.e.p.d.), entregara a la empresa -fantasma- Mexikna, presuntamente operada por su hijo, Gastelum Rivera, un contrato de dos millones 600 mil pesos por siete meses de “servicios de cobertura digital”. Tras el nombramiento, el síndico Rafael Leyva Pérez aseguró “no hay nada que lo vincule con dicho delito”.
En enero del 2025 el joven Gastélum Rivera fue uno de los ex funcionarios del XXIV Ayuntamiento de Tijuana citados a declarar para responder a las 120 denuncias que estaba investigando la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán.
3.- Miguel Ángel Bujanda: Era el secretario general del Ayuntamiento de Caballero; renunció el 12 de agosto del 2024, después que lo amenazaron el sábado 10 de agosto a través de una cartulina, con el siguiente mensaje: “Miguel Ángel Bujanda, no le quieras jugar al bergas con las 4 Letras, ya vas para afuera, ya bastante hiciste con robar, no te metas en problemas ya para irte, aquí estamos bien plantados y con toda la fuerza. CJNG” [sic].
El texto fue localizado dentro de un Volkswagen Passat con placas de California, acompañando en el asiento trasero del vehículo, un torso, un brazo y una cabeza en avanzado estado de descomposición, envueltos en una colcha, abandonado frente a la tienda de abarrotes, sobre el bulevar Sánchez Taboada y calle Órbita de la colonia Sánchez Taboada.
4.- Ángeles Dolores Duran Ricalde. Fue Coordinadora de Atención Ciudadana (2021-2024); en su currículum que es psicóloga y licenciada en Derecho. De junio 2017 a julio de 2019 se desempeñó como supervisora de la línea de emergencias en Seguridad Pública del Estado; de octubre del 2019 a octubre del 2020, fue responsable del manejo de agenda, minuta de reuniones, coordinar acciones administrativas de las direcciones que la integran, control de los procesos de atención y respuesta ciudadana, en la Secretaría de Movilidad del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. En 2021, previo a su nombramiento en la coordinación, trabajó en la iniciativa privada.
SINDICATURA Y LA CASA DE LA EX ALCALDESA
En lo que va del año 2024, Montserrat Caballero ha comparecido ante la Sindicatura del Ayuntamiento en dos ocasiones.
La misma ex funcionaria había declarado que los señalamientos estaban relacionados con la presunta imposibilidad económica que tenía para adquirir una propiedad que el 26 de noviembre del 2021 inscribió en el Registro Público, ubicada sobre Avenida Costa Coronado número 2107, Residencial Costa Coronado; un terreno de 375 metros cuadrados por el cual pagó un millón 704 mil 180 pesos, y ahí mandó construir una casa.
El predio se lo compró al doctor Joaquín Pascal Merlos, quien en el pasado fue investigado por el Gobierno de Estados Unidos por fraudes con seguros médicos, quien fue denunciado por mala praxis, y asesinado a balazos en abril del 2024 cuando llegada a su clínica en la colonia Sánchez Taboada.
Respecto a las denuncias en su contra, la síndica Teresita Balderas comentó que hay tres expedientes abiertos contra Caballero; todos están en proceso, por lo que se negó a informar los temas por la presunción de inocencia.
Antes de ingresar su más reciente comparecencia, Caballero informó a la prensa que llevaba los documentos para comprobar los ingreso y reportes hacendarios de su marido (se casó en mayo 2023 con el padre de su hijo, quien le había comprado la casa: el árbitro profesional de fútbol radicado en California, de origen iraní, Said Ravanfar).
Sin embargo, al salir, comentó que la gobernadora Marina del Pilar Avila había dicho que era por el costo de su casa, la cual comentó vale poco menos de siete millones de pesos, “pero fue por omisión en mi declaración (patrimonial, ingresos); no puse los datos de mi marido”.
MONTSERRAT, LA PUMA, EL ATENTADO Y EL CJNG
Versiones extraoficiales reportaron desde el inicio que el ataque armado del 17 de mayo del 2023, perpetrado por sicarios al servicio de Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que fue lesionado el escolta Francisco Javier Gallardo, quien circulaba en la zona norte en un carro oficial, como “avanzada” de la alcaldesa Montserrat Caballero, para verificar la seguridad rumbo al salón de belleza donde la ex funcionaria se arreglaba por las mañanas, fue porque “alguien dentro del ayuntamiento había hecho acuerdos a nombre de la mandataria municipal, y recibió dinero a cambio de no afectar los intereses del cártel”; pero como la policía sí está haciendo detenciones, “el gobierno no estaba cumpliendo”.
Cuando las autoridades reportaron que el ataque venía del Cártel Jalisco Nueva Generación, refirieron la participación del grupo de los Erres, encabezados por Javier Adrián Cabrera, Víctor Manuel Amador Luna, el Padrino, y Diego Abel Miranda Rodríguez, el Cateo, del Cártel Arellano.
Horas después del incidente contra el escolta, fue detenido Juan Civaca López, alias Héctor Cruz Sibaja, alias el Negro, quien había sido asignado como sicario principal, pero se le trabó el rifle. Este hombre declaró que el objetivo del ataque era “la mujer del pick up blanco”, Rosalva González Molina, alias la Puma, quien usualmente manejaba la unidad 14 que había sido baleada y hacía las labores de avanzada todas las mañanas, pero que desde el 15 de mayo -dos días antes- estaba de vacaciones. Las sospechas recayeron sobre ella, quien presentó su renuncia el 24 de mayo del mismo 2023.
En aquel momento las autoridades aseguraron que “ni la alcaldesa, y la edil municipal o su vehículo, tampoco les fueron mencionados a los tiradores”.
La Puma había sido detenida y liberada con otros policías en 2008 por presuntas ligas con la célula de Eduardo García Simental, el Teo, separado del CAF y aliado al CDS. La agente peleó su reincorporación, pero se la negaron, la indemnizaron y por recomendación del ex gobernador Jaime Bonilla, Caballero la contrató para su escolta, pero como personal administrativo sin arma.
El mismo día del atentado colgaron un manta en el puente Cúspide:
“SRA.MONSERAT CABALLERO PREGUNTELE A ROSALVA GONZALEZ LA PUMA Y FERNADO ZANCHEZ DONDE QUEDARON LOS DESAPARECIDOS LEVANTADOS POR LAS UNIDADES DEL UTE BAJO EL MANDO DEL 03 ASCORBE” [sic].
Un año atrás, el mismo Ascorbe había sido señalado por los criminales de recibir dinero:
“… Ya dile a la alcaldesa a donde llevas las maletas de dinero y deja de esconder las notas”, la madrugada siguiente dos patrullas estacionadas a fuera de un taller, fueron incendiadas en la zona centro, en la escena dejaron el siguiente mensaje: “ROSALVA GONZÁLEZ MONA (ilegible) Y FERNANDO SANCHEZ ESTE ATAQUE SEGUIRÁ DIRECTO A USTEDES MIENTRAS No APARESCAN LOS DESAPARECIDOS POR SUS UNIDADES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ATTE: CJNG” [sic].
EL ROBO Y EL CUARTEL
El 24 de mayo 2023, después de conversar con Caballero en las oficinas municipales, el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, aseguró ante la prensa: “No es un tema que tenga que ver directamente con su persona. No tenemos ninguna razón para mantener esa hipótesis abierta; con toda seguridad podemos establecer que no hay una situación que pueda confirmar que era un ataque directamente para ella”.
Días después, el 29 de mayo del 2023, del condominio que habitaba Montserrat Caballero en la torre Cosmopolitan Residences, en la colonia Cacho -que presuntamente le habían prestado-, le robaron joyas y alrededor de 150 mil pesos en un operativo de “extorsión telefónica”; el guardia del edificio recibió una llamada de parte de la dueña y terminó rompiendo una ventana para entrar, sacando las pertenencias y entregándoselas a un extraño.
En junio del mismo 2023, la entonces presidente municipal informó públicamente que ese fin de semana -entre el 16 y 19 de junio- concluiría su traslado para residir, con su hijo, en las instalaciones residenciales del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar, en la colonia El Rubí, o la zona conocida como Aguaje de la Tuna, “por seguridad”, y habló de amenazas, aunque no presentó denuncia. Aseguró que era una sugerencia de la Sedena, la que atendía para estar en coordinación, pero no tenía miedo; “…los que tienen miedo son los que están relacionados con el crimen”.
El 13 de junio del 2023, en la conferencia mañanera, el entonces Presidente, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto a la amenaza contra Caballero, y el mandatario respondió: “Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue”; de Montserrat agregó: “Se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla”.
Al concluir su gestión, Montserrat abandonó las instalaciones militares, vivió un tiempo en California con su marido y a partir de que terminaron la construcción de su casa de Playas, regresó a Tijuana.
Ya el 9 de julio del 2025, a través de redes sociales, Caballero le reclamó a la gobernadora Marina Ávila; “Intentaste quitarme mi casa y pagaste con la tuya; tus procesos infundados han retrasado mi residencia al lado de mi esposo. Aclaro que retrasar no es lo mismo que evitar, pero tú sí te quedaste sin visa”. A la fecha no ha hecho mayores aclaraciones respecto al mencionado proceso con el Gobierno de Estados Unidos.
ESTEFANÍA ASEGURÓ QUE EL ATAQUE FUE CONTRA LA ALCALDESA Y SE RECTRACTÓ
Siete meses después del atentado contra el escolta, en noviembre del 2023, la fiscalía incluyó en carpeta a Estefanía Z.D. como testigo; la mujer formaba parte de la misma célula delictiva que ejecutó el ataque.
Estefanía manifestó “que se presenta a esta autoridad por temor a su vida, porque la están buscando para matarla, y declara, como “testigo presencial” respecto al atentado del 17 de mayo, dijo que ella acompañaba al autor intelectual del ataque, Luis Francisco Campos Díaz, alias el Pancho o el 04, y aseguró que el presunto criminal dijo frases como: “…que al día siguiente iban a sentar a la alcaldesa de Tijuana”, y “…que era por pasados de verga por no dejarlos trabajar”, afectando sus operaciones de tráfico de droga e indocumentados.
En un momento comentó que era un “ataque al equipo de seguridad de la alcaldesa y con suerte también le pegaban a la pinche vieja”.
“…no se pudo llegar a ningún acuerdo para la liberación de unos detenidos”. Esto fue referencia a la captura y procesamiento de Carlos Manuel Zúñiga Sandoval, alias el Charly, José Alejandro Méndez Solano, alias el Pepe o el Gordo, y Cecilio Guatemala Mendoza, alias el Saber, detenido el 9 de mayo por herir a dos policías frente al panteón en la colonia Castillo.
Reveló que María Verónica Barajas García rentó el cuarto en el Hotel Olvera de la colonia Cacho, donde los homicidas durmieron un día antes del atentado y se refugiaron minutos después.
Manifestó que junto con Luis Francisco Campos Díaz, alias el Pancho o el 04, escuchó por vía telefónica todo lo que sucedió durante el ataque.
Marco Rochin Donis, alias el Kid, era el piloto del auto de ataque, y los otros tres iban armados con rifles AR15; que el principal tirador asignado era el copiloto, Juan Civaca López, alias Héctor Cruz Sibaja, alias, el Negro, pero se le entrampó el arma, y Horacio González Díaz fue quien disparó, mientras Edwin Mauricio Sandoval Silva, alias el Ban Ban, recibía instrucciones por celular.
La mujer también declaró que se dieron cuenta que sólo iba un elemento policiaco, pero la orden fue “…que le rajaran en su madre para que se supiera con quién se topaban los pinches perros y no querer arreglar”.
Estas declaraciones fueron presentadas en la audiencia pública de vinculación a proceso de Edwin Mauricio Sandoval Silva, alias el Ban Ban, detenido en junio del 2024.
Sin embargo, en otra audiencia intermedia, Estefanía Z.D., quien había sido localizada y requerida por la defensa de Luis Francisco Campos, Horacio González y Edwin Sandoval, se retractó de todas sus declaraciones frente al juez.
Respecto a los presuntos delincuentes procesados por intento de homicidio, actualmente, Juan Civaca López decidió irse por el procedimiento abreviado y separar su caso de la carpeta contra Horacio González Díaz, Edwin Mauricio Sandoval Silva alias el Ban Ban y Luis Francisco Campos Díaz, quienes decidieron irse a juicio.
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