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Procesan al periodista Jorge Luis González por “incitación al odio” contra la gobernadora de Campeche

El exdirector del medio Tribuna fue detenido el pasado 9 de abril

Este viernes 13 de junio fue vinculado a proceso el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, luego de que la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada tomara esta decisión por incurrir en los delitos de presunta incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Lo anterior fue confirmado por el mismo medio, del que González Valdez se jubiló en 2017. De acuerdo con la información, la decisión se tomó en una audiencia que se prolongó por más de 9 horas, en la que también se vinculó a proceso al representante de Organización Editorial del Sureste, empresa editora de Tribuna.

Información de La Jornada detalla que a pesar de los argumentos de la defensa del periodista en los que se aprobó su jubilación y que no cumple con funciones directivas en el medio de comunicación, la jueza lo encontró culpable de haber ordenado la publicación de “supuestas ofensas contra la gobernadora”.

Además de encontrarlo culpable de los delitos de presunta incitación al odio y a la violencia, la jueza le prohibió ejercer su labor como periodista durante dos años.

Estos hechos se dan debido a que la gobernadora de Campeche denunció que el periodista realizó publicaciones que, a su juicio, incitaban al odio.

De acuerdo con los reportes, el periodista seguirá su proceso en libertad, aunque deberá cumplir con medidas cautelares como firma periódica ante la autoridad judicial. Además, también fue sentenciado a pagar una indemnización de dos millones de pesos al director estatal de Comunicación Social, Whalter Patrón Bacab, por presunto daño moral.

González Valdez fue detenido el pasado 9 de abril cuando intervino en la retención de un conductor, lo que derivó en el uso de la fuerza por parte de agentes estatales, lo que provocó que fuera trasladado a un hospital para atender sus heridas.

Desde ese día, el medio Quadratín reportó que el periodista ya tenía prohibido emitir opiniones negativas en contra de la gobernadora Layda Sansores, así como de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debido a una orden de la Fiscalía de Campeche que le advertía que en caso de incurrir sería acreedor a una sanción económica y arresto de hasta 36 horas.

Este martes 20 de junio, la gobernadora de Campeche se pronunció sobre el periodista durante su conferencia de “Martes del Jaguar”, en la que retomó el caso del periodista Rafael Barrera, autor de Expediente, a quien acusó de realizar contenido “con saña” en su contra.

Además, aseguró que ese tipo de información continuó generándose por parte de Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, por hacer notas que la dejan “en la indefensión”.

FUENTE: INFOBAE.
AUTOR: ALE HUITRON.

Los actos cerrados de una gobernadora pública

Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, ha dejado de tener actos verdaderamente públicos, abiertos a la ciudadanía. Su agenda institucional está cerrada, ni siquiera a los representantes de los medios de comunicación se convoca. Mucho menos acude con aquella estrategia política que utilizaba, de manera espontánea, a lugares donde la asistencia no esté contralada por su equipo.

La agenda pública de la gobernadora de Baja California es cerrada. En los actos que encabeza la asistencia está controlada, se trata de beneficiarios de programas sociales, de afines a su partido y por tanto a su gobierno, tal cual como aquella manifestación de Estado a su favor, que se organizó en Tijuana entre partido y gobierno para contrarrestar la carnita asada mexicalense, y donde todos los asistentes fueron controlados, acarreados, pagados o llevados obligados.

Cerrar la agenda, controlar la asistencia, es la manera que evidentemente su equipo ha encontrado para contrarrestar la animadversión pública que se despertó contra la mandataria estatal morenista, a raíz de que primero su esposo y luego ella, informaran en sus páginas de Facebook y por separado, que les habían revocado la visa para entrar a los Estados Unidos.

Los días siguientes se develaron nuevos aportes al contexto en que les fueron retiradas las visas a Carlos Torres Torres y a Marina Ávila, la gobernadora. Él, junto con su hermano, fueron mencionados en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del entramado ilícito para importar combustibles a México, provenientes de los Estados Unidos, defraudando a la Hacienda Pública, a Petróleos Mexicanos, a través del huachicoleo, entre otros delitos señalados en la investigación. Además, en los Estados Unidos, confiarían agentes a ZETA, Carlos Torres también había sido mencionado en un caso de lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros delitos.

En medio de las sospechas, la ausencia física del esposo de la gobernadora, y el hecho que ella tuviese que enfrentar tal crisis sola, también fue revelado en medios de comunicación, a partir de una imagen ciertamente compartida por Marina Ávila en sus redes sociales, la existencia de una casa que fue adjudicada a su propiedad, en la exclusiva zona de Rancho Santa Fe en San Diego, California, Estados Unidos.

Mientras los señalamientos sucedían, y el polémico empresario a cuyo nombre está la mansión, y que comparte propiedad con su jefa de finanzas, que resultó ser la esposa del exfiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, la gobernadora se sostuvo de la versión del empresario Fernando Salgado, para justificar que efectivamente la casa no era suya, pero que sí la había visitado.

Pero entre la revocación de la visa, el hecho que el país vecino prácticamente los señalara de non gratos para entrar a su territorio, y les haya perdido la confianza para revocarles el documento emitido para ello, la mansión de casi 4 millones de dólares que presumió en redes sociales junto a sus padres e hija, la ausencia pública de su esposo y su cuñado, quienes por semanas pusieron tierra de por medio, a la otrora muy pública y presente en redes Gobernadora Marina Ávila, la alcanzó la animadversión social.

En cada publicación que ella o su esposo hacen en las redes sociales, se llena de comentarios negativos hacia sus personas, sus conductas o sus actitudes. Los equipos de redes sociales se encargan de borrar tales comentarios, pero son tantos que no alcanzan a “limpiar” las sentencias y dejar sólo las positivas.

Para borrar esos probables comentarios negativos fuera de las redes sociales, los actos de la gobernadora son controlados, se limita la asistencia y en ocasiones ni siquiera se convoca. Como sucedió el jueves 12 de junio cuando se inauguró una estructura arquitectónica para hermosear una zona del Parque Esperanto en Tijuana.

En el lugar se abriría, con listón inaugural, una zona de alimentos, una fuente, el Pabellón José Galicot con la escultura de Daniel Ruanova, entre otras novedades para hacer más completa y funcional el área recreativa.

Dedicado altruista, comprometido empresario, fervoroso promotor de la cultura, las artes,  cronista y defensor de Tijuana, don José Galicot trabajó mucho por esa zona, por esa obra, por ese pabellón, al cual le pusieron su nombre para honrarlo, pero no pudo presumir su hazaña, porque el gobierno del Estado cerró el acto. No convocó a medios ni a usuarios, ni a ciudadanos.

Paradójicamente en un parque, un área que concentra para su esparcimiento a la sociedad, el acto fue cerrado para ser videograbado y transmitido “en vivo” en las redes de la gobernadora, cerrando la posibilidad de cualquier manifestación en el área, fuese a su favor o contra.

Al acto, llegó con su esposo, Carlos Torres Torres, pues él había sido el promotor de ese espacio social de entretenimiento cuando era coordinador de Proyectos Estratégicos, pero no se permitió que se les tomara foto alguna, de hecho, ni el gobierno del estado envió alguna imagen de la pareja juntos en la develación de la obra y el Pabellón José Galicot, el único espacio que tuvo una formal, aunque cerrada inauguración.

Fueron poquísimos los invitados al parque ese día. Aparte de la gobernadora y su esposo Carlos Torres, por supuesto el homenajeado José Galicot, algunos miembros de la familia de él, algunos empresarios que también contribuyeron como Carlo Muzquiz, de igual manera Luis Lutteroth, y pocos funcionarios, el titular de IMOS, la secretaria del Medio Ambiente, el director del sistema Cobach y párele de contar.

El acto duró menos de 30 minutos, y el discurso de la gobernadora apenas 8 minutos.

Refirió en su discurso la gobernadora a don José Galicot, como “alguien muy especial, alguien que siempre ha sabido cómo plantarnos una sonrisa, hacernos bailar y, por supuesto, contagiarnos de optimismo en los momentos más complejos. Un tijuanense nacido en la sierra de Chihuahua que siempre busca el cómo sí, el sí se puede, el sí se pueden hacer las cosas… Por ello, yo he decidido que este lugar, que este pabellón (lleve) el nombre del Pabellón José Galicot”.

Y también tuvo reconocimiento para su esposo: “Este parque representa la suma de muchos esfuerzos de personas como don Pepe Galicot, que siempre se la han jugado por Tijuana y por Baja California. También quiero agradecer de manera muy especial a Carlos, es mi esposo, Carlos Torres, porque durante todo este tiempo ha sido el alma de estos proyectos. Muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por poner tu corazón por delante para que esto sea una realidad por los discapacitados”.

Sin embargo, pocos fueron testigos no sólo del homenaje a don José Galicot, sino del respaldo que, otra vez, le da la mandataria estatal a su marido, en la nueva etapa de los actos cerrados de una gobernadora pública.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

La 4T en Puebla aprueba castigar con cárcel los insultos en redes sociales

La aprobación de la reforma sobre “ciberasedio” ocurre en el contexto de una polémica generada por una cuenta de X que opera de manera anónima y lanza constantes críticas contra el gobernador Alejandro Armenta y su gabinete.

Pese al llamado que hicieron organizaciones civiles para advertir que la iniciativa de la llamada ley del ciberasedio podría ser usada para violentar derechos de libre expresión de la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación, el Congreso de Puebla aprobó hoy por mayoría esas adhesiones al Código Penal del Estado. 

Igual que ocurrió con la reforma a la Ley de Arbolado y Áreas Verdes, el bloque aliado de la 4T votó de manera “fast track” a favor de esta reforma sin que se abriera a discusión de ciudadanos, organizaciones y especialistas en el tema. 

Previo a la sesión de este jueves, Artículo 19  y la Red de Periodistas Puebla hicieron un llamado urgente a las y los legisladores poblanos para que rechazaran la aprobación del proyecto de decreto con el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Puebla en materia de ciberseguridad. 

“Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad (certeza) en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas. Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, advirtieron. 

La aprobación de esta reforma ocurre en el marco de una polémica pública en Puebla, generada por una cuenta de X llamada Aldea Poblana que opera de manera anónima y que lanza constantes críticas contra el gobernador Alejandro Armenta y su gabinete. 

Diversos columnistas aseguran que el gobierno armentista está empeñado en resolver quién está detrás de esa cuenta para fincarle responsabilidades por violencia de género en contra de Gabriela Sánchez, la boxeadora y secretaria del Deporte y la Juventud del Estado y como parte de esto reactivaron esta iniciativa para aprobarla de manera exprés.

“Ley Censura”

Durante la discusión legislativa, los diputados panistas Susana Riestra y Rafael Micalco, así como la priista Delfina Pozos, aseguraron que esta sería una “Ley Censura” que busca frenar la libre expresión y las críticas al gobierno estatal. 

Además del ciberasedio, la iniciativa que fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces diputado local, José Luis Parra, hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, tipifica delitos como el espionaje digital, usurpación de identidad, hacking (acceso no autorizado a un equipo o sistema) y grooming (adultos que establecen relación con un menor). 

En cuanto al delito de ciberasedio, contempla de once meses a tres años de cárcel, así como sanción de 50 a 250 UMAS, para quien “insulte, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”. 

Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla recordaron a las y los legisladores que, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de libre expresión protege tanto a la información que resulta favorable o inofensiva, como la que resulta "chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”. 

Además, expusieron que otros delitos propuestos en esta iniciativa, contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico. 

Por ejemplo, indicaron que el Artículo 479 en materia de espionaje digital simplemente indica que es quien “se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”. En tanto que el Artículo 258 Ter establece que comete el delito de usurpación de identidad “[…] quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”. 

“No sólo estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal al ser amplios o carentes de definiciones exactas, sino que a su vez utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico. El penalizar la obtención de datos, o transferir datos con información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, indicaron las organizaciones. 

Recordaron que es una tendencia a la alza usar la normatividad mexicana para iniciar proceso legales en contra de periodistas y es el caso que en Puebla, de 2018 a 2024, Articulo 19 documentó 22 procesos judiciales contra trabajadores de la comunicación por sus publicaciones o investigaciones. 

Igual, el observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) lamentó que de nueva cuenta el Congreso de Puebla apruebe una iniciativa con un análisis parcial y sin inclusión ciudadana. La organización ciudadana advirtió que era necesaria la participación de expertos en la materia para analizar esa iniciativa. 

Apuntó que presentaba “debilidades” que debían mitigarse en cuanto a implementación, recursos y armonización legal, así como riesgos que incluyen probables violaciones a derechos, sobrecarga judicial y desigualdad digital.  

Apenas el 5 de junio, el Congreso igual aprobó "fast track" una reforma a la Ley del Arbolado y Áreas Verdes de Puebla para abrir la posibilidad de retomar el encalado en árboles urbanos, luego de que el gobernador Armenta estaba haciéndolo en sus faenas comunitarias pese a que esa ley lo prohibía y que expertos la consideran una práctica dañina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
FECHA: 12 JUNIO 2025.

Mundial 2026: inicia la cuenta regresiva en el Estadio Azteca, entre reclamos vecinales por agua y turistificación

Vecinos del Estadio Azteca, que será sede del partido inaugural del Mundial 2026, advierten posibles afectaciones como escasez de agua, aumento en la especulación inmobiliaria y contaminación.

A un año del arranque del Mundial de futbol en México, vecinos de la zona cercana al Estadio Azteca advierten del impacto que el evento tendría para ellos: escasez de agua y especulación inmobiliaria. También, piden la cancelación de la concesión del pozo de agua de Televisa.

El pasado miércoles 11 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, develó el reloj que registrará la cuenta regresiva hasta el  siguiente año, el 11 de junio de 2026, mientras que los vecinos denuncian que las autoridades invisibilizan el impacto que el evento tendrá en la zona. El Estadio Azteca será sede del partido inaugural.

A principios de mayo, Brugada presentó en Santa Úrsula Coapa las acciones que su administración proyecta realizar en la zona con motivo del Mundial; sin embargo, los vecinos consideran que estas obras resultan insuficientes para contrarrestar los problemas de acceso al agua, turistificación, movilidad y contaminación que traería la competencia deportiva.

Acciones de gobierno proyectadas en Santa Úrsula

El proyecto que presentó Brugada en Santa Úrsula el pasado 3 de mayo incluyó la rehabilitación de siete pozos de agua, la construcción de tres colectores, iluminación de calles, construcción de ciclovías, la rehabilitación de la central de transporte y de espacios públicos.

El Gobierno de la ciudad también se comprometió a realizar obras de bacheo y el remozamiento de 11.9 kilómetros de fachadas, así como la colocación de 819 luminarias, el fortalecimiento del Tren Ligero que transita por la zona y la creación de una ruta del trolebús a Metro Universidad. Además de la implementación de un programa de casas ecológicas, con calentadores solares, captadores para recolección de agua de lluvia y huertos urbanos.

Aunado a ello, Brugada anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios al aire libre —que llamarían Coyosauria— en un predio de 5 mil metros cuadrados que actualmente funciona como una área de reserva dentro de la zona.

Pero un grupo de vecinos organizados demandan conocer los proyectos ejecutivos que propone la jefa de Gobierno.

Los pobladores advierten que construir un colector de aguas pluviales contra las inundaciones, mejorar el transporte público y colocar luminarias son acciones gubernamentales que no tendrían que estar sujetas a la realización de un Mundial de futbol. 

El pozo de Televisa

Una de las principales quejas de los vecinos es sobre el pozo de agua que la empresa Televisa tiene en la zona pase a ser propiedad del gobierno capitalino.

Desde 2019, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión de 450 mil metros cúbicos de agua anuales a Televisa. Con base en ello, la empresa construyó un pozo en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Estadio Azteca —actualmente en remodelación para el Mundial—, que está a menos de 500 metros de otros pozos que surten del líquido a los vecinos.

Clara Brugada ha informado en varias ocasiones que el pozo ya había pasado a manos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, pero en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Conagua,  la concesión aún aparece a nombre de Televisa S. A. de C. V., con el título  811078.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, Televisa y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron un convenio para que la empresa done una parte del caudal de su pozo a la red de abasto público. A la llegada de Brugada, ese convenio fue renovado, pero la concesión sigue siendo propiedad de la empresa. 

Cuatro peticiones vecinales al gobierno de CDMX sobre obras para Mundial 2026

El pasado 16 de mayo, los vecinos lograron un primer encuentro con las autoridades para exponer las inconformidades con el proyecto. En esa reunión, encabezados por Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, entregaron cuatro peticiones al secretario de Gobierno César Cravioto.

La primera petición es la cancelación de la concesión de agua a Televisa y que el pozo que tiene dentro de Santa Úrsula Coapa pase a la red del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la realización de una consulta indígena libre e informada sobre los proyectos propuestos por la jefa de Gobierno en Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco.

Los vecinos solicitaron también la cancelación del parque temático en el predio ubicado en Santa Úrsula Coapa y que se destine una área que tenga el objeto de conservar la flora y la fauna silvestre, y la educación ambiental de habitantes de la zona.

Por último, contar con la información de estudios sobre movilidad con datos de sus aforos y sus impactos sociales y ambientales en una plataforma del gobierno capitalino que esté al alcance de una consulta. 

El funcionario capitalino les aseguró que el gobierno no busca que sean obras para el Mundial de futbol sino para los pobladores. Y que su intención no era imponer sino abrir la información para su análisis.

Como respuesta a cada uno de los cuatro puntos, César Cravioto rechazó que se trate de engañar a las personas, y les dijo que hay un “compromiso de palabra” de que el pozo en propiedad de Televisa pase a ser de manera formal para los pobladores.

Cravioto dijo que si es necesario realizar una consulta específica para la comunidad así lo realizarán. Comentó que revisarán la petición de cancelar el parque temático y abrió la posibilidad de ajustarlo para impedir el daño ecológico. También se comprometió a dar a conocer los estudios de impacto de los proyectos planteados.

Al día siguiente de esa reunión, Clara Brugada realizó una de sus audiencias públicas con integrantes de su Gabinete en Santa Úrsula Coapa, por primera vez fuera del Zócalo capitalino, y recibió durante unos breves minutos al grupo de vecinos que se habían reunido con César Cravioto el día previo. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la jefa de Gobierno se mostró poco abierta a los señalamientos vecinales y les dijo que no tenían la información correcta.

Aunado a ello, pese a que el secretario de Gobierno planteó realizar una reunión quincenal con los vecinos para darle seguimiento a las peticiones; el encuentro se pospuso hasta tres semanas después y el funcionario no llegó, por lo que los vecinos fueron recibidos 40 minutos después de la cita en las oficinas gubernamentales por la secretaria particular del secretario y el director de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

Este 11 de junio, en compañía del director del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno anunció que la inversión para el Mundial será de más de 6 mil millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación.

Los vecinos expresaron preocupación por el enfoque de la ciudad ante la Copa del Mundo, al considerar que las obras previstas priorizan la promoción turística sobre la atención de necesidades básicas de la población local.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Disparan en una cafetería de la colonia Roma; fue el tercer ataque del día en la CDMX

La jornada violenta en la capital incluyó un ataque en una barbería de Iztacalco en el que una persona murió y otra resultó herida, y en Venustiano Carranza fue ejecutada una mujer.

Este viernes 13 de junio se registraron tres ataques directos con arma de fuego, a plena luz del día, en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, lo cuales dejaron un saldo de dos personas sin vida y una lesionada.  

Los ataques directos se dan solo tres días después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió que en mayo los delitos de alto impacto disminuyeron 11% en relación con el mismo mes de 2024, durante la presentación del Informe de Seguridad correspondiente a mayo 2025.  

Este viernes por la tarde, un presunto sicario detonó un arma de fuego frente a un restaurante ubicado en la calle Córdoba y su cruce con Chiapas, en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc.  

Por la mañana se registraron otros dos ataques directos: uno ocurrió en una barbería ubicada en la alcaldía Iztacalco, donde una persona resultó lesionada y otra perdió la vida; otro en la alcaldía Venustiano Carranza, donde una mujer fue ejecutada en plena vía pública.  

Tras lo ocurrido en la alcaldía gobernada por Lourdes Paz, las autoridades notificaron la detención de cinco presuntos responsables, mientras que sobre el feminicidio en Venustiano Carranza y las detonaciones registradas en Cuauhtémoc no han reportado información sobre el paradero de los responsables, hasta el cierre de esta publicación.  

Sello de sicariato 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que su personal recibió un reporte de disparos en un restaurante de la colonia Roma, donde los comensales relataron que un hombre que estaba sentado comenzó a correr cuando se percató de que un sujeto con casco de motociclista se aproximaba hacia él.  

El sujeto con casco realizó dos detonaciones al aire, sin que ninguna persona resultara lesionada. Por lo anterior, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar y valoraron a dos personas con crisis nerviosas.  

Los oficiales notificaron que ya realizan el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar tanto al hombre que huyó como al que realizó los disparos. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió información sobre el ataque en su cuenta de X: “Me informa la SSC que lo ocurrido en Córdoba y Chiapas, en la Roma, fue un ataque directo con sello de sicariato. Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando '¡vienen por mí!’ y huyó entre disparos”.  

La funcionaria consideró: “El crimen organizado está avanzando en CDMX y no podemos normalizarlo”.  

Ataque en barbería  

Horas antes de que se registrara la agresión en la Roma, la SSC informó que sus oficiales tomaron conocimiento de un ataque con arma de fuego en una barbería localizada sobre la calle Sur 8 y su esquina con Oriente 245D, en la colonia Agrícola Oriental.  

Durante la agresión, ocurrida antes de las 8:00 horas, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por impactos de arma de fuego. Ante los hechos, los uniformados solicitaron apoyo de los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Norte y Oriente, quienes implementaron un cerco virtual, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a los presuntos responsables que huyeron a bordo de varias motocicletas.  

La ruta de escape fue localizada; los señalados avanzaron sobre la avenida Guelatao y tomaron la avenida Telecomunicaciones, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa.  

Cuando llegaron a la calle Primera Cerrada de Justo Sierra y Justo Sierra, en la colonia Pueblo de Santa Cruz, varios de los tripulantes de las motocicletas abordaron un presunto taxi irregular. Fue en ese momento que los oficiales interceptaron dicho vehículo y solicitaron a los fugitivos, cuatro hombres y una mujer, una revisión preventiva.  

Les aseguraron cinco bolsas de plástico que contenían 130 dosis de mariguana y un arma de fuego corta con un cartucho útil, de la cual no pudieron acreditar su legal portación.   

Los policías detuvieron a los cinco individuos, quienes fueron trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.   

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez precisó que tres de los hombres detenidos cuentan con antecedentes delictivos, uno de ellos, de 24 años, ingresó al Sistema Penitenciario en 2021 por Encubrimiento por receptación; también registra dos presentaciones al Ministerio Público en 2019 por robo de vehículo y a transeúnte, y una presentación al Juez Cívico en el año corriente por inhalar estupefacientes en la vía pública.  

Otro de los detenidos, de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico en 2019 por posesión de cocaína; mientras que el tercero, también de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico por encubrimiento por receptación en 2021. 

Feminicidio en Venustiano Carranza 

En las primeras horas de la mañana, una mujer de aproximadamente 35 años se encontraba al interior de un local sobre la Calle 1 y la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Valentín Gómez Farías, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a ella y le dispararon en la cabeza de manera directa, para después huir del lugar.  

La SSC notificó que sus oficiales fueron reportados del ataque y encontraron a la mujer tendida en una silla, con manchas de sangre en la cabeza. Paramédicos llegaron al sitio y la diagnosticaron sin signos vitales por herida de arma de fuego en el cráneo.  

La zona fue acordonada y los elementos informaron sobre los hechos al agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación del caso y para los servicios periciales correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

HR Ratings no ve crecimiento para México con Donald Trump de vuelta

La agencia calificadora prevé que la economía mexicana apenas avanzará 0.6% en 2025.

Con todo y los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar la relación con Donald Trump, HR Ratings no cambió su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y sostuvo que la economía mexicana apenas avanzará 0.6% en 2025, es decir, prácticamente nada. 

En su actualización de los escenarios macroeconómicos correspondiente al segundo trimestre de 2025, la agencia ratificó el pronóstico que ya había establecido previamente, y dejó claro que las condiciones internas del país no han mejorado lo suficiente como para justificar un ajuste al alza. 

Según el análisis de HR Ratings, el consumo privado —que es el principal motor de la economía— enfrenta un entorno retador, particularmente en lo que respecta a la demanda de bienes.  

Esto se traduce en un panorama complicado para el sector terciario, que abarca servicios como comercio, transporte, turismo y finanzas, y que representa más del 60% del PIB nacional. 

“Para el sector terciario aún se mantiene complejo”, señaló la calificadora.  

En contraste, el sector industrial muestra señales de mejora, aunque de forma moderada y sin la fuerza suficiente para empujar al resto de la economía hacia una recuperación más sólida. 

“HR Ratings mantiene su estimación de crecimiento para la actividad económica en 0.6% para 2025”, subrayó la firma, al tiempo que reconoció una menor incertidumbre comercial con los Estados Unidos, pese al plan proteccionista por parte de Trump. 

Para 2026, la agencia prevé un crecimiento más dinámico de 1.70% de la economía mexicana, impulsado principalmente por una recuperación moderada de la inversión y una reducción en los riesgos del entorno internacional.  

De forma adicional, proyecta que a partir de 2027 el crecimiento económico anual promedio se ubique en 1.85%, lo cual mantendría una tendencia muy similar a la que se anticipaba desde el primer trimestre de este 2025. 

“De 2027 en adelante, proyectamos un crecimiento real anual promedio de 1.85%, lo que mantiene una perspectiva de crecimiento similar a los escenarios del primer trimestre de 2025”, puntualizó el informe. 

La previsión de HR Ratings para este año no está sola, en esta primera quincena de junio se ha dado una tendencia pesimista que han dibujado otras instituciones financieras. 

Recientemente BBVA advirtió que México podría enfrentar una contracción de 0.4% del PIB, derivada de los aranceles impuestos por Trump y de la pérdida de confianza empresarial tras la propuesta de reforma al Poder Judicial. 

A esa se sumó el Banco Mundial, que ajustó su estimación de crecimiento de 1.5% a tan solo 0.2%. 

Por su parte, Santander anticipa un escenario sin crecimiento económico en lo que resta del año, y Fitch Ratings no descarta una recesión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Reforma judicial: éstas son las razones por la que México está en la mira de Cortes internacionales

Expertas en Derecho prevén que México será condenado por haber destituido a miles de juzgadores y sustituirlos con jueces cercanos a Morena; la reforma constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura, aseguran.

El cúmulo de irregularidades registradas durante la elección de jueces el 1 de junio último refuerza los casos contra el Estado mexicano que promueven jueces en ejercicio y colectivos de derechos humanos ante organismos internacionales por las normas que transgrede la reforma judicial, dicen a Proceso expertas en el área de justicia.

La profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Azul Aguiar, señala que la reforma lopezobradorista “definitivamente viola normas específicas de tratados internacionales y convenciones de las que México es parte, entre ellas la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles”.

Esos instrumentos, señala la autora de “Los tribunales y la erosión judicial de la democracia en América Latina", hablan de una justicia independiente y de garantías de independencia a jueces.

Y para Aguiar, lo que ocurrió en las elecciones judiciales de hace dos semanas fue la captura del Poder Judicial por parte del oficialista partido Morena, lo que acaba con la división de poderes en México.

La doctora en Ciencias políticas prevé que el Estado mexicano será condenado en diferentes instancias internacionales por haber destituido de manera masiva a miles de personas juzgadoras para dar paso a los candidatos a jueces elegidos el 1 de junio, todos ellos cercanos a Morena.

“El problema es que esta condena será como en 10 años –dice–, y en ese momento, dependiendo del gobierno que tengamos, veremos si acata la sentencia”.

La abogada peruana Úrsula Indacochea, quien asistió como observadora a la elección judicial en su calidad de directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales “tienen hoy más argumentos” para seguir investigando el caso mexicano.

México, sostiene la maestra en Derecho constitucional, deberá rendir cuentas de la reforma judicial ante instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra; la Comisión de Venecia –organismo europeo que promueve el constitucionalismo y el Estado de derecho– y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

También, en la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, cuya titular, Margaret Satterthwaite, ha señalado incluso que aunque la corrupción judicial ya existe en México, la elección de jueces puede causar que la justicia sea “más fácilmente infiltrada por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial”.

Desdén por las recomendaciones

Úrsula Indacochea explica que aunque los procesos ante organismos internacionales pueden llevar mucho tiempo, los fallos que produzcan instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos estarán lejos de ser simbólicos.

Esto, porque una condena de ese tribunal con sede en Costa Rica probablemente estipule altas indemnizaciones monetarias para los más de siete mil jueces que serán cesados y reemplazados por los juzgadores elegidos el pasado 1 de junio y en los comicios de 2027.

“Además de las indemnizaciones que ya les deben y que no les van a poder pagar porque el dinero de los fideicomisos ya se lo pasaron a Hacienda, el Estado mexicano tendrá que pagarles las indemnizaciones de todos los años que no van a poder ejercer su carrera o que están a punto de jubilarse y no lo podrán hacer por los despidos”, indica.

Dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también puede ordenar a México “cambiar algunas cosas de su marco normativo interno” relacionadas con la reforma judicial.

Aunque de acuerdo con Indacochea, “ahora México no hace mucho caso de las sentencias de la Corte tampoco; ya le mandaron a reformar la ley de la prisión preventiva oficiosa y el Estado mexicano no lo ha hecho”.

Azul Aguiar considera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado muestras de su desdén a recomendaciones y señalamientos de organismos multilaterales.

Como ejemplo señala que la presidenta ya descalificó, de entrada, el informe preliminar de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los comicios judiciales, que recomienda que ese modelo de selección de jueces por el voto popular “no se replique para otros países de la región”.

De acuerdo con la misión, encabezada por el político izquierdista chileno Heraldo Muñoz, los mexicanos deben evaluar si esa forma de elegir jueces, que no tiene precedentes en el mundo, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la justicia “o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

A reparar el daño

En mayo pasado, 14 personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que documentaron varias violaciones de sus derechos fundamentales como resultado de la implementación de la reforma judicial lopezobradorista.

Los denunciantes argumentan que como trabajadores del PJF fueron “directamente afectados” por la reforma judicial y piden a la CIDH tomar medidas para proteger sus derechos y ordenar al Estado mexicano otorgarles una reparación.

Además, indican que la reforma judicial vulnera principios internacionales como el de independencia judicial, el de igualdad y el de no discriminación, y acusaron a altos funcionarios del gobierno de Morena de acusarlos públicamente de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, lo que afectó su honra.

“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, afirma la petición.

La denuncia ante la CIDH, que fue presentada en representación de los jueces mexicanos por el Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, sostiene que no busca derogar la reforma judicial.

Lo que pretende es que las personas afectadas obtengan “la reparación integral por la violación de sus derechos humanos” y contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para casos futuros.

“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dice el director adjunto del Vance Center, Jaime Chávez Alor.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, una de las demandantes, sostiene que “ya es demasiado tarde para revertir los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma, que tiene motivaciones políticas, pero no es demasiado tarde para reparar esos daños”.

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, recuerda que en la sesión sobre la reforma judicial convocada por la CIDH en Washington en noviembre pasado varios juzgadores, abogados de derechos humanos y grupos de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos que implicaba para la democracia y la separación de poderes esa iniciativa.

“Esta elección que vimos el 1 de junio, con tantas irregularidades, confirma muchos de los escenarios que alertamos en aquella sesión”, señala.

Los resultados, dice la abogada, comienzan a estar a la vista ya que, como resultado de esos comicios, todos los candidatos que fueron elegidos para conformar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral son cercanos a Morena.

“De hecho ése fue el énfasis más importante que hicimos en esa sesión de la CIDH, la posible cooptación de los cargos judiciales por parte del partido de gobierno, de dirigentes de Morena, de intereses económicos, de delincuencia organizada, y lo que corroboremos de esto lo vamos a llevar a los organismos internacionales”, indica.

México, en la mira

Hace dos semanas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano que admitió una denuncia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito (Jufed) sobre las violaciones a los derechos fundamentales de juzgadores y de la "grave afectación a la independencia judicial derivada de la llamada reforma judicial".

La presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dijo que esa notificación es parte del proceso internacional de vigilancia y escrutinio sobre las condiciones que imperan en México en materia de garantías judiciales y “respeto a los principios democráticos",

La elección judicial permitió que se “colaran” al Poder Judicial abogados de la cuestionada secta La Luz del Mundo y un torturador, según las primeras investigaciones de organismos de la sociedad civil.
Ahora vamos a seguir vigilando el impacto de la reforma con un seguimiento a la calidad de los juicios que van a recaer en estas personas, en la calidad de la justicia –indica la abogada Susana Camacho–, y lo vamos a denunciar en los espacios internacionales, al igual que las inconsistencias que se vieron en el proceso de elecciones.
De hecho, explica, varios integrantes de organizaciones que han denunciado la reforma judicial se reunieron con observadores internacionales que viajaron a México para conocer de manera directa el proceso electoral que culminó el 1 de junio.

“Los que hemos visto desde diferentes organizaciones confirma que no fue una elección limpia y que esta reforma es un mal ejemplo para gobiernos que buscan la concentración del poder por vías no muy legales, no muy ortodoxas, ni muy apegadas a los principios democráticos”.

De acuerdo con Camacho, el litigio internacional contra la reforma lopezobradorista es un proceso a largo plazo –después de la CIDH pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, “pero cuando menos tenemos que hacer las denuncias en estos espacios internacionales de todo lo que está pasando con la implementación” de la iniciativa.

El Estado mexicano, dice, “ya estaba en la mira de diferentes organismos internacionales por esta reforma, porque desde el sexenio pasado los contrapesos entre poderes se estaban perdiendo, porque el expresidente (Andrés Manuel López Obrador) desobedecía sentencias de jueces y ahora, con esta elección, la captura del Poder Judicial se consuma”.

La abogada peruana Úrsula Indacochea dice que con la elección popular de jueces “México se ha lanzado al abismo” y eso es algo que va a tener una gran fiscalización por parte de organismos internacionales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RFAEL CRODA.

“El juez vendió la custodia de mi hija”: juzgador ligado a violencia vicaria resulta ganador en la elección judicial de la CDMX

Acusado de beneficiar a hombres denunciados por violencia vicaria, el juez de lo familiar Eduardo Rafael del Moral Rincón alcanzó los votos necesarios para mantenerse en su cargo, ahora con “respaldo popular”.

Durante los últimos dos años, Dulce Nelly Gómez ha luchado por recuperar a su hija –actualmente de 8 años de edad–, cuya custodia le fue retirada en 2023 por el juez interino de lo familiar Eduardo Rafael del Moral Rincón, servidor público que luego puso a la niña al cuidado de su padre, una persona que, paradójicamente, está vinculada a proceso penal por violencia familiar.

“En las colectivas de mujeres víctimas de violencia vicaria a ese juez lo conocemos como ‘El Robaniños’, porque se dedica a vender la custodia de menores de edad. El mío no es el único caso, somos muchas mamás las que hemos sido afectadas”, explica Dulce.

Pese a ello, el juez interino Eduardo Rafael del Moral Rincón logró su ratificación en el cargo durante las elecciones judiciales locales del pasado 1 de junio. Se postuló como candidato a juez familiar por el segundo distrito judicial-electoral en la Ciudad de México, que comprende una parte de la alcaldía Gustavo A. Madero y otra de la alcaldía Cuauhtémoc, y obtuvo 31 mil 724 votos, lo que lo convierte en el décimo aspirante más votado a este cargo.

Durante la pasada elección judicial, en la Ciudad de México, entre otros, se eligieron 21 personas que estarán al frente de juzgados familiares: 11 mujeres y 10 hombres, cargos que serán ocupados por las y los candidatos con mayor votación.

Las denuncias en contra de este ganador de la elección llevaron a varios colectivos de mujeres a hacer campañas para evitar que se votara por él, pero finalmente resultó electo.

“El juez vendió la custodia de mi hija”

“Yo me divorcié de mi expareja hace seis años, porque era víctima de violencia física, económica y verbal”, detalla Dulce, “pero incluso después del divorcio, esta violencia siguió, él venía a amenazarme, me decía que, si no hacía lo que él me ordenaba, me iba a quitar a mi hija. Por eso, en el año 2023 presenté una denuncia penal por violencia familiar en su contra, pero ese mismo día, mi expareja fue ante el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón y me denunció por maltrato”.

El juez Eduardo Rafael del Moral Rincón ordenó mantener a la menor alejada del seno materno, a pesar de que el Sistema Integral para la Familia (DIF) concluyó que la niña no era víctima de maltrato a manos de su madre y que, por el contrario, sí era presa de manipulación y alienación por parte del padre.

Esta decisión se mantuvo incluso después de que la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó, a través de peritajes propios, que la menor era víctima de violencia por parte del progenitor, razón por la que el Ministerio Público promovió el inició de un juicio penal, que el acusado lleva actualmente en libertad.

“Evidentemente, el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón ya vendió la custodia de mi hija”, denuncia Dulce, “todo esto lo hemos denunciado, pero nunca pasa nada, porque este juez cuenta con la protección de Rafael Guerra (magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)”.

“Desde el principio se mostró como un corrupto”

En el mismo caso se encuentra la señora Ileana García Rodríguez, a la que el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón retiró la guarda y custodia de su hija de dos años en agosto de 2023, para entregársela al padre de la menor, del que ella se había separado, tras ser víctima de violencia física y económica.

“Él no me daba dinero, pero tampoco me dejaba trabajar. Y con apoyo de sus familiares me mantenía encerrada, con la puerta bajo llave, y me prohibían las visitas”, explica.

El argumento con el que el juez Del Moral Rincón le retiró a Iliana la custodia de su hija fue que en contra de ella existía una denuncia penal por violencia familiar, que su expareja promovió, presentando como prueba del delito un mensaje de WhatsApp en el que lo llamó “pelele, arrimado de tu papá y tu mamá”.


Esa demanda en contra de Iliana fue desechada por el juzgado cuarto penal, al considerar que ese mensaje de WhatsApp era en realidad un llamado a que el denunciante “se hiciera cargo a cabalidad de su núcleo familiar”. No obstante, estas mismas acusaciones ya desestimadas en el ámbito penal fueron luego convalidadas, en el campo de la justicia familiar, por el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón.

Debido a ello, reclama Iliana, ya casi lleva dos años sin ver su hija.

“En marzo pasado hice una huelga de hambre de una semana, afuera del Palacio Nacional, pero ni así logré que estas irregularidades se atendieran. Eduardo Rafael del Moral Rincón es un juez que desde el principio se mostró como un corrupto, que no hacía caso de las evidencias que se le presentaban, que no hacía caso de las periciales, y por eso está denunciado, en una demanda que tengo iniciada por fraude procesal, pero básicamente las autoridades no te ayudan”, lamenta Iliana.

Para conocer la postura del juez Eduardo Rafael del Moral Rincón en torno a estas denuncias, se intentó entablar comunicación con él a través del correo electrónico que la ficha de su candidatura a juez familiar se incluye como medio de contacto, no obstante, dicho correo está desactivado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Jueza buscadora: Delia Quiroa seguirá buscando a personas desaparecidas, pero ahora como juzgadora en Sinaloa

Tras las elecciones judiciales, la buscadora Delia Quiroa resultó electa como jueza de distrito en Sinaloa por lo que ahora piensa ayudar en la crisis de desaparecidos del país desde los juzgados.

Delia Quiroa ha pasado los últimos 10 años buscando a su hermano desaparecido, Roberto. Ahora que resultó electa como jueza de distrito en materia mixta en las elecciones judiciales, planea continuar con su búsqueda de personas desaparecidas, aunque desde una nueva trinchera.

“Los jueces tienen la facultad de buscar a personas, pero no lo hacen”, comparte en entrevista con Animal Político. “Eso sólo se puede hacer cuando quien se lleva a las personas es una autoridad, no te puedes meter como juez en búsqueda de casos de desaparición por particulares, pero si es una autoridad quien se lleva a la persona, tú sí puedes intervenir de manera inmediata y puedes hasta organizar operativos para ir a meterte al penal, a los centros de detención de la Fiscalía”.

Así, con su experiencia como abogada y buscadora, Delia espera atender los casos de desaparición forzada que lo ameriten y que tengan el fundamento legal, como cuando los ciudadanos interpongan un recurso llamado “amparo buscador”, para poder ordenar a la autoridad responsable que presente a la persona en su poder y dé información sobre ella.

En México, este tipo de amparo puede ser interpuesto por los familiares o víctimas indirectas de una desaparición cometida por, o con la colaboración de, agentes del Estado –como policías, militares, o servidores públicos– para que un juez o jueza dicte las medidas necesarias para la localización y liberación de la víctima. En un país con más de 120 mil personas desaparecidas, la existencia de este recurso jurídico es esencial para poder encontrarlas.

“Si a mí me caen amparos por desaparición forzada, yo sí voy a armar operativos, yo sí me voy a salir a buscar a la gente y si es necesario, meterme a un cuartel o un penal”.

“Proteger a los ciudadanos de abusos”

Fue esta posibilidad, en parte, una de las causas que llevaron a Quiroa a buscar el cargo de jueza de distrito, en vez de otras posiciones también afines a la búsqueda de personas desaparecidas, como titular de una Comisión de Búsqueda. 

“El juicio de amparo que llevan los jueces de distrito es un mecanismo de protección a derechos humanos, así lo dicen los tratados internacionales y también la Ley mexicana, entonces yo he visto que para poder obligar a una autoridad que no quiere hacer su trabajo, se puede hacer mediante el juicio de amparo”, señala Quiroa.

“La convicción que yo traigo es proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad”, explica.


Ser electa juzgadora es para la buscadora Delia Quiroa un triunfo semiamargo

Haber resultado electa como juzgadora con 81 mil 012 votos en Sinaloa es un triunfo a medias, considera Delia Quiroa, pues desde que se produjo la Reforma Judicial estuvo inconforme.

“La reforma estuvo mal hecha, hubo muchas cosas negativas que giraron alrededor, como la forma que se llevó a cabo la selección [de la tómbola], los acordeones…”, expone. “No es un triunfo que uno pueda festejar abiertamente”.

Sin embargo, reconoce que una vez nombrada como jueza de distrito trabajará de manera imparcial y dará su mejor esfuerzo para “tratar de que las cosas se hagan bien y que las autoridades que violan derechos humanos de los ciudadanos tengan una sanción”.

Delia Quiroa hará pausa en el Colectivo 10 de Marzo

Una vez que Quiroa reciba su constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) que acredite su triunfo como juzgadora de distrito, ella ya no podrá participar activamente con el colectivo que fundó, el Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, por lo que será su madre –la actual presidenta del organismo– quien esté presente en las búsquedas y apoyo a otros familiares buscadores.

El colectivo obtuvo su nombre por la fecha en que desapareció el hermano de Quiroa, Roberto, el 10 de marzo de 2014 en Reynosa, Tamaulipas.

Fue este potencial conflicto de intereses el que la llevó a postularse para jueza en Sinaloa, y no en Tamaulipas –donde radica su colectivo–, para evitar tener que excusarse de casos presentados por el organismo.

“La búsqueda de mi hermano es algo personal, es algo a lo que yo tengo derecho en la medida de que me sea posible y se me dé el tiempo, entonces yo voy a seguir buscando a mi hermano y no vamos a descansar hasta que lo encontremos”.

Como juzgadora, Delia Quiroa se propone atender casos de larga data de personas desaparecidas

La primera misión de Quiroa como juzgadora será hacer un diagnóstico del juzgado y revisar aquellos casos que llevan más años sin ser atendidos ni resueltos. En su experiencia, los jueces dan mayor prioridad a expedientes que datan de 2016 en adelante, que fue cuando se implementó el Sistema Procesal Penal Acusatorio a nivel nacional.

Por ejemplo, el caso de su hermano data de 2014, y no entra en esa categoría. “Con nosotros, como es averiguación previa, no hay un tiempo que les vaya marcando en cuánto tienen que resolver el asunto, entonces sí nos afecta bastante a nosotros”.

La buscadora imagina su juzgado como un espacio de puertas abiertas, donde la gente pueda llegar y exponer sus situaciones para tener un mayor entendimiento del caso que se le presenta. “Y que las sentencias vengan en una forma clara, que la gente las pueda entender”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Confusa y con datos incompletos: Plataforma ahora a cargo de la Secretaría Anticorrupción dificulta más la transparencia

A un mes de que el INAI entregó sus recursos y funciones, usuarios de la PNT se quejan del funcionamiento de la plataforma.

Con la eliminación del INAI y la Secretaría Anticorrupción como nueva encargada de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), usuarios enfrentan más dificultades para descargar información y hacer solicitudes, a la par que distintas dependencias incumplen la obligación de publicar distintos indicadores.

Se agregaron filtros que hacen más confuso todo el proceso de pedir datos públicos; hay problemas para descargar el historial de solicitudes; el buscador temático del ejercicio presupuestal no muestra resultados, y en general la plataforma tarda más tiempo en mostrar resultados, según señalaron especialistas que usan constantemente la plataforma.

Para hacer una solicitud de información no sólo hay que definir si se piden los datos a la Federación o a una entidad, ahora hay que indicar cuál es la “autoridad garante”, ya sea Transparencia para el Pueblo, la Cámara de Diputados o el Senado, entre otros, y finalmente definir la institución.

“Lo que advertimos es que la plataforma es poco intuitiva con sus usuarios, yo creo que las personas que inclusive tenemos tiempo usándola, advertimos que al menos es confusa. La forma en la cual se organiza la información no te orienta si estás dirigiendo de forma correcta las solicitudes. Por ejemplo, en los sujetos obligados, hay una variación respecto de los sujetos históricos. No sabes si realmente lo estás dirigiendo al sujeto correcto”, destacó Gabriel Espinoza, especialista en materia de Transparencia y Datos Personales. 

Por ejemplo, si una persona requiere información a la Secretaría de la Defensa (Sedena), primero debe seleccionar a la autoridad garante del gobierno federal, Transparencia para el Pueblo, y después a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Si se requiere información de la Cámara de Diputados, se deberá escoger al órgano interno de control de la Cámara de Diputados o si se requiere información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se debe escoger a su órgano interno de control, en lugar de Transparencia para el Pueblo.

“El panel para checar el historial de las solicitudes y también de las quejas, pues aparecen nuevas casillas que antes no existían, donde se tiene que elegir a la autoridad garante, sea federal o estatal. Antes era en automático porque tenías una sola autoridad garante, un órgano, pues, que era el INAI o los institutos estatales, y ahora para cada estado va a haber un órgano distinto”, señaló Efraín Tzuc, periodista de Quinto Elemento Lab.

En su aviso, la PNT destacó que se crearon nuevas autoridades garantes tanto a nivel federal como local, por lo que actualizó el apartado “Estado o Federación”, para armonizar el listado de las autoridades garantes y los sujetos obligados conforme a la legislación vigente.

Además, si se busca información publicada antes de la desaparición del INAI, las personas usuarias deberán elegir el apartado de “Federación (Histórico)”. 

Por otro lado, usuarios han reportado distintos problemas como incapacidad para  descargar el historial de solicitudes y falta de información actualizada en la búsqueda de temas específicos en la plataforma. Por ejemplo, al buscar información sobre las ganancias del Tren Maya o los contratos de Laboratorios Pisa, sólo muestra resultados actualizados hasta noviembre de 2024. Aunque esta última empresa sí ha recibido contratos durante el gobierno actual.

Mientras que el buscador temático del ejercicio presupuestal no muestra resultados; los apartados de sueldos y directorio muestran información de noviembre del año pasado. Además, Espinoza y Tzuc coincidieron en que la plataforma tarda más tiempo en mostrar resultados respecto a su etapa con el INAI. 

“Tenemos la misma plataforma que antes. Eso no ha cambiado. ¿Cómo van a cumplir este compromiso de acercar el derecho a la transparencia a las personas y mejorar la plataforma? No lo sabemos, pero lo que es evidente es que, como está la plataforma actualmente, no se ha logrado“, mencionó Tzuc. 

A esto se suma el mantenimiento constante que se le ha realizado a la PNT desde que tomó posesión de ella la Secretaría Anticorrupción. Para Espinoza, hay falta de transparencia sobre este tema, al no conocer qué módulo ni qué cambios se han realizado.

Además de los temas técnicos o la interfaz de la Plataforma, está el tema de que la nueva legislación en materia de transparencia agregó nuevas causales para negar la entrega de información, tales como considerar que los datos solicitados por la ciudadanía comprometen la paz social, o el desarrollo de proyectos prioritarios.

Autoridades no han publicado sus obligaciones de transparencia

Pese a que la nueva legislación en materia de transparencia contempla que las autoridades federales, estatales y municipales sigan publicando sus obligaciones de transparencia de forma trimestral en dicha plataforma, algunas dependencias no han publicado toda su información. 

Estas obligaciones incluyen declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, estados financieros, contratos de publicidad, auditorías presupuestales, resultados de procedimientos de contratación, planes de desarrollo urbano, versiones públicas de expedientes de contratación, entre otros.

Un ejemplo de ello son los estados financieros del primer trimestre de 2025 de las paraestatales Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca – Maya – Mexica (GAFSACOMM) y Tren Maya. En una búsqueda, el grupo aeroportuario señaló que los estados financieros se encuentran en proceso de elaboración.

Mientras que la empresa Tren Maya reportó “durante el período que se reporta, es de señalar que no generó información relacionada con con los Informes financieros contables y programáticos, lo anterior derivado a que aún no se dispone de un sistema de planificación de recursos gubernamentales para el registro automático, de las operaciones, por lo que se tiene un atraso en la emisión de los estados financieros y sus notas”.

En contraste, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sí ha publicado sus informes financieros al primer trimestre de 2025, además que incluye el hipervínculo al mismo. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa no muestran los links que permitan revisar los contratos realizados durante este año. 

Información sobre estados financieros: Izquierda, AIFA. Derecha, Tren Maya.

“La información trimestral no está cargada. Todas esas cuestiones también es por el deterioro precisamente de que no hay autoridades garantes al tiempo de que no están presionando a los sujetos obligados para que hagan este tipo de cosas. Tampoco tengo conocimiento de que se esté llevando a cabo un monitoreo respecto de las obligaciones de transparencia”, señaló Espinoza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (SABUESO)
AUTOR: OSCAR NOGUEDA ROMERO.

Sheinbaum pide a EU informar sobre muerte de mexicano bajo custodia del ICE en Georgia

Según un comunicado de la Secretaría de relaciones Exteriores, el pasado 7 de junio, un ciudadano mexicano falleció en un centro de detención del ICE en Stewart, Georgia.

La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que el mexicano que murió mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos, se registró con distinto nombre y nacionalidad, en el contexto de las redadas ordenadas por el mandatario Donald Trump.  

“Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo esta mañana.

La mandataria mexicana expuso que también se solicitó más información para saber cuáles fueron las condiciones del fallecimiento de esta persona.  

 “Tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior”, agregó. 

Según un comunicado de la Secretaría de relaciones Exteriores, el pasado 7 de junio, un ciudadano mexicano falleció en un centro de detención del ICE en Stewart, Georgia, al que la agencia estadunidense ya no deja ingresar al personal del Consulado de México en Atlanta para entrevistarse con los connacionales.  

La Cancillería mexicana informó que el hombre murió después de ser trasladado de la prisión de Jacksonville al centro del ICE, e indicó que se puso en contacto con sus familiares y las autoridades para "esclarecer los hechos, confirmar la causa oficial del deceso y brindar asesoraría jurídica y acompañamiento a los familiares".  

El caso sucede en medio del recrudecimiento de los operativos antimigrantes llevados a cabo por el ICE bajo las instrucciones del gobierno de Donald Trump, en los que los agentes de esa agencia han sido acusados de cometer abusos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Sheinbaum asegura que caso de Gertz Manero contra Alejandra Cuevas “ya está resuelto”

Alejandra Cuevas y Laura Morán acudieron a la CIDH para pedir que el Estado mexicano admita su responsabilidad en la fabricación de delitos por parte del titular de la FGR.

El caso del encarcelamiento de Alejandra Cuevas y la criminalización de su madre, Laura Morán, por el delito que inventó el fiscal general de la República, Alejando Gertz Manero, de homicidio por omisión en el caso de su hermano, Federico, está aclarado y resuelto, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. 

A un día de que la familia de Cuevas interpusiera una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que el Estado mexicano también reconozca su responsabilidad en el caso que se dio una vez que Gertz Manero llegó a la titularidad de la FGR, la mandataria federal respondió lo siguiente cuando se le preguntó si ofrecería disculpas por el caso:

“No sé si hubo participación del gobierno federal, se aclaró en su momento, porque si recuerdan había una parte que tenía que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estaba como jefa de goberno y en aquel momento se aclaró por parte de Ernestina Godoy todo el proceso”.  

-¿Habría este reconocimiento por la participación del fiscal? 

-Tiene que aclararse y entiendo en su momento la Corte lo resolvió, entonces yo creo que ya se aclaró y ya está resuelto. 

“Fui encarcelada por cuidar. Mi madre, por amar. Mis hijos, por resistir. Gertz nos persiguió con el poder del Estado. Hoy, ante la CIDH, denuncio lo que hizo: encarcelar a una y quebrar a tres generaciones", publicó Alejandra Cuevas en sus redes sociales.  

Estuvo encarcelada en Santa Martha Acatitla durante 528 días luego de ser acusada que por la falta de cuidados que causaron la muerte del hermano del fiscal a los 82 años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Rubén Rocha, Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch sostienen reunión privada en Sinaloa

Los funcionarios de seguridad arribaron a Sinaloa en un contexto de incremento en homicidios dolosos y robos de vehículos.

El gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión privada con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Ricardo Trevilla y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch. 

La agenda del gobernador tenía prevista una visita a Mazatlán para la entrega de títulos de propiedad, sin embargo, a primera hora fue cancelada debido a esta reunión con Trevilla y Harfuch.

Los funcionarios de seguridad arribaron a Sinaloa en un contexto de un incremento en homicidios dolosos y robos de vehículos que en mayo que tuvo las cifras más elevadas en lo que va de 2025, y un inicio de junio que ha dejado en promedio 7 homicidios cada 24 horas. 

El gobernador dio a conocer en su cuenta de X sobre la reunión privada con la finalidad de revisar toda la estrategia de seguridad. 

“Sostuvimos una reunión con los mandos de las diferentes corporaciones en la que se detectaron puntos específicos de atención en donde hemos de reforzar las acciones para delitos de alto impacto que aún persisten, por lo que merecen una atención más efectiva de las fuerzas del orden”, escribió.
El gobernador explicó en su mensaje que hay en el estado 400 elementos más de la SSPC y mil 200 del Ejército. Sin dar detalles sobre la reunión, Rocha anunció además sobre la intención de incrementar el número de cámaras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

“Es una farsa”, consulta sobre autopista Palenque – San Cristóbal: Modevite

“La construcción de la autopista, presentada como un acto de ‘consenso’ y ‘participación comunitaria’, es una farsa”, aseguró el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), luego de que el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez inauguró las obras de la súpercarretera Palenque – San Cristóbal de las Casas, a pesar de que no se consultó a las comunidades afectadas y despojó de sus parcelas a las familias.

En un comunicado, los pueblos tseltales, ch’oles, tsotsiles y mestizos que integran el Movimiento aseguraron que “es una vil mentira” que el gobierno de Chiapas dialogó directamente con los dueños de los predios o parcelas atravesados por la línea de la autopista, además de que no realizó una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada sobre la obra y violó el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El “banderazo” a las obras de la autopista, que forma parte de la denominada “Ruta de las Culturas Mayas”, fue dado por Ramírez Aguilar con un “ritual maya” y la bendición de la maquinaria del proyecto, aun cuando existen dos amparos en su contra por la falta de información ambiental y por las “consultas amañadas” y “a mano alzada” que realizó el gobierno para avanzar con la construcción.

“El gobierno pretende legitimar un proyecto de muerte utilizando nuestras ceremonias ancestrales y bendiciendo las máquinas que vendrán a destruir nuestro medio ambiente y la vida de la comunidad. Rechazamos que nos utilicen para legitimar proyectos que sólo benefician a las élites políticas y económicas del estado de Chiapas”, señaló el Modevite, que calificó de “engañoso” el discurso de Ramírez Aguilar por no señalar “de forma clara y precisa los daños que esta megaobra conlleva”.

Desde hace más de tres sexenios, los habitantes de los diez municipios que atraviesa la carretera han rechazado la imposición de la carretera, que conectará con otros megaproyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

En su campaña electoral, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum prometió concluir las obras en “beneficio de las comunidades indígenas” y posteriormente catalogó a la obra como “prioritaria”. El discurso de Ramírez Aguilar en la inauguración de la construcción reiteró que el proyecto representa “un beneficio para el pueblo”.

“Contrario al relato oficial de ‘desarrollo comunitario’, esta autopista es la puerta de entrada para la devastación de nuestra Madre Tierra”, pues tan sólo en la primera fase del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva, así como contaminará los ríos de la región y “arrasará” los cerros ceremoniales, aseguró el Modevite.

Además, explicaron las comunidades, el proyecto permitirá “la privatización encubierta”, pues “cuando el gobernador afirma que ‘los ingresos del peaje […] se quedarán en manos de quienes lo sostienen’ oculta que los beneficiarios serán empresas turísticas y agroexportadoras”.

Finalmente, señalaron que la megaobra abrirá paso a la militarización y represión en la zona a través del despliegue de fuerzas de seguridad, así como “el hostigamiento y criminalización” de quienes se oponen a la construcción.

Por ser una violación a sus derechos como pueblos indígenas, el Modevite exigió a las autoridades la cancelación inmediata del proyecto carretero y de los permisos ambientales “otorgados ilegalmente”, así como una investigación internacional “sobre la simulación de la consulta”. Además, demandaron el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad en sus territorios y el respeto a su autonomía como pueblos originarios.

“No permitiremos que se repita la historia de despojo; si el gobierno insiste en imponer la muerte, los pueblos organizados defenderemos la vida con la fuerza de nuestra dignidad ancestral”, concluyó el Movimiento.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.