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El sistema de salud de México está peor que previo a la pandemia por covid: experto de la UNAM

Samuel Ponce de León, coordinador del PUIREE, acusa que a cinco años del primer deceso en el país por covid-19 y del confinamiento sanitario, el sistema de salud no ha podido frenar su situación de pauperización ni resuelto el grave desabasto de medicamentos.

A cinco años de la primera muerte por covid-19 en México, la posibilidad de que ocurra otra crisis sanitaria similar sigue presente; sin embargo, como en aquel entonces, ahora el país “no está preparado” para enfrentarla, advierte Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La posibilidad de que ocurra nuevamente una crisis sanitaria de ese tamaño, un poco menor o más grave, está presente de una manera continua. Entonces habrá que estar preparados y en este momento en México no lo estamos”, afirma el también excoordinador de la Comisión Especial de la UNAM para covid-19.

En entrevista con Proceso, a propósito de que este 18 de marzo se cumplieron cinco años de la primera muerte confirmada por el virus SARS-CoV-2 en México (el domingo 23 se cumplirá el mismo tiempo del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, mejor conocido como “Quédate en casa”), el especialista en Medicina Interna y en Enfermedades Infecciosas es contundente en su crítica:

“El sistema de salud tiene las mismas deficiencias que tenía a finales de 2019 que, evidentemente, fueron completamente rebasadas durante los dos años y medio más intensos de evolución de la pandemia por covid”.

Sigue: “Desde entonces para acá no ha habido realmente ninguna reorganización del sistema en términos de incrementar el número de camas hospitalarias en unidades de segundo y de tercer nivel, ni tampoco ha aumentado el número de trabajadores necesarios en el sistema hospitalario”.

Incluso, asegura que en los hospitales de primer nivel de atención “las deficiencias son quizás todavía mayores que en el segundo y el tercer nivel, apuntando la situación ciertamente para niveles de extrema gravedad”.

Médico por la Facultad de Medicina de la UNAM y maestro en Epidemiología Hospitalaria, Ponce de León remite a las cifras de médicos, camas de hospital y enfermeras por cada mil habitantes que hay en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):

En México hasta 2020 había 2.4 médicos por cada mil habitantes, debajo del promedio de la OCDE que es de 3.5; así como una cama de hospital por esa misma cantidad de gente. En 2021 había tres enfermeras y parteras —menos de un tercio de lo recomendado— por cada mil habitantes.

Un dato más reciente: el 31 de mayo del 2022, la Secretaría de Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que México tenía 107.2 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes, lo que significa menos de la mitad de los 230 necesarios por recomendación internacional.

Este martes 18, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó de la contratación de “una cifra histórica de 9 mil 423 médicas y médicos especialistas de 70 disciplinas” que iniciaron labores el pasado 16 de marzo.

Pauperización

Participante en la atención a la pandemia de Influenza A (H1N1) en 2009 y exintegrante del Consejo de Emergencia Pandémica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ponce de León Rosales recuerda que hace unos siete años el gobierno decidió modificar el sistema de atención a la salud y parecía que habría una verdadera mejoría. Sin embargo, lamenta: “Lo que ha ocurrido, de entonces a la fecha, ha sido una situación de pauperización cada vez más grave. Este año estamos peor que hace un año y hace un año estábamos peor que hace cinco años”.

En su opinión, la situación se ha agravado en hospitales de todo el país: “Puede ir a Mérida al Hospital ‘General Agustín O' Horan’, puede ir a Oaxaca al Hospital ‘General Dr. Aurelio Valdivieso’, puede ir a la Ciudad de México al Hospital ‘Gea González’, y en todos los servicios de urgencias están completamente rebasados con pacientes hospitalizados en sillas o en el suelo”.

La gravedad se ve también en el desabasto no sólo de insumos, sino “de vacunas, de instrumental, de equipo que está descompuesto en los hospitales, equipo de diagnósticos, quirófanos que no funcionan o que funcionan con un hilito amarrando algo. No ha habido presupuesto para mantenimiento, por lo menos, en los últimos 10 años”.

Sin dudarlo, acusa: “La insuficiencia es muy grave en el sentido de la capacidad de la infraestructura, de la capacidad del personal que se requiere para atender estos servicios y en los insumos. Veníamos con un sistema de salud muy malo, precario desde hace por lo menos 15 años y de entonces se ha venido empobreciendo todavía más”.

Y lo peor es que, sentencia, “no hay forma de resolverlo porque, hoy por hoy, nos siguen diciendo que ya tienen el plan para resolver esto, pero es un plan que aparentemente no va a poderse echar a andar, por lo menos en el futuro próximo, porque no aparenta haber suficiencia presupuestal y el desorden administrativo habla de falta de experiencia, falta de capacidad de gestión. Es evidente en todas partes. Necesitan un plan de desarrollo de la estrategia en la organización que no lo vemos por ningún lado”.

Al hablar de la compra consolidada de medicamentos que puso en marcha el gobierno de Sheinbaum Pardo, el investigador y académico reconoce que “es una gran idea asumir el problema y tratar de resolverlo”.

Sin embargo, comenta que la filtración de información en la licitación de algunos medicamentos difundida la semana pasada podría retrasar el proceso, al menos este año:
Me da la impresión de que no se tiene la capacidad de calcular el tamaño del compromiso. Anunciar con bombo y platillos que se va a hacer la compra consolidada más grande de la historia en todo el mundo da idea de un pobre conocimiento de cómo funciona la industria farmacéutica, tanto para medicamentos como para biológicos. No es como ir al supermercado, las compras de este tipo se tienen que anticipar con mucho tiempo.
Acusa también la falta de incentivos económicos y de seguridad para médicos y demás trabajadores de la salud, pero “cuando salen a reclamar, ciertamente no se les escucha, ha habido oídos sordos continuamente”.

¿Aprendizaje?

Ante la pregunta del aprendizaje que dejó la pandemia por covid-19 para las autoridades —la presidenta Sheinbaum era jefa de gobierno de la CDMX—, el coordinador del panel multidisciplinario “Preparación prepandemia. Acciones requeridas” (elaborado por el PUIREE en 2024 junto con el doctor Mauricio Rodríguez) recuerda la experiencia del “centro hospitalario” instalado en el Centro Banamex de la capital.

Sin embargo, enfatiza: “Hoy lo que tendríamos que saber es que si empieza otra pandemia ¿en dónde vamos a armar estos centros que tendrían que estar listos en cuatro u ocho semanas para empezar a funcionar? ¿Cuál va a ser la ubicación?, ¿cuáles son las instalaciones que se requieren?”.

El experto sugiere que al menos en la CDMX cada alcaldía debería tener ubicados dos sitios para instalar capacidad hospitalaria extendida, suministro eléctrico, de gases y de oxígeno garantizados, así como el armado de las estructuras.

En México, el primer caso confirmado de covid-19 se registró el 28 de febrero de 2020. El confinamiento comenzó el 23 de marzo siguiente y se levantó dos meses después, el 31 de mayo. Antes, el 30 de marzo, se declaró “Estado de emergencia”.

Datos de la Secretaría de Salud indican que, al corte del 8 de marzo de 2022, es decir, dos años años después del inicio de la pandemia, en México se confirmaron tres millones 908 mil 534 contagios y 295 mil 893 defunciones. Un año y tres meses después, al 25 de junio de 2023, había siete millones 633 mil 355 casos acumulados confirmados y 334 mil 336 defunciones.

La pandemia que viene

Según el Reporte de Emergencias Epidemiológicas del PUIREE, hasta el 28 de febrero pasado había siete enfermedades en “riesgos de evolución”: sarampión, tosferina, dengue, influenza estacional, covid-19, mpox (o viruela símica) e influenza A (H5N1).

Sobre esta última, también llamada “gripe aviar”, el investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II la considera como “riesgo inminente”, pues “se ha desarrollado frente a nuestros ojos en estos últimos años y ha desarrollado capacidades para instrumentar su transmisión de las aves a los mamíferos y entre mamíferos”.

Destaca que ya están infectadas las vacas lecheras en Estados Unidos y “una gran cantidad de aves en todo el mundo y también aves de corral”. Y alerta: “En cuanto pueda transmitirse a otras especies de animales, por ejemplo los cerdos, el riesgo de que desarrolle su capacidad de transmisión a los humanos se incrementa”.

Y advierte: 
Si esto ocurre y la transmisión entre humanos es efectiva y hay contagio entre humanos, es el riesgo que debemos tener en el horizonte; o bien, alguna otra variante de coronavirus o un virus respiratorio en general.
Por ello, el especialista en enfermedades infecciosas sugiere mantener medidas preventivas básicas, como usar cubrebocas en lugares aglomerados, en el transporte público o en espacios cerrados; mantener la higiene personal y estar actualizados en los esquemas de vacunación.

Ante este panorama, el excoordinador de la Comisión Especial de la UNAM para covid-19, Samuel Ponce de León Rosales, reflexiona: “A cinco años del covid, ya no tan en el vértigo de la catástrofe, es oportuno repensar qué fue lo que se hizo bien —hubo cosas bien hechas, desde luego—, qué fue lo que se hizo mal y qué es lo que tenemos que hacer para responder de una mejor manera. Pero, para empezar, necesitamos un sistema de salud que tenga una mayor capacidad de asistencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Denuncian destrucción de laguna de Bacalar por obras de Sedena

Organizaciones y colectivos defensores del medio ambiente interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra los trabajos de relleno, dragado y construcción realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la laguna de Bacalar, Quintana Roo.

Desde el pasado 15 de enero, los pobladores advirtieron la presencia de maquinaria pesada y camiones en el lugar “sin consulta ni información pública”, además de que hasta el momento no se conocen las autorizaciones ambientales para realizar las obras, señaló Greenpeace.

“No existe certeza de que la obra cuente con las autorizaciones ambientales necesarias conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental”, destacó la organización, que añadió que hasta la fecha “ni la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ni la Profepa han intervenido para detener esta obra que genera un impacto irreversible en el ecosistema de Bacalar”.

Frente a los daños ambientales, el pasado 19 de marzo habitantes de Bacalar clausuraron simbólicamente la construcción, ubicada sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna de Bacalar, y denunciaron los impactos provocados por el relleno y compactación de la orilla del cuerpo lagunar.

De acuerdo con Greenpeace, las principales alertas del proyecto “son la alteración de la morfología de la laguna debido al relleno y dragado, la dispersión de material de relleno que afecta el cuerpo de agua y su biodiversidad, así como vibraciones que podrían afectar al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región”.

La denuncia ante Profepa fue presentada por Grupo Gema del Mayab, Greenpeace México, Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, DMAS, entre otras organizaciones, además de por pobladores de la región que exigieron la inspección inmediata en el lugar.

COMUNICADO:

Greenpeace México se adhirió a la Denuncia Popular presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por las organizaciones ambientalistas Grupo Gema del Mayab A.C., Greenpeace México, Moce Yax Cuxtal A.C., Sélvame del Tren, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel A.C., DMAS A.C., entre otras, así como de personas de la región para exigir que se detengan los trabajos de relleno, dragado y construcción que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realiza en la zona federal de la laguna de Bacalar.

El pasado 19 de marzo, habitantes de Bacalar clausuraron simbólicamente esa construcción que inició frente a la laguna. La protesta, que reunió a más de un centenar de personas, denunció daños ambientales severos debido al relleno y compactación de la orilla del cuerpo lagunar. De acuerdo a la ciudadanía, hasta ahora, ni la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ni la Profepa han intervenido para detener esta obra que genera un impacto irreversible en el ecosistema de Bacalar. 

Desde el 15 de enero de 2025, la comunidad de Bacalar detectó la presencia de maquinaria pesada y camiones que comenzaron trabajos de relleno y dragado sin consulta ni información pública.

La obra se localiza en un predio ubicado sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna de Bacalar, frente al sitio conocido como el Fuerte de San Felipe.

No existe certeza de que la obra cuente con las autorizaciones ambientales necesarias conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las principales alertas que eleva un proyecto de esta magnitud son la alteración de la morfología de la laguna debido al relleno y dragado, la dispersión de material de relleno que afecta el cuerpo de agua y su  biodiversidad, así como  vibraciones que podrían afectar al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región.

“La preservación de la Laguna de Bacalar es un deber de todos. No podemos permitir que proyectos sin autorización o transparencia pongan en riesgo este frágil ecosistema. La PROFEPA tiene la responsabilidad de actuar de manera inmediata para detener estas actividades y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental. Proteger la laguna de Bacalar es proteger la Selva Maya.”, señaló Carlos Samayoa. Coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva! de Greenpeace México.

Greenpeace México respalda la protesta pacífica de la ciudadanía de Bacalar y se suma a la exigencia para que la Semarnat y la Profepa detengan esta obra de inmediato.

“Es inaceptable que, pese a las denuncias y evidencias de alteración del ambiente, las autoridades no hayan intervenido. Esta obra contradice los compromisos nacionales e internacionales de México para proteger sus ecosistemas y biodiversidad. La Selva Maya está en riesgo frente a muchas amenazas. No podemos ir de una por una, por eso hemos estado pidiendo a la SEMARNAT que abra un espacio de trabajo multisectorial orientado a garantizar la protección íntegra de este pulmón verde de México. Es una tarea urgente”, agregó Samayoa.

Las organizaciones y ciudadanos que respaldan esta denuncia hacen un llamado urgente a las autoridades ambientales para que actúen de inmediato y aseguren la protección de este patrimonio natural de México.

La Profepa, debe realizar una Inspección inmediata de la obra para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como suspender inmediatamente las actividades de relleno, dragado y construcción hasta que se garantice que no haya daños irreversibles al ecosistema de Bacalar. Las organizaciones denunciantes señalaron que es indispensable aplicar el principio de precaución para evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente, como lo establece la jurisprudencia en materia de derecho ambiental.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Guerreros Buscadores de Jalisco denuncia “campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció “una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes” en su contra, a raíz del hallazgo del campo de exterminio y adiestramiento del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde los familiares encontraron más de 400 indicios de víctimas de desaparición, restos humanos y crematorios clandestinos el pasado 5 de marzo.

“Hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información. Se han creado audios, videos, imágenes, así como también capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial (IA) para editar voces e imágenes de algunos miembros de nuestro colectivo”, acusaron los familiares en busca de sus desparecidos.

Tras el hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, miles de personas, colectivos y organizaciones en todo el país denunciaron la falta de acciones de las autoridades para atender la crisis de desaparecidos en México. En respuesta, el gobierno federal anunció seis medidas de acción inmediatas, las cuales fueron criticadas por los familiares por reflejar “un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”.

Por su parte, el 19 de marzo la Fiscalía General de la República presentó un informe con los primeros avances en la investigación oficial sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en el que el fiscal Alejandro Gertz reconoció que las autoridades estatales no realizaron los procedimientos adecuados en el predio ni realizaron la inspección total y exhaustiva del lugar cuando realizaron un cateo oficial en septiembre de 2024, sin que se reportara ningún hallazgo.

Posteriormente, Gertz ofreció a las madres buscadoras acceder nuevamente al Rancho Izaguirre. Los colectivos regresaron al lugar el pasado 20 de marzo y denunciaron que las autoridades “lo arreglaron todo”, pues el lugar se encontraba limpio y sin huella de los indicios encontrados por Guerreros Buscadores, además de que sólo se permitió el acceso a zonas específicas y acordonadas.

A la “manipulación” del predio se suman las declaraciones de funcionarios y autoridades que han cuestionado los hallazgos en Teuchitlán y el trabajo de las madres buscadoras, que ahora se enfrentan a la campaña de difamación y desprestigio.

“No nos intimidarán con estas tácticas sucias. Seguiremos luchan por la verdad y la justicia, y no permitiremos que se silencie nuestra voz”, aseguró Guerreros Buscadores, que advirtió que tomará “acciones legales contra aquellos que estén involucrados” en la campaña en su contra.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Víctor Noé "N", acusado de pornografía infantil en 6 países, fue detenido en Sonora

Víctor Noé "N", acusado de trata de personas y pornografía infantil, fue detenido en Sonora tras una investigación internacional que lo relaciona con 14 víctimas en seis países.

Un hombre acusado de pornografía infantil en México, España y otros cuatro países fue capturado en Sonora y trasladado a Quintana Roo para enfrentar a la justicia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la captura de Víctor Noé "N", acusado de trata de personas y pornografía infantil, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Este hombre, buscado en seis países, enfrenta graves acusaciones que lo vinculan con al menos 14 víctimas en México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y Venezuela.

Tras su detención, fue trasladado a Quintana Roo para enfrentar la justicia. Las autoridades continúan investigando su presunta participación en delitos que han generado alarma internacional.
De acuerdo con la FGE, la ubicación de la víctima en Quintana Roo fue posible gracias a "trabajos de inteligencia, tecnológicos y Gabinete, integrados en la carpeta de investigación correspondiente".
Víctor Noé "N" fue capturado gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía de Quintana Roo y la Unidad Científica de la Guardia Nacional, con apoyo de agencias internacionales.

Según las autoridades, el detenido utilizaba videojuegos y redes sociales para contactar a menores, haciéndose pasar por otro niño para ganar su confianza. Posteriormente, solicitaba material de índole sexual y lo distribuía en plataformas digitales.

El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos había emitido ocho reportes en su contra, lo que contribuyó a su localización y arresto.


En España, la Sección de Ciberdelincuencia de Málaga y AMERIPOL investigaban a Víctor Noé "N" por actividades similares, destacando su modus operandi basado en el grooming, una práctica que consiste en ganarse la confianza de menores para obtener material de abuso sexual.

Gracias a la colaboración entre autoridades de México y otros países, se logró rastrear al sospechoso mediante inteligencia cibernética y seguimiento de sus interacciones en línea. La detención fue posible tras una denuncia de la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que alertó sobre una víctima de ocho años.

Víctor Noé "N" utilizaba múltiples identidades digitales para ocultar sus actividades y evadir a la justicia. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Las investigaciones siguen en curso para identificar posibles nuevas víctimas y desmantelar la red con la que operaba. Asimismo, las autoridades mexicanas reafirmaron su compromiso de combatir la trata de personas y la explotación infantil mediante esfuerzos coordinados a nivel nacional e internacional.
"En el caso de la víctima de Quintana Roo, esta Representación Social logró localizarla gracias a trabajos de inteligencia, tecnológicos y gabinete", informó la FGE.
El caso continúa en investigación y se espera que en los próximos días se determinen nuevas acciones judiciales contra el imputado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Consejera Ernestina Godoy detalla medidas para responder a la búsqueda de personas

El Gobierno de México detalló las acciones que implementará para atender la crisis de desapariciones en México, entre las que se incluyen reformas para agilizar la búsqueda de desaparecidos con una plataforma de identidad, sanciones a servidores y un sistema de alerta nacional.

El Gobierno de México presentó una serie de reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para mejorar la identificación y localización de personas desaparecidas. Entre las medidas anunciadas destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad y un Sistema Nacional de Alerta.

Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, explicó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que estas modificaciones buscan agilizar la coordinación entre instituciones y fortalecer la respuesta inmediata ante denuncias de desaparición.

La Plataforma Única de Identidad integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, como fotografía y huellas dactilares, convirtiéndola en un documento oficial de identificación.

Principales acciones de la reforma
  • La CURP será reconocida como documento de identidad oficial.
  • Se implementará la Plataforma Única de Identidad en un plazo de 90 días.
  • Se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre desapariciones.
  • Se actualizará el Banco Nacional de Datos Forenses.
  • Se establecerán sanciones para servidores públicos que incumplan los protocolos de búsqueda.
Godoy explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá facilitar consultas de información en investigaciones oficiales. “Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital”, detalló.
Otra medida clave es la creación de un Sistema Nacional de Alerta para emitir avisos inmediatos sobre desapariciones. Esta herramienta busca una difusión rápida y coordinada en todo el país.

Además, se establecerán obligaciones para que fiscalías estatales y tribunales alimenten y actualicen el Banco Nacional de Datos Forenses, garantizando que la información sea precisa y accesible.


El plan también prevé sanciones administrativas contra funcionarios que incumplan con la generación, actualización o compartición de datos sobre personas desaparecidas.
En cuanto a la Base Nacional de Carpetas de Investigación, Godoy enfatizó que “debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición, sin dilación alguna, nada de 72 horas”.
Las reformas también incluyen la participación del sector privado, obligándolo a proporcionar información útil para la búsqueda de personas, siempre respetando la protección de datos personales.

Otro punto clave es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la división del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDO) en registros de fiscalías y otras fuentes.

Asimismo, se aumentarán las penas para quienes cometan el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, reforzando la acción penal contra estos delitos.

Estas medidas buscarán eliminar la duplicidad de registros, mejorar la comunicación entre autoridades y garantizar una respuesta efectiva e inmediata ante desapariciones en el país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuerzas federales desmiembran célula de CJNG que reclutaba y operaba rancho Izaguirre

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre el desmantelamiento de una célula del CJNG que se dedicaba al reclutamiento de personas, a quienes se reclutaba a través de redes sociales.

Fuerzas federales, entre civiles y militares, desmantelaron la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que reclutaba y entrenaba, desde las redes sociales, a futuros miembros de su organización criminal. Este grupo operaba en Teuchitlán, de acuerdo con lo dado a conocer esta mañana por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre los detenidos están los líderes de la operación en rancho Izaguirre.

Durante la conferencia matutina que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum este 24 de marzo, el Secretario de Seguridad detalló que la célula de reclutamiento en cuestión era liderada por José Gregorio "N", alias "El Lastra" o "Comandante Lastra", quien fue detenido en la Ciudad de México el pasado 20 de marzo.

Según lo señalado por García Harfuch, "El Lastra" fungía como la persona a cargo de los centros de adiestramiento hallados en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, además de vinculársele con el reclutamiento de personas para el CJNG, actividad que habría desempeñado a través de redes sociales entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

José Gregorio "N", explicó el Secretario de Seguridad, reclutaba al engañar a personas mediante falsas ofertas laborales en redes sociales. "Utilizaban principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, mediante engaños, además, de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de cuatro mil a 12 mil pesos semanales", mencionó.
Harfuch añadió que las personas interesadas en las ofertas de trabajo eran citadas en terminales de autobús para ser trasladadas al centro de adiestramiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Ahí, se les instruía sobre el manejo de armas y recibían acondicionamiento físico. "Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas, también, les retiraban sus celulares", dijo.

"Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo, eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva", informó el titular de la SSPC, quien añadió que "El Lastra" dio testimonio de que aquellas personas que se resistían al adiestramiento o trataban de escapar, eran privadas de la vida, golpeada o sometidas a algún tipo de tortura.

El Secretario de Seguridad informó que José Gregorio "N" fue capturado junto a Abril "N", como resultado de un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca.

La detención se logró a raíz de labores de análisis y seguimiento que ejecutó el área de investigación y Patrullaje Cibernético de la SSPC, la cual se dio a la tarea de analizar perfiles en redes sociales que estaban relacionados con el reclutamiento de personas.
"El detenido también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de dos estudiantes universitarios", indicó Harfuch, quien añadió que "El Lastra" se reunió el 10 de marzo con otra persona identificada como Gonzalo "N", en Puerto Vallarta, Jalisco. En dicha reunión, habría recibido la orden de terminar con las labores de adiestramiento que llevaba a cabo, tras lo cual procedió a ocultarse en el municipio de Tala.

"De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la Autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril “N”, de 43 años", mencionó el Secretario.

Asimismo, dio a conocer que, además de las detenciones, se dieron de baja 39 páginas de reclutamiento que operaban en distintas plataformas digitales. "Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más", resaltó.

Por último, apuntó que, de septiembre de 2024 a la fecha, han sido detenidas un total de 49 personas relacionadas con actividades de reclutamiento. "Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco", dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Capturan a ‘Don Gato’ con cargadores y radios; era parte de la seguridad del Ruso

Moises Mizraim Beltrán Lora, alias Don Gato o el Moy -inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP- fue asegurado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), durante una intervención en la colonia Insurgentes Oeste, en Mexicali, durante la madrugada del sábado 22 de marzo.

Don Gato, es considerado uno de los integrantes del círculo cercano de la seguridad de Jesús Alexander Sánchez Félix, alias el Ruso, prófugo de la justicia estadounidense y sospechoso del delito de conspiración para tráfico de drogas al vecino país del Norte.

La intervención de Don Gato, se dio sobre la calzada Independencia, casi esquina con Ejército Trigarante, en la colonia Insurgentes Oeste, alrededor de las 02:42 de la mañana, por elementos de la FESC, quienes -según el parte policiaco- circulaban sobre la calzada Francisco L. Montejano, cuando observaron a los tripulantes de un vehículo Volkswagen Taos Modelo 2023 placas de circulación BJA150A, pasarse el alto de disco mientras circulaba a gran velocidad, por lo que le marcaron el alto.

El conductor aceleró su marcha y se desencadenó una persecución donde los sospechosos incluso cruzaron un camellón e intentaron varias maniobras de escape, pero terminaron por estrellarse contra una patrulla que se puso en el camino para impedir que continuara la fuga.

Tras detener a los implicados, oficiales descendieron y obligaron a descender a los sujetos, quienes se identificaron como Moises Mizraim Beltrán Lora, de 29 años de edad, alias el Moy o Don Gato; y Jaredh Gihoskary Gastélum Cartagena, alias el Gordo, quien fue identificado como familiar de Alfonso Peralta Cázares, alias el P1, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa.

Entre sus pertenencias llevaban consigo varios cargadores con proyectiles calibre 9 milímetros y dos radios de frecuencia policial.

Según la información de inteligencia recabada por la autoridad, los sujetos trabajan para un individuo conocido como el Conejo, quien forma parte del equipo de seguridad del Ruso.

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FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Sheinbaum presiona a Harfuch para decir que rancho Izaguirre no era campo de exterminio

Presionado por cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Omar Hamid García Harfuch, precisó, una hora después de su primera intervención, que el Gabinete de Seguridad Nacional no contaba, hasta el momento, con evidencia que pudiera sustentar que el rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, fuera un “campo de exterminio” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La evidencia en poder de las áreas de seguridad federales presume que el predio operaba como un centro de adiestramiento en el manejo de armas para quienes eran reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, dijo el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo, el 24 de marzo de 2025, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal preguntó a García Harfuch si se encontraron restos humanos en dicho lugar. “Sobre el predio, sobre el Rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento, al momento, al momento, repito, no tenemos ningún indicio, ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República [FGR] continúa con la investigación”, respondió el titular de la SSPC.

“Pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indició de que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento”, abundó el funcionario federal.

“Como lo mencionaron aquí, hay una pista, ahí para entrenamiento para una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese, y otro punto que también fue asegurado, eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva”, comentó García Harfuch.

“¿Hay ahí personas fallecidas o no sabemos?”, preguntó la presidenta. “Nosotros no sabemos de cuántas personas”, dijo el titular de la SSPC, quien señaló que FGR debería determinar si había restos humanos en el rancho Izaguirre.

“La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos, nosotros no lo tenemos confirmado, lo que sí es que en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional [DEFENSA], junto con la Guardia Nacional [GN], que había un cuerpo y se detuvieron a 10 personas [en septiembre de 2024]”, enfatizó el funcionario federal.

En su turno, la mandataria nacional criticó que medios de comunicación difundieran información sobre el rancho Izaguirre y se especulara con un campo de exterminio, antes de que la Fiscalía General de la República realizara indagatorias con sustento científico.

Ante ello, Sheinbaum Pardo urgió a la institución de procuración de justicia -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero-, que atrajera las investigaciones de fondo y se indagara si habría autoridades implicadas.

“Obviamente, la Fiscalía, ya a cargo de esta investigación, también tiene que decirnos más […] La información sobre ese rancho, la verdad, aquí nadie va a ocultar nada, la verdad, la que viene, tanto de la persona detenida, como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República”, detalló la presidenta.

“Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo, repito, hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la Fiscalía Estatal de Jalisco, por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome, desde mi perspectiva, obviamente esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda de este caso”, pidió la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo confió en que, el 25 de marzo de 2025,Gertz Manero podría aportar información respecto a dicho caso y si hubo personas asesinadas en el rancho Izaguirre, ya que estaría presente en la conferencia de prensa matutina.

“La FGR tiene que iniciar la investigación para que todos los mexicanos tengamos certeza de ese lugar. Tiene que salir la verdad de lo que hay en ese predio […] Se atenderá a los colectivos y a los familiares, ese es un tema que no puede trasladarse con otros”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por otra parte, García Harfuch reveló que el Gabinete de Seguridad Nacional ya tenía identificado a José Gregorio Lastra Hermida, alias “Comandante Lastra”, desde el 2024, y se le daba seguimiento por su operaciones como reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Gobierno, el Gabinete de Seguridad, tenía seguimiento a esta persona desde el año pasado, lo teníamos ya identificado como líder de la célula de reclutamiento”, dijo el titular de la SSPC, quien añadió que a principios de 2025, el Ejército detuvo a 37 personas que habían sido enrolados por el grupo criminal y al momento se habían identificado a 120 que fueron incorporados al CJNG.

“En algún momento, en enero de este año, se hizo una operación, también con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se pusieron a disposición 37 personas, que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal” agregó el funcionario federal.

“Pero la detención de esta persona [‘El Lastra’], la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, es desde el año pasado y tenemos, absolutamente confirmada, la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso”, precisó García Harfuch.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Teuchitlán. No hay autoridad que no tenga responsabilidad: Alejandra Guillén

Alejandra Guillén, periodista independiente y académica del ITESO, señaló este lunes en Aristegui en Vivo que el hallazgo de rastros de desaparecidos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, forma parte de un ‘circuito’ de centros de reclutamiento forzoso y adiestramiento que se extiende por varios kilómetros, incluso en otros estados, donde opera el crimen organizado con la protección de las autoridades a todos los niveles.

Tras ser anunciadas por el gobierno federal este lunes una serie de acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas, Guillén narró el modus operandi de las organizaciones criminales para reclutar jóvenes que después son conducidos a sitios como el Rancho Izaguirre y otros sitios, donde son obligados a obedecer a riesgo de perder la vida.

Hay un “circuito desaparecedor”

Guillén explicó que lo sucedido en el rancho Izaguirre no es un evento o lugar aislado, sino parte de un conjunto de lugares donde se realizan las mismas actividades por parte de las organizaciones criminales, documentadas por ella desde 2017.
Tala está a cinco kilómetros de fincas donde se llevaron a otros privados de la libertad en  2017, es decir, es la misma región, es el mismo control, es solo como cruzar la carretera y del otro  lado está el rancho Izaguirre.
“Lo que nos hace pensar que podría ser uno de los primeros lugares a los que los llevaban y no solo con fines de reclutamiento, sino como pasaba también en los campamentos de  Tala que, efectivamente, como en la mañanera se dijo, hay muchos en los que reclutan forzadamente con engaños de trabajo, son  entrenados y quien se resiste o se porta mal, o no obedecen, porque aquí la obediencia es fundamental, no solo mataban a quienes no querían participar o por diversas razones”.

“Lo que digo del circuito es que empieza cuando te enganchan desde las redes (sociales), toda la gente que opera desde las redes, que veo que se desactivaron cuentas, muy importante, no sé por qué no lo habían hecho en todos estos años, y quienes vivían en Guadalajara o en Tala, los iban a recoger a sus casas, y no tenían ya opción, porque ahí  amenazaban con hacerle algo a la familia.

“Toda la gente que venía de fuera, tenían que llegar a las  centrales camioneras y, ahí había siempre alguien que los esperaba, les quitaban celulares,  ahí empieza la  incomunicación (…) los movían a un carro,  luego los movían a otro carro,  luego los llevaban a una finca, luego, por ejemplo, en el poblado Castro Urdeales, que está a cinco kilómetros del  rancho Izaguirre, ahí también encontraron unas 50 prendas, nada más que no fueron públicas, no hubo  acceso a fotógrafos y no hubo un operativo de la Fiscalía de Jalisco en ese entonces.

“No sabemos de esas prendas, no se publicaron y las familias no tuvieron acceso, pero ahí los tenían una semana, también hubo gente asesinada en ese lugar, luego los llevaron a otra casa y luego a otra casa, y luego los subían al cerro, que era como el entrenamiento final, la prueba final, los que habían sobrevivido los dejaban libres y tenían que regresar, obviamente que si no regresaban, pues tienen los datos de sus familias y están  amenazadas las familias, entonces están obligados a regresar.
Nos falta un elemento muy importante, que no es sólo el estatal y toda la cobertura que debe haber, porque este es un asunto de Estado, no hay autoridad que no tenga responsabilidad en esto.
Un negocio criminal

La también académica del  ITESO habló del factor económico, motor que pone en marcha la desaparición, reclutamiento y adiestramiento forzado de personas al servicio del crimen organizado a riesgo de perder la vida y la de sus familiares.
Hay algo que no se está  hablando y es el poder económico, ese está intacto, si todo esto existe, es  porque debe haber ganancias económicas para una cantidad de personas que no son las que estamos viendo, no son las  detenidas y no son solo de esta región.
“En Jalisco tenemos muchos negocios, muchos empresarios, la cara legal de esta cara ilegal, la gente bien, que se beneficia de toda esta muerte y horror,  que no sale en los medios y que operan con violencia para que haya alguna ganancia económica y esa parte del circuito es la que no terminamos  de entender, porque no está desdoblada y no parece haber acciones al respecto.

“En estas regiones donde yo tengo mucho tiempo escuchando que El Sapo (Gonzalo Mendoza Gaytán, líder del CJNG) se ha expandido como una estrategia de conquista de un nuevo orden territorial, que llegan a controlar quién vende la carne, a quién se vende, a qué costo las tortillas, las luminarias, es decir, el negocio pueden controlar lo que quieran, trata de personas, etcétera”.

Combatir la narrativa oficial en aras de la verdad

La periodista independiente apuntó el hecho que desde el gobierno federal no se reconoce a estos sitios, como el del rancho Izaguirre, como centros de exterminio, con hornos de incineración, además de lugares de reclutamiento y adiestramiento forzado.
Se está intentando construir una narrativa donde parecería que no hubo personas incineradas, y por lo tanto si se niega eso, pues ni siquiera se va a tratar de saber quiénes fueron las personas que ahí fallecieron.
“Me parece muy importante disputar esta narrativa y  exigir verdad, porque de las fosas, que no era una, eran varias, como que iban moviéndose, iban incinerando gente, iban entrenando y se iban moviendo.

“Lo que tenemos que entender y lo que nos tenemos que explicar, es qué tipo de estrategia hay de manera amplia en estos circuitos grandes, que, además, no solo es en esa región, sino que luego los mandan a otros lugares y, podría ser que hasta otros países, pero entonces es entender este modus operandi que viene de muchísimos años”.

ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atacan a balazos el domicilio del regidor morenista Miguel Barranco en Cuautla

Este es el segundo ataque contra el domicilio del regidor Barranco García en el último año. En marzo de 2024, su vivienda fue blanco de otro atentado.

Este fin de semana, en Cuautla, Morelos, hombres armados abrieron fuego contra la vivienda del regidor morenista y líder cañero Miguel Ángel Barranco García. Esta es la segunda ocasión que su domicilio es blanco de una agresión armada.

De acuerdo con fuentes policiacas, el ataque ocurrió el sábado alrededor de las 8:00 de la mañana en la calle Jonacatepec, colonia Morelos, cerca de la cárcel distrital. Sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra la fachada del domicilio antes de darse a la fuga.

El hecho fue reportado al C4, lo que permitió la movilización de elementos de seguridad. Al llegar al sitio, los agentes localizaron varios casquillos percutidos en la vía pública, confirmando la agresión.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni detenidos tras el atentado.

Este es el segundo ataque contra el domicilio del regidor Barranco García en el último año. En marzo de 2024, su vivienda fue blanco de otro atentado. Días antes de ese incidente, el crimen organizado asesinó a Darío García Cortés, coordinador de transportes de la Unión Local.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó que ya iniciaron  las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

FGR anuncia la detención de otro expolicía de Tala, presuntamente relacionado con el caso Teuchitlán

El sujeto está presuntamente relacionado con la retención de dos personas en el rancho Izaguirre, liberadas durante el operativo policiaco de septiembre de 2024.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención en Colima de José Antonio “S”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, presuntamente relacionada con el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco.

En un breve comunicado difundido la noche del domingo, la FGR detalló que se trata de un expolicía de Tala, que al igual que Gabriel “N”, detenido la víspera por la Fiscalía de Jalisco, estaría relacionado con los sucesos de Teuchitlán.

Señaló que los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a Jalisco y en apoyo a la fiscalía estatal, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del sujeto.

“Cabe destacar que la Fiscalía del estado de Jalisco solicitó el apoyo a esta Fiscalía General de la República (FGR), en su sede en Jalisco, para cumplimentar la diligencia librada por el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución del Décimo Distrito Judicial con sede en Tequila, y ejecutada en Colima, Colima”, señaló.

De acuerdo con la cadena Televisa, José Antonio “N” fue detenido por el delito de portación de cartuchos, pero las investigaciones revelaron que contaba con una orden de aprehensión vigente relacionada con la desaparición de dos hombres, quienes habrían sido liberados del rancho Izaguirre durante el operativo que realizó la policía estatal el 18 de septiembre de 2024.

Fue trasladado en un helicóptero desde Colima a Guadalajara, Jalisco, donde primero fue llevado a la delegación de la FGR en la entidad, para posteriormente ser entregado a la Fiscalía de Jalisco, que lo llevó al municipio de Tequila, donde un juez de control decidirá su situación jurídica.

Sobre la detención de “Gabriel “N”, de 22 años de edad, la Fiscalía de Jalisco señaló que fue capturado “por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre, quien estuvo privado de su libertad en el Rancho Izaguirre y después fue liberado” junto con otra persona el 18 de septiembre de 2024, tras un enfrentamiento con las autoridades.


Gabriel “N” fue detenido el pasado 22 de marzo en el municipio de Acatic y puesto a disposición de un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. 

El presidente municipal de Tala, Gerardo Ruiz, confirmó a la cadena Televisa que los dos agentes ahora detenidos se habían dado de baja de la corporación de forma voluntaria el 26 de septiembre del año pasado, una semana después del aseguramiento del lugar.
Además, según N+, señaló que otro expolicía de Tala, identificado como Emmanuel “N” fue vinculado a proceso en octubre de 2024 por desaparición forzada.

Las detenciones se dan en el marco de las investigaciones del rancho Izaguirre en Teuchitlán, un presunto centro de adiestramiento y reclutamiento forzado del crimen organizado, en el que fueron hallados restos humanos, como confirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Reportes periodísticos también dieron cuenta de la presunta detención de Rubén “N”, otro expolicía de Tala, con lo que serían cuatro los exmiembros de la corporación detenidos en relación con el caso Teuchitlán. Esta última detención no ha sido confirmada aún oficialmente.

El sábado, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención del veracruzano José Gregorio “L”, presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como el “Comandante Lastra”, que contaba con un reporte como desaparecido desde agosto de 2020 y cuyo apellido aparece en las libretas halladas por colectivos de personas desaparecidas en el rancho Izaguirre.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los desaparecidos de Sheinbaum

La Presidenta de México se compromete a echar andar leyes, protocolos y plataformas que no están funcionando por falta de voluntad política

Durante años, décadas, familiares y colectivos buscadores de desaparecidos, han trabajado arduo, propuesto y presionado a las autoridades para la creación e implementación de leyes, reformas, protocolos, mecanismos, sistemas, plataformas y bases de datos para que sea posible y obligatoria, la investigación profesional, rápida y expedita del paradero de las personas obligadas a ausentarse violentamente, víctimas de diversos delitos.

Entre 2017 y 2022, tuvieron avances importantes en leyes y protocolos, logros en papel que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pareció ignorar, generando indignación tras el discurso del lunes 17 de marzo, cuando presentó sus seis acciones “para reforzar la atención al problema de las desapariciones forzadas”, en el país. La palabra clave para responder a las críticas de que no ofreció nada nuevo, fue “reforzar”, porque desde entonces sus aclaraciones han sido que su intención es “fortalecer”.

Adicionalmente existe la preocupación real de los activistas, de que estas propuestas que enfatizan la concentración de datos por parte del Gobierno de México se utilice para que de nuevo el gobierno rasure el padrón de desaparecidos.

En sus propuestas, la primera mandataria habló de protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata de desaparecidos y el inicio de investigaciones, como si fueran nuevas. Ambas acciones ya están ordenadas en la Ley, pero las corporaciones de las entidades del país no las cumplen. Aquí, lo interesante será ver que ahora los obliguen o los castiguen por no hacerlo.

Respecto al Certificado Único de Registro de Población que mencionó, como hermano gemelo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se exige en trámites gubernamentales, escolares, laborales y de salud, pero que, al fortalecerse ahora será requerida para “todos” los trámites de los registros administrativos del país “.para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”, en cuanto a su propuesta de la Base Única de Información Forense, sólo le cambió el nombre al ya existente (en papel y legislado): Banco Nacional de Datos Forenses que desde 2017 la Fiscalía General de la República, ha evitado echar a andar y que se supone debía cumplir ya siete años, alimentando con datos de los 32 servicios forenses y las fiscalías federales.

La Plataforma Nacional de Identificación Humana planteada por Sheinbaum es también el símil del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que el 9 de agosto de 2022 anunció el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que estaba echando a andar y casi tres años después continúa inoperante y  con un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y Reclamadas, desmantelado por el anterior gobierno y que según lo dicho por Sheinbaum, ahora se robustecerá.

Lo de “fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el fin de ampliar su capacidad de atención y la adquisición de equipos que acompañen la búsqueda con evidencia científica”, también ya está ordenado. En todo caso, lo novedoso sería “el compromiso” de publicar mensualmente la incidencia de las desapariciones, aunque legalmente esa información que debería ser pública.

También destacable, lo de equiparar el delito de desaparición con el secuestro, porque, aunque “la legislación actual establece penas homologadas para el delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”, como han destacado los críticos, la realidad es que tienen penalidades diferentes.

Quien secuestra o cometa delito de desaparición forzada, enfrentará penas de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa, más lo que acumulen por agravantes; mientras que, para quien comete el delito de desaparición, las condenas van de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa; y para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, la penalidad va de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. En ese contexto, lo de “equiparar” no suena mal, será cuestión de ver la aplicación real de la propuesta.

Al final, la oferta de la Presidenta resultó ser la de impulsar la implementación real de leyes y protocolos que, pese a existir, hasta hoy no están funcionando o lo hacen deficientemente por falta de voluntad política. Y de ser verdad, aunque echarlos andar es su obligación, esto sería un paso adelante, porque sus antecesores no lo han hecho.

De entrada, Claudia Sheinbaum no evadió el tema, y frente a la crisis que representó que el 12 de marzo la colectiva Guerreros Buscadores, localizaran restos óseos, decenas de objetos y prensas de vestir, propiedades de personas presuntamente desaparecidas y reclutadas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aparentemente usado como centro de entrenamiento, de exterminio y oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación, al abordar el tema de desaparecidos -como es su obligación constitucional-, reconoció nacionalmente la crisis que otros funcionarios intentan minimizar. Ya habló, y no se le puede permitir echarse para atrás.

Ciertamente sus líneas de acción carecen de novedad, pero al revivirlas, cambiarles el nombre como acostumbran hacer los nuevos gobernantes y agregarlas como reformas -aunque resulte ocioso- la doctora está, públicamente y moralmente, haciendo suyos compromisos que ya le imponían las leyes.

Ahora, como siempre toca a la sociedad organizada y a los colectivos analizar el contenido de las reformas, su utilidad, darles seguimiento a las promesas y exigirle a la Presidenta que cumpla.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

“Un pedazo de corazón”

Los políticos mexicanos, particularmente quienes ahora emanados de Morena gobiernan el país, han desarrollado una empatía selectiva. En su cargo juramentado para servir a todos y a todas sin importar raza, credo, afiliación política, edad, estrato social o ideología, ni defienden todas las causas sociales, ni apoyan a toda la sociedad, particularmente a aquella que se organiza sola y se agrupa, precisamente ante la insensibilidad de los servidores públicos para atender sus demandas y satisfacer sus necesidades.

Entre todos los grupos de la sociedad civil que han debido de congregarse ante la incapacidad e insensibilidad de la autoridad para responder y cumplir con su papel de gobernar para todos, en los últimos años resaltan aquellos de familiares de desaparecidos que han emprendido la búsqueda de los suyos, armados con picos y palas, abandonados por el gobierno y encaminados por la necesidad de localizar a sus consanguíneos.

En todos los estados de la República Mexicana hay colectivos de búsqueda de personas. En todas las entidades federativas, estos colectivos son ignorados por gobiernos y fiscalías estatales. En Baja California, por ejemplo, se dio el caso aquel cuando a los buscadores no los auxilió la Fiscalía General del Estado (FGE) para acompañarlos con maquinaria en su búsqueda y el gobierno fue implacable en su indiferencia: un diputado de Morena (Juan Manuel Molina, se llama) envió un comunicado con imágenes donde se le ve entregar a colectivos de búsqueda de personas, herramientas como picos y palas, adquiridas para su vanagloria personal, con los recursos públicos legislativos.

Con el descubrimiento por parte del colectivo Buscadores Guerreros de Jalisco el 5 de marzo del año en curso en un rancho de muerte y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la apatía, indiferencia e incapacidad gubernamental para atender la causa de los desaparecidos, que suma cientos de miles de casos en el país en los últimos diez años, ha sido más palpable, evidenciando esa empatía selectiva que parece distinguir a los políticos que hoy en día concentran el poder en México.

No sólo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró una reunión con los seguidores de su partido en el Zócalo el 9 de marzo, tres días después de descubierto el rancho del exterminio. Congregó a gobernadores de su partido, legisladores y líderes partidistas, y una semana después, se le vio bailando con una niña de secundaria en Chiapas, como parte de sus giras. La empatía de la Presidenta está con la niña que feliz baila, pero no con aquella cuyo padre, hermano o abuelo, están desaparecidos.

Claudia Sheinbaum ha intentado de todas formas zafarse de la responsabilidad de haber contribuido, de alguna manera, a la existencia de un rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sea como una herencia trágica y fatal de la política de los Abrazos, no balazos que imperó en el periodo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que proveyó impunidad a los cárteles de la droga para hacer ranchos de exterminio, asesinar personas, desaparecer a otras, extorsionar a unas más; o porque la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerce su facultad y obligación de investigar y procesar los casos de delitos que bajo su fuero debe indagar, como una instalación apócrifa donde se mantuvo secuestradas a personas, privadas de la libertad, donde se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, donde se habilitaron crematorios para deshacerse de cuerpos y se inhumaron restos, la titular del Poder Ejecutivo federal incluso ha intentado responsabilizar a la oposición y a sus “adversarios” de pagar millones de pesos en redes sociales para “atacarla” con el descubrimiento del horror en Teuchitlán, como si la indignación social a lo largo y ancho del país por lo allí sucedido no fuera orgánica, no fuera legítima, no fuera una terrible realidad del país.

La mandataria nacional debe justificar que alguien está pagando esas menciones antes de creer que así piensa y así se siente una parte del pueblo que ella gobierna para todos.

El jueves 20 de marzo, los buscadores regresaron al rancho del exterminio, luego que la FGR lo interviniera sólo para responsabilizar de omisiones a la Fiscalía de Jalisco, sin atraer el caso para su investigación, pero sí condenando a la autoridad local. Lo que encontraron los buscadores 15 días después de haber localizado el rancho, les afectó sobremanera: borraron todas las evidencias de la muerte, del exterminio, de la privación de la libertad de las personas, de los crematorios, de las zonas de adiestramiento y confinamiento, de la presencia de lo que se supone fueron cientos de personas que habitaron en condiciones terribles y fatales, esa propiedad.

Ni la FGR, ni la Presidencia de la República, ni la Fiscalía de Jalisco, podrán borrar los videos tomados por colectivos de búsqueda de personas cuando localizaron cientos de objetos ahí arrumbados que alguna vez pertenecieron a sus desaparecidos: mochilas, vestimenta, zapatos, productos personales y prendas. Huesos enterrados, restos que alguna vez conformaron un ser humano. Contra la limpieza del gobierno de toda evidencia de la comisión de delitos en ese rancho, están las pruebas de la atrocidad que documentaron los buscadores antes de la llegada de los gobiernos.

Los colectivos que acudieron el jueves 20 de marzo al rancho del exterminio están indignados, frustrados. Alejandra, una de las madres buscadoras, resumió: “Sentí más dolor, yo creí que venir aquí me iba a dar un poco de calma y me voy peor”.

Como muchos otros, se sintió burlada por la desaparición de toda evidencia por parte de la autoridad, “… el Gobierno, no se vale que se burle de nosotros, entras como en un zoológico, un museo, donde yo no vengo a ser la burla de nadie; yo vengo a buscar a mi hijo y a mi sobrino, lo único que quiero es encontrarlos”.

Alejandra invitó a las autoridades a acompañarlos, a entenderlos, a que “tengamos un pedazo de corazón aquí”. Pero ni ella ni los colectivos de buscadores a lo largo de los estados de la República Mexicana, ni los desaparecidos, cuentan con la empatía de una clase política selectiva con las causas sociales, indiferente al dolor de una parte de la población, en la que efectivamente no dejan ni “un pedazo de corazón”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Conagua y el gobierno de Oaxaca reiniciarán la construcción de la presa Paso Ancho, clausurada en 2014

La construcción de una presa que busca suministrar agua a la zona metropolitana de la capital de Oaxaca, clausurada por la Profepa hace una década, será retomada por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Salomón Jara.

Desde 2014, el proyecto de la presa Paso Ancho en Oaxaca fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, el próximo mes de agosto reiniciará la construcción de la obra y cambiará de nombre a “Margarita Maza” en honor a la esposa del expresidente de México, Benito Juárez García.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó esta semana que la presa forma parte de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico presentado la semana anterior por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el que se planea atender las zonas con mayor escasez de agua en el país.

De acuerdo con este plan, la construcción de la presa “Margarita Maza” iniciará en agosto de este año y se concluirá a principios del 2027, y tendrá una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos.

Se busca garantizar mil litros de agua por segundo y beneficiar a los habitantes de la zona metropolitana de la capital oaxaqueña; es decir, alrededor de 650 mil personas.

“Vamos en ruta correcta, Oaxaca seguirá siendo el motor de crecimiento del sur-sureste y ejemplo de que la Cuarta Transformación coloca en primer lugar a los más pobres y genera una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos”, dijo el gobernador el pasado 17 de marzo.

¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?

La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012, durante la administración del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.

En esa fecha, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra), a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra (quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024) pagó a dos empresas por adjudicación directa al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho, que debían incluir un análisis jurídico.

Uno de los contratos fue para la empresa “Planeación, Sistemas y Control, SA de CV” del Distrito Federal, por 980 mil pesos, y otro a “QV Gestión Ambiental S. C.” por 958 mil pesos.

Pero meses después la Profepa clausuró el proyecto “de manera total temporal” por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Semarnat informó que la empresa responsable de obra, Tradeco infraestructura, no presentó información técnica y documentación legal del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de más de una hectárea.

La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades.

Es un proyecto inviable, dicen organizaciones

Desde agosto de 2024, al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, calificaron de inviable técnica, social y jurídicamente esta iniciativa, además de costosa.

Debido a los antecedentes del proyecto Paso Ancho, clausurado por la Profepa en 2014, pidieron su justificación ecológica, económica y ambiental, así como sus impactos esperados.

El ambientalista Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), advirtió que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, sino que requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.

Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso.

“Sabemos que tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras, y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”, comentó.

Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.

Las organizaciones integrantes del OCCAMA  señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ROCÍO FLORES.

Inician obras del tren México-Pachuca; tardará año y medio y generará 40 mil empleos directos, estiman

En las obras del tren México-Pachuca podría haber temas sobre la liberación del derecho de vías, pero ya se está dialogando con comunidades, señaló el gobernador de Hidalgo.

Acompañada del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio a las obras del tren de pasajeros México-Pachuca el cual tardará año y medio en su construcción y se estima que generará 40 mil empleos directos.

“Hoy inicia la construcción del tren México-Pachuca, muy rápido. Ya saben que durante todo el periodo del neoliberalismo, cuando privatizaron los trenes, en particular éste dejó de funcionar, ni carga ni pasajeros”, señaló la mandataria desde Zempoala este sábado 22 de marzo.

Andrés Lajous, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, detalló que el recorrido del tren será desde Buenavista, pasando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), hasta Pachuca.

El tren viajará a una velocidad de 120 kilómetros por horas, lo cual significa que el recorrido será de 1 horas y 15 minutos desde Buenavista y 38 minutos a partir del AIFA, lo cual “hará un cambio importante para las personas que viajan cotidianamente”, entre CDMX y la capital hidalguense, señaló el funcionario.

Por su parte, Gustavo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, señaló que el área a su cargo tiene “la misión” de terminar el proyecto en un año y medio, e informó que desde el pasado 20 de noviembre ya recibieron recursos.

Tanto el gobierno federal como el local, a través del gobernador Julio Menchaca, estiman que las obras del tren México-Pachuca generarán alrededor de 40 mil empleos directos y el doble de indirectos.

El mandatario también mencionó que durante la construcción se pueden presentar algunos inconvenientes, uno de ellos sería la liberación del derecho de vía en algunas comunidades del municipio de Zempoala en las cuales, dijo, ya se entabló diálogo con el objetivo de “hacer todo lo correcto”.

En el evento, la presidenta Sheinbaum dijo que este año también iniciará la construcción del tren México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo León.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.