Pese a que fue torturado por policías ministeriales para que firmara una declaración en español que no hizo ni entendió, la Fiscalía de Veracruz cerró el caso de Diego, indígena ñuhú, sin realizar una investigación.
Diego Fernando Bonilla es una persona indígena ñuhú de 45 años, originario de la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec, en la sierra norte de Veracruz. El 29 de mayo de 2023, visitó a su amigo Adán Reyes y mientras ambos platicaban y bebían cerveza, le dispararon a su amigo.
Eran casi las 9 de la noche. En los alrededores de la vivienda donde ocurrió el crimen, en los límites de la comunidad, no hay alumbrado público y con apenas una tenue luz de un foco en la terraza, Diego no pudo ver al agresor.
“Yo estaba con mi amigo, los dos en el celular, tomando una caguama, cuando de repente se escuchó el disparo”, relató Diego como parte de su declaración. Al escuchar la detonación, Diego se tiró al suelo por miedo.
Pese a que no vio al atacante, en la declaración que presentaron los ministeriales, adscritos a la Fiscalía en Huayacocotla, Veracruz, quedó asentada una descripción detallada del presunto agresor: cómo iba vestido, el color de su ropa y sus zapatos. Esa versión fue utilizada por la Fiscalía para incriminar a un policía llamado Silverio Reyes, hermano de Adán. Por esas fechas iban a darle a Silverio su nombramiento como segundo comandante de Texcatepec.
Cuando los elementos de la Policía Ministerial llevaron a Diego a la Fiscalía en Huayacocotla para que declarara no tuvo traducción, a pesar de que su idioma materno es el ñuhú y de español habla casi nada.
Antes de declarar, Diego fue torturado por los agentes, quienes lo obligaron a firmar una hoja en blanco.
Después, en presencia de un intérprete oficial, Diego relató lo ocurrido, pero tanto el fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio y redactaron una versión en español que él no comprendió.
“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”, afirma el abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.
Diego insiste en que nunca vio al agresor: “Ellos me querían obligar. Yo les dije: ¿Cómo voy a decir si no sé?”.
Diego exige justicia. No solo porque policías ministeriales lo torturaron sino también porque fabricaron su declaración para que incriminara a un hombre por el homicidio de su amigo. El caso de Diego ejemplifica lo que las cifras confirman: en Veracruz la tortura es utilizada como un método de investigación criminal.
El 30 de junio de 2023, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia por tortura. Pero el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura les notificó su decisión de no ejercer acción penal y turnó el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. A finales de mayo de este año, el caso de tortura fue cerrado sin ninguna investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Pero todavía quedan recursos por agotar, este 12 de junio un juzgado en Xalapa resolverá la impugnación que presentó la defensa de Diego contra el cierre de la investigación.
“No hay un argumento como tal. Dijeron ‘no hay delito’, pero sin investigar”, dice el abogado Romero. La defensa de Diego denuncia que nunca se le entrevistó por la tortura ni a la esposa de la víctima de homicidio, quién escuchó los gritos de Diego cuando era interrogado.
“Lo que vemos es que están encubriendo a los policías ministeriales”, señala Romero.
El caso de Diego no es aislado, Veracruz es el segundo estado del país con más carpetas de investigación abiertas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, solo por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Solo entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2 mil 441 carpetas de investigación relacionadas con el delito de tortura y tratos crueles e inhumanos. Pero no solo eso, Veracruz es la entidad con más víctimas registradas a nivel nacional por tortura, con 4 mil 061 personas afectadas.
Además, los grupos más vulnerables, de acuerdo con las cifras, son personas con discapacidad, con 993 casos, y personas indígenas, con 667 casos. Mientras que las instituciones más señaladas son las que deberían proteger a la población, no torturarla, como la Policía Ministerial, con mil 352 casos, y luego las Secretarías de Seguridad Pública estatales.
Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que Veracruz es el estado con más víctimas del delito de tortura y el segundo con más carpeta de investigación porque en una carpeta de investigación puede haber varias personas víctimas, “no significa que porque haya una carpeta abierta solo sea una víctima, entonces a pesar de que Veracruz tiene un poco menos de carpetas que la Ciudad de México en estos cinco años tienen más víctimas que la Ciudad de México”.
“Y eso nos habla de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada. Otro dato importante es que la autoridad más señalada en el caso de Veracruz es la policía ministerial, lo que concuerda con el caso de Diego, donde están señalados policías ministeriales de cometer estos actos”, dice en entrevista.
Por su parte, José de Jesús Segovia Villeda, también abogado del Centro Prodh, comenta que el caso de Diego también es muestra de las barreras que tienen las personas pertenecientes a comunidades indígenas para acceder a la justicia.
De hecho, el caso de Diego está siendo documentado en un informe de El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET) sobre estas barreras, la más común es que no cuenten con una traducción a la hora de hacer su declaración.
“Este sistema hace que las personas indígenas todavía estén en mayor vulnerabilidad”, comenta Jesús Segovia.
Mientras tanto, la vida de Diego y de su comunidad se vieron totalmente impactadas. Diego sufrió una afectación psicológica con base en su cosmovisión otomí, según la cual perdió su sombra, sufrió un espanto, lo que afectó también su contexto comunitario, cuentan Jesús e Isaac.
Al perder la sombra o el alma, Diego perdió el apetito, tuvo episodios de estrés, enfrentó miedo a salir de su comunidad y se aisló de su familia.
“Él un año se la pasó viviendo con su mamá o sea no dormía en su casa, entonces toda la comunidad estuvo al pendiente de él, entonces en la comunidad todos lo arroparon o la gran parte, la mayoría lo arropó”, dice Isaac.
Para recuperar su sombra, curanderos tuvieron que hacerle tres curaciones. “Fue un proceso muy grande que se hizo en la comunidad”, añade.
Ahora, la comunidad El Pericón también exige justicia para Diego y que se castigue a los policías que lo torturaron.
“No me pueden dejar así, porque si cierran la carpeta quiere decir que no hacen justicia. Quiero que hagan justicia, que me respeten, que me vean, porque lo que me hicieron la fiscalía, los policías, no me gustó: me enrollaron con la cobija, me tiraron al suelo. Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”, dice Diego en un mensaje que envió a Animal Político, que fue traducido por las personas que lo acompañan.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN, GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
