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miércoles, abril 23, 2025

Senado impugnará candidatos a elección judicial con presuntos nexos con narcos

La agrupación civil Defensorxs documentó 13 "candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades".

El Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una veintena de candidatos a juzgadores, en la elección del próximo 1 de junio, presuntamente ligados al narcotráfico, informó el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

El martes, Fernández Noroña expuso a medios que han “detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder” al Poder Judicial mediante las elecciones del 1 de junio y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a retirar esas candidaturas.

Ante ello, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que será el Senado y el TEPJF, y no la autoridad electoral, los que resuelvan si algún candidato a la elección judicial no cumplen requisitos de elegibilidad, entre ellos el de probidad.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Fernández Noroña consideró que “estamos en buen tiempo” para retirar, antes de la jornada electoral, a los candidatos que no cumplan con el perfil de probidad que se requiere para formar parte del sistema de justicia.

“Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas”, dijo el presidente del Senado mexicano, y añadió que “no se trata de un capricho ni de veto en contra de alguna persona, sino de evitar que participen en la jornada personas que hayan defendido a narcotraficantes o que de manera sistemática hayan entregado amparos para liberarlos de la cárcel”.

Fernández Noroña agregó que las candidaturas que no son idóneas “no pasan de una veintena” de casos excepcionales y avisó que no dará nombres de los candidatos.

No obstante, el senador señaló que, en su momento, se conocerán a las personas que se hayan impugnado desde el Legislativo.

El presidente de la Cámara Alta consideró que se deben retirar las candidaturas en los casos excepcionales, antes del proceso electoral.
Estamos a tiempo, pues se trata de una señal de alerta que hay que atender.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos judiciales que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Banco Mundial baja a cero la estimación de crecimiento para México durante 2025

El Banco Mundial (BM) ajustó a la baja, el 23 de abril de 2025, su previsión de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe, hasta el 2.1 por ciento durante el presente año, lo que la convertiría en la región de menor crecimiento a nivel global.

El organismo internacional informó que el bajo crecimiento regional se daría en un contexto marcado por la baja inversión, el endeudamiento elevado y un entorno externo cambiante, que, según advirtió, constituirían importantes obstáculos para el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe.

Las previsiones actualizadas del BM para el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe fueron más bajas que las del informe de octubre de 2024, cuando esperaba que el producto interno bruto (PIB) regional se expandiera un 2.6 por ciento durante 2025, pero también fueron más negativas que las proyecciones divulgadas en enero del presente año, cuando preveía que la economía regional crecería un 2.5 por ciento.

Asimismo, la nueva estimación para el próximo año de una expansión del PIB del 2.4 por ciento también fue más baja, ya que en enero de 2025, el Banco Mundial estimó que en 2026 la economía de Latinoamérica y el Caribe crecería un 2.6 por ciento.

“El panorama económico mundial ha cambiado drásticamente, marcado por mayores niveles de incertidumbre. Los países deben recalibrar sus estrategias e impulsar reformas audaces y prácticas que impulsen la productividad y la competitividad”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del BM.

“El acceso a la tecnología y el aprovechamiento de las economías de escala indican que el comercio y la IED [inversión extranjera directa] siguen siendo esenciales para acelerar el crecimiento en América Latina y el Caribe”, indicó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Dicho funcionario del BM agregó que una lista más amplia de destinos comerciales y exportaciones de servicios, así como la deslocalización de recursos, ofrecían oportunidades a la región, lo que “requiere aumentar tanto la productividad como la agilidad”.

El Banco Mundial consideró clave que los países de Latinoamérica y el Caribe abordaran las brechas persistentes en infraestructura, educación, comercio y gobernanza, para garantizar la creación de empleo y mejores oportunidades para las empresas y los ciudadanos.

Asimismo, el organismo internacional anunció que estimaba que la economía de México registraría un crecimiento cero el presente año, tras la proyección previa de una expansión del 1.5 por ciento.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Quema de vehículos bloquea cuatro puntos carreteros de Guanajuato

Los hechos se registraron de manera simultánea a los bloqueos y quemas ocurridas en el vecino estado de Michoacán durante la tarde de este miércoles.

La quema de vehículos de carga bloqueó cuatro puntos carreteros en el sureste de Guanajuato, lo que provocó que la circulación de vehículos se viera interrumpida en la carretera federal 1110, en el tramo de Abasolo a La Piedad, Michoacán.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, la quema de los tráiler se debió a un intento de robo.

Los hechos se registraron de manera simultánea a los bloqueos y quemas ocurridas en el vecino estado de Michoacán durante la tarde de este miércoles.

Por el incendio de los vehículos de carga en las vialidades de Guanajuato se presentaron afectaciones en las vías de comunicación y se pidió a la población evitar el tramo carretero de Pénjamo a La Piedad.

Los reportes de los incendios comenzaron a recibirse minutos después de las 15:00 horas de este miércoles. Se tienen detectados cuatro puntos donde se hicieron las quemas.
  • Carretera Pénjamo - Abasolo, a la altura del puente conocido como Los Ocotes, entre las comunidades de Soledad de Morales y Los Pinos.
  • Carretera Pénjamo - La Piedad, a la altura del tramo identificado como Albapesa.
  • Carretera Estatal Libre Abasolo - San Gregorio, en el tramo cercano al Cecyteg.
  • Carretera Federal 90 La Piedad - Pénjamo, a la altura del puente conocido como La Maraña o La Purísima, antes de llegar a la comunidad La Estrella.
"En Guanajuato, la situación se encuentra contenida y bajo control. Las autoridades de seguridad estatal, en coordinación con instancias federales, trabajan en la liberación total de las vías afectadas, priorizando la seguridad de las y los ciudadanos", publicó en sus redes sociales el secretario Juan Mauro González Martínez.

El funcionario estatal agregó que se mantienen los operativos coordinados interestatales, en colaboración con las Fuerzas Armadas, así como las autoridades de los estados vecinos para ubicar a las personas responsables y evitar nuevas quemas.

"Entre las acciones implementadas se incluye refuerzo de la seguridad y vigilancia por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en las regiones X, VIII y VI, especialmente en los municipios de León, San Francisco y Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Uriangato", agregó el secretario de Seguridad de Guanajuato.

Dijo que también han pedido a las policías municipales del sureste de Guanajuato estar alertas ante la posibilidad de nuevas quemas y bloqueos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARMEN PIZANO.

Tribunal Electoral batea impugnación del PAN contra Andrea Chávez

La queja de Acción Nacional contra la senadora morenista será remitida al Organismo Público Local Electoral de Chihuahua, que deberá llevar a cabo las indagaciones.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó este miércoles una impugnación del Partido Acción Nacional (PAN) que buscaba obligar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) a determinar si los actos de proselitismo de la senadora morenista Andrea Chávez Treviño en Chihuahua constituyen actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental.

Como producto de esta decisión, adoptada por unanimidad, la queja del PAN será remitida al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Chihuahua, que deberá llevar a cabo las indagaciones.

Desde hace varios meses, la joven senadora de Morena, muy cercana del senador Adán Augusto López Hernández, está promocionando su imagen en espectaculares, unidades de salud móviles y ambulancias –con su rostro y nombre impresos-- desplegadas en “caravanas” y en “brigadas de salud” en diversas partes de Chihuahua, estado del que aspira a ser gobernadora en 2027.

La polémica

Los actos de propaganda de la senadora ocuparon el centro de la conversación pública cuando el Latinus reveló que las unidades móviles pertenecían a un empresario, amigo de López Hernández y contratista de gobiernos de Morena, y cuando la propia Andrea Chávez reconoció, en un programa radiofónico, que los recursos de sus actividades provenían de la iniciativa privada.

El pasado 3 de abril, Proceso reveló que al menos una de las ambulancias que forman parte de la flotilla de promoción de Chávez está registrada en nombre del Instituto de Salud del Estado de México –entidad gobernada por Morena—y que otra proviene de la empresa Lease and Fleet Solutions, cuyo presidente, el priista Luis Humberto Montaño García, es dueño de la compañía Lumo Financiera del Centro, una de las empresas más favorecidas por contratos públicos durante la llamada Cuarta Transformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluso tuvo que intervenir y, en un mensaje indirecto a Chávez, anunció que enviaría una carta a los militantes de Morena para que no adelanten sus campañas políticas. El próximo 4 de mayo, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador tendrá su Consejo Nacional, en el que se definirán sus reglas para las elecciones de 2027.

Al margen de Morena, el pasado 1º de abril el PAN presentó una denuncia contra Chávez ante el INE. El partido blanquiazul, que controla Chihuahua, denunció a la morenista por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como propaganda gubernamental.

Acto seguido, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se declaró incompetente para recibir la queja, y la remitió al OPLE de Chihuahua, bajo el argumento de que la senadora aspira a ser gobernadora de su entidad, por lo que la autoridad investigadora debe ser estatal.

El PAN impugnó, aseverando que su denuncia implicaba delitos electorales como promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, y que Chávez es senadora y no servidora pública estatal.

La Sala Superior del TEPJF consideró que los argumentos del PAN no son válidos, por lo que confirmó la decisión del INE y remitió la queja a la autoridad electoral estatal de Chihuahua.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Ola de narcobloqueos sacude a Michoacán; grupos criminales incendian vehículos y Oxxos

Los principales municipios afectados fueron Apatzingán, Zamora, Uruapan, La Piedad, Chilchota, Zacapu, Yurécuaro, Ecuandureo, Buenavista, Aguililla, Carapan, Purépero e incluso Morelia.

La tarde de este miércoles, grupos criminales incendiaron autobuses, tráileres y otros vehículos, con los que realizaron más de quince bloqueos carreteros en varios municipios michoacanos, algunos de ellos de la región de Tierra Caliente, además de que quemaron tiendas Oxxo.

Según reportes extraoficiales, los principales municipios afectados fueron Apatzingán, Zamora, Uruapan, La Piedad, Chilchota, Zacapu, Yurécuaro, Ecuandureo, Buenavista, Aguililla, Carapan, Purépero e incluso Morelia, entre otros.

Las hostilidades empezaron de manera simultánea, poco después de las 14:00 horas, cuando un tráiler fue quemado cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Carapan y también se descubrió otro camión de carga en llamas, debajo de un puente de El Sauz de Abajo, en Zamora y en Chilchota.

Asimismo, fueron quemadas dos tiendas Oxxo en Apatzingán y se reportó la quema de vehículos en diversas carreteras, como la Apatzingán-Buenavista y Apatzingán-Aguililla, con hechos similares en Uruapan, Zacapu, Yurécuaro.

Más tarde, automovilistas reportaron a las líneas de emergencias el incendio de un tractocamión en la carretera Tuxpan–Zitácuaro, así como en la carretera a Guadalajara, a la altura de Contepec, donde fue reportado un enfrentamiento.

Los brotes de violencia alcanzaron horas después a la ciudad de Morelia, donde se registró la quema de al menos tres vehículos en la zona norte, uno de ellos sobre la avenida Morelos Norte, a la altura del Tecnológico; otro en los túneles y el último a la altura de la avenida Viaducto.

Respuesta a operativos: SSP

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los actos de violencia fueron perpetrados por grupos delincuenciales en respuesta a una serie de operativos que se han desarrollado en materia de seguridad, aunque no precisó si como resultado de esas acciones hubo alguna detención de alto impacto.

Según la corporación estatal, junto con la Guardia nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron diversas acciones operativas en distintos puntos de la entidad para atender los bloqueos carreteros.

“Las labores operativas —indicó— se han reforzado en las regiones de Zamora, Zacapu, Apatzingán, La Piedad y Morelia a fin de dar con los responsables de estos hechos, restablecer el libre tránsito y garantizar la integridad de la población”.
Aunque hasta el cierre de esta información el gobierno estatal no había dado a conocer un balance de las consecuencias de estos actos violentos, a través de sus redes sociales el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5 Michoacán), enumeró más de 15 puntos carreteros y vialidades donde se habían registrado bloqueos y quema de vehículos con la recomendación de que la ciudadanía evitara transitar por esos lugares:

Uruapan–Carapan, a la altura de Carapan; Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de San Andrés Corú; Uruapan-Los Reyes, a la altura de la comunidad de San Lorenzo; San Andrés Ziróndaro y Santa Fe de la Laguna; Pátzcuaro-Erongarícuaro; Quiroga-El Correo; Entrada a Tiríndaro, municipio de Zacapu; Autopista Occidente km 280, en Huaniqueo; Maravatío-Atlacomulco km 142; Morelia-Guadalajara km 65; carretera libre entre Vista Hermosa y Yurécuaro; La Piedad-Zamora, a la altura del Cereso; Apatzingán-Buenavista, a la altura de la desviación a “El Recreo”; Zitácuaro-Morelia, desviación Jungapeo; Av. Morelos Norte y Libramiento en Morelia; Purépero-La Piedad, a la altura del lugar conocido como el "Rancho Los Carichi".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Morena alista consejo para definir reglas contra nepotismo y actos anticipados de campaña

Como respuesta a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 4 de mayo el Consejo Nacional de Morena sesionará para definir las reglas internas de sus aspirantes a cargos públicos y evitar el nepotismo.

Los consejeros nacionales del partido Morena se reunirán el próximo domingo 4 de mayo con la intención de definir acuerdos en torno a dos temas: cómo evitar el nepotismo entre sus candidaturas rumbo a las próximas elecciones y para establecer reglas de comportamiento a quienes aspiran a contender un cargo público.

La sesión de los 300 consejeros nacionales buscará resolver la petición que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la dirigencia morenista de fijar reglas del comportamiento de integrantes de su partido a un cargo en próximos comicios, luego que la senadora Andrea Chávez, aspirante a la gubernatura de Chihuahua, comenzó la promoción de su imagen cuatro años antes de la elección en esa entidad, a través de unidades médicas móviles.

Morena buscará acuerdos

El otro acuerdo que busca establecer la dirigencia morenista, en torno a la prohibición del nepotismo, derivó de una iniciativa de ley también propuesta por Sheinbaum, para que en las elecciones no sean postuladas personas con familiares directos de quienes ocupan actualmente un cargo.

La reforma fue modificada por un acuerdo entre senadores del propio Morena y del Partido Verde Ecologista de México, para que entre en vigor hasta 2030 y no en 2027, como había propuesto la mandataria; sin embargo, la dirigencia morenista aseguró que su organización aplicará esa restricción en sus candidaturas desde el próximo año y en la próxima elección federal de 2027.

Este lunes, la dirigente de Morena, Luis María Alcalde, informó que el presidente del Consejo Nacional de ese partido, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, ya emitió la convocatoria para la sesión que se celebrará el primer domingo de mayo.

Alcalde Luján confirmó que buscarán tomar acuerdos para erradicar el nepotismo entre los postulantes a un cargo público y para delinear qué pueden hacer las personas aspirantes, en torno a actos anticipados de campaña.

“El segundo punto, también discutir los lineamientos del comportamiento ético, moral, que deben tener nuestros representantes, servidoras y servidores públicos, protagonistas del cambio verdadero, militantes de Morena, sobre todo rumbo a la elección del 2027. Es decir, reglas claras sobre qué se puede y qué no se puede hacer y cuándo son los tiempos para hacerlos. 

La morenista no precisó detalles sobre la sede de la sesión ni el formato en que será realizado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Repatriaciones de infancias migrantes alcanzan récord en 2024 y el Estado mexicano falla en su protección, señalan organizaciones

Una de cada cuatro personas que migran es menor de edad, y en 2024, bajo la presidencia de Joe Biden, las políticas migratorias de EU alcanzaron un nuevo máximo histórico en la repatriación de niñas, niños y adolescentes.

Yair tiene 21 años y es de Honduras. Lleva cinco años viviendo en la Ciudad de México. Llegó a los 15, y prácticamente se crió y estudió en la Casa de acogida, formación y empoderamiento para mujeres y familias migrantes y refugiadas (Cafemin). Hoy está a cargo del taller de panadería.

“Lo que yo sé hoy en día y a lo que me dedico, de aquí salió todo, de esta panadería y de este albergue: el estudio, el esfuerzo, todo lo que he aprendido”, sostiene. Yair llegó a México como adolescente no acompañado desde su país de origen, y ahora trabaja formalmente en restaurantes e incluso ganó un premio. Estudió atención al comensal, barista, panadería y gastronomía internacional. Además, está terminando la preparatoria. 

Se expresa como un chef profesional, porque lo es. Cuando eres chef, explica, es necesario presentarse junto al equipo de apoyo. Por eso prefiere hablar de su historia al interior de la cocina, rodeado por el escenario y los utensilios que le son familiares. “No solo yo hice esto, lo hicimos todos”, se refiere a los panqués y galletas que están sobre la mesa. Dice que el pan no debe secar la boca y cuenta en qué restaurantes empezó a trabajar y cómo ganó su premio cuando se le ocurrió, ante la falta de leche o agua, ponerle yogur a la masa para las conchas.

No todas las niñas, niños y adolescentes que se albergan en Cafemin corren con la misma suerte, sobre todo ante el viraje de las políticas migratorias tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el recrudecimiento de las acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en México.

Un niño menor que Yair le preguntó a la hermana María Magdalena Silva Rentería, encargada del albergue, si le podía dar una mochilita. Ella pensó que la necesitaba para la escuela, pero pronto se dio cuenta de que quería empacar sus cosas porque su mamá quiere regresar a su país de origen. Como muchos otros, ese niño se enfrenta hoy a fuertes sentimientos de frustración y fracaso. 

La hermana Silva confiesa que ese encuentro no deja de darle vueltas en la mente. Relata la escena un martes en medio del ambiente entre festivo –por las visitas– y preocupante que se vive en el albergue. El diagnóstico de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) que se presenta este día dice que una de cada cuatro personas que migran son niñas, niños y adolescentes, la mayoría acompañados, pero una gran proporción, como ocurrió con Yair, no.


Infancias y adolescencias migrantes frente a la desprotección del Estado mexicano

De cualquiera de las dos formas, se enfrentan a problemáticas específicas durante su estancia en albergues, pero hoy están, además, ante un Estado que activamente genera cada vez una mayor desprotección de la niñez y adolescencia que migra. Mientras que en todo 2023 se reportaron 113 mil 660 eventos de niñas, niños o adolescentes en situación migratoria irregular, solo en el primer semestre de 2024 se alcanzó cerca de un 75 % de esa cifra, recuerda el reporte. 

Sin embargo, la estadística, precisan las organizaciones, si bien evidencia una tendencia al incremento de la movilidad, desenmascaran una doble falacia: la ineficacia de las medidas de militarización para disuadir la migración y “resolver” el aumento del tránsito por México, así como la supuesta pretensión de proteger a las personas migrantes que pasan por el país. Las políticas de las autoridades mexicanas más bien han llevado a prácticas deshumanizantes que promueven la visión de quienes migran como “ilegales”.

Además, de acuerdo con datos de los Boletines estadísticos 2010-2024 de la Unidad Política Migratoria, recabados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2024 sumaron 30 mil 321 las personas de entre 0 y 17 años –de las que 31.6 % eran mujeres y 68.4 % hombres– que fueron repatriadas de Estados Unidos a México.

Por otro lado, las repatriaciones de infancias y adolescencias migrantes desde Estados Unidos, que habían disminuido entre 2010 y 2020, alcanzaron un máximo histórico anual en 2024. Después de la reducción de movilidad que produjo la pandemia en 2020, entre 2023 y 2024 se registró un incremento de 21.4 % en repatriaciones de personas en el rango de edad de 0 a 17 años. 

En total, precisa la REDIM, de 2010 a 2024 se han reportado 47 mil 738 repatriaciones de mujeres y 210 mil 262 de hombres en el grupo etario de 0 a 17 años. Durante 2024, una de cada cuatro se concentró en Chiapas, Guerrero y Guanajuato. En tanto, tres de cada cinco estaban acompañadas, mientras que dos no. Sin embargo, en el caso de las y los adolescentes –12 a 17 años–, la mayoría no estaban acompañados (69.5 %), mientras que cuando se trata de las infancias de 0 a 11 años la proporción de acompañadas alcanza un 98.7 %.

“La combinación de estas condiciones, derivadas de la desprotección estatal y el desbordamiento de capacidades de los albergues que atienden a las niñas, los niños y adolescentes, ha generado serios obstáculos en la protección de la niñez y adolescencia dentro de estos mismos albergues”, apunta el informe. 

Además, afecta al personal encargado de su cuidado, pues la falta de recursos impide que los albergues puedan cubrir todas las necesidades de las infancias, tanto en términos financieros como humanos. Por ello, aseguran que es imprescindible desarrollar nuevas estrategias para identificar herramientas y metodologías más apropiadas y eficientes.

“Este albergue ha sido más que un lugar de paso”

En Cafemin, por ejemplo, señala la hermana Silva, de 119 personas que se encuentran actualmente albergadas, 57 son niñas, niños o adolescentes, quienes se enfrentan a diversos escenarios luego de un periodo en el que, mediante diversos esfuerzos y diálogos, se habían logrado alrededor de 400 reunificaciones familiares, que ahora ya no son posibles. Eso ha transformado al mismo tiempo el escenario de expectativas y el cómo impactan en las infancias. 

Además de las personas albergadas, en las calles aledañas permanece instalado un campamento con casi 500 personas. Considerando el gran total –más de 600–, cerca de un 60 % quiere regresar a su país de origen, lo que produce en las infancias fuertes sentimientos de frustración y fracaso; otro 25 a 30 % está planeando quedarse en México ante la imposibilidad creciente de cruzar hacia Estados Unidos, mientras que una población más reducida todavía espera el “milagro” de que vuelvan a abrirse las fronteras. 

“Este albergue ha sido más que un lugar de paso. A través del canto queremos compartir un pedacito de lo que sentimos”, dice una niña que hace de maestra de ceremonias después de la presentación del informe. Diferentes grupos de infancias, con máscaras de diversos animales o guitarras de cartón, entonan “Mi granja” y “La primavera llegó”. Valentina e Iker, un dueto, siguen con “Poco loco”. 

La presentación termina con una canción que recuerda la esperanza y la confianza de lo que la vida les puede ofrecer, dice la conductora. “Color esperanza” suena a capela, con un joven del personal del albergue que les guía con la guitarra. “Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera”, elevan la voz las niñas y niños mientras sostienen en el escenario banderas de sus diferentes países de origen: Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Perú… 

Según los datos recabados por el informe, la población más frecuentemente atendida en albergues son mujeres en estado de gestación, niñas y niños entre los 6 y 7 años de edad, e infancias entre los 8 y 13. La niñez y adolescencia migrantes enfrentan vulnerabilidades especiales, agrega. Además de su edad, están regularmente expuestos a una categoría adicional de riesgo, como la condición migratoria, el género, las limitaciones de idioma y las carencias económicas, factores que incrementan su vulnerabilidad.

Sin embargo, muchos espacios de acogida no cuentan con áreas específicas para la niñez, además de que esta puede ser víctima de violencia intrafamiliar, en lo particular cuando les son asignados roles inapropiados para su edad, como maternar o paternar a hermanos más jóvenes. 

A esto se suma el condicionamiento de la niñez y adolescencia migrante, por parte de autoridades estatales, para que opten por el retorno como primera respuesta, así como barreras diversas que les impiden solicitar y recibir protección internacional. Aunado a ello, en muchos albergues enfrentan dificultades en el acceso a derechos como educación, recreación y salud.

El informe también destaca que se han identificado niñas y niños en riesgo de apatridia debido a las dificultades que encaran para obtener el reconocimiento de la nacionalidad en su país de nacimiento cuando nacen durante el tránsito migratorio o en México. El reporte también consigna una serie de buenas prácticas dirigidas a los albergues.

“Preocupa la falta de voluntad estatal para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Se evidencia que la respuesta de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es lenta e ineficaz. Además, persiste la negativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de inscribir a infancias en guarderías, lo cual genera una carga adicional para los albergues”, consigna en una de sus conclusiones.

“He aprendido que cuando enseñas, no solo enseñas tú –dice Yair–, también aprendes, siempre hay un: ‘ah, pero, chef, por qué no le pone esto, en vez de esto’; por ejemplo, cuando son de otros países, me han traído recetas de otros países, que tienen otros ingredientes que a lo mejor aquí se llaman con otro nombre; yo las recetas que me enseñan, las trato de mejorar”, asegura entre su equipo, compuesto por niños y adolescentes de diversos países de Latinoamérica.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

México, segundo en asesinatos de defensoras ambientales: la violencia, por megaproyectos

Al menos 35 defensoras de la tierra fueron asesinadas en Mesoamérica, principalmente en Honduras, México y Guatemala, de 2012 a 2024, denuncia la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

Las mujeres que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales representan el mayor número de activistas agredidas en América Latina entre 2012 y 2024, con nueve mil 629 actos violentos, entre ellos 35 asesinatos, alerta la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

En su informe “La tierra para quienes la trabajan y la defienden. 10 +Años de agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”, se expone que en el periodo de análisis las activistas víctimas de asesinato radicaban en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, el informe resalta que en el caso de México (de 2022 a 2024) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se documentaron “860 agresiones contra defensoras del territorio que se enfrentaron a granes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructuras”.

El documento forma parte de un estudio más amplio, “Datos que nos duelen, redes que nos salvan”, en el que se documentan 43 mil 186 agresiones contra estas defensoras, entre 2012 y 2024, de las cuales 22.3%, el mayor número de víctimas, se concentró en los colectivos y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica.

De las nueve mil 629 agresiones a defensoras de territorio, 62% se registraron en Honduras, con sies mil 764 casos; mientras que “en México, El Salvador y Guatemala las agresiones durante esos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3%, respectivamente”, detalla el informe.
Algunas de las agresiones registradas se dieron en el contexto de actos de resistencia ante el megaproyecto del Tren Maya, la megagranja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación de agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.
El informe abunda que en el mismo periodo se documentaron 738 agresiones a defensoras de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, “cuyas luchas en ocasiones se entrecruzan con la defensa de la tierra y el territorio”.

De la evolución de las agresiones entre 2012 y 2024, la organización resalta el paulatino incremento de la violencia contra las defensoras, destacando “tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la pandemia por covid.19, y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos”.

Atentados

Se abunda que “desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016 (en Honduras) hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica: seis en México, tres en Guatemala, dos en El Salvador, nueve en Honduras y dos en Nicaragua”.

El informe resalta que después de 2020, “los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la pandemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monoculivos”.

Asimismo a partir de 2022 se documenta “una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de territorio, incrementándose en 160%  en 2023 con respecto del año precedente, que responde a “las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron a representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024”, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, “con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano de la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia”.     
La violencia que viven esas defensoras -de acuerdo con IM-Defensoras- está vinculada con el capitalismo extractivista que se impone en toda la región, unido a las opresiones estructurales, de carácter clasista, racista y patriarcal que se ejercen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres.
El informe relacionado con las defensoras de la tierra, explica que estas mujeres se distinguen por ser “indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios”.

Como ejemplos de los efectos de las luchas de las mujeres, el documento ejemplifica con la prohibición de la minería metálica en El Salvador en 2017, aunque después fue revertida en diciembre de 2024; la erogación en Honduras del proyecto Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs); la suspensión el Canal Trasoceánico en Nicaragua, y la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México.

Se retoman las consideraciones que hizo en 2023 Global Whitness, de que “México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medio ambiente”, recordando que entre 1990 y 2020  Centroamérica concentraba  80.2% de los conflictos sociambientales relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión de agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.

El informe de IM – Defensoras también cita el Mapa Mundial de Justicia Ambiental que ha documentado 211 conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador, recordando que la concentración de concesiones mineras en los territorios de países como Nicaragua (23%), México (11%), Guatemala (4.84%) y Honduras (1.6%).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Con Batres y Brugada la nueva inversión extranjera en la CDMX fue peor que en la pandemia

De los 14 mil 426.5 millones de dólares que captó la CDMX en 2024 de inversión extranjera, sólo 3.1 millones de dólares representan nuevas inversiones, lo demás es reinversión de utilidades; nunca antes había recibido una cifra tan baja.

Ni siquiera en los meses más oscuros de la pandemia, la Ciudad de México había tenido una cifra tan baja de nuevas inversiones extranjeras como la que se registró en 2024, año en el que ocurrió el cambio de gobierno entre los morenistas Martí Batres Guadarrama y Clara Brugada Molina.

En febrero de este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo celebró que al país hayan llegado 36 mil 872 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) en todo 2024, calificándolo como un récord, bajo el argumento de que no se había alcanzado este monto en años previos.

“Es una cifra muy importante para el país. Funciona el desarrollo económico con bienestar”, publicó en redes.

Incluso, la Secretaría de Economía expuso que en ese año la Ciudad de México fue la entidad federativa con mayor captación de IED, con un total 14 mil 426.5 millones de dólares.

Sin embargo, al revisar los datos a detalle de la IED, el entusiasmo oficial se diluye. Del total, 3.1 millones corresponden a nuevas inversiones en la Ciudad de México. Es decir, el 99% de la IED restante proviene de reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, rubros que no implican necesariamente expansión productiva ni generación de empleo.


Se trata de una cifra históricamente baja, sin precedentes en los registros. Nunca antes la Ciudad de México había captado tan poco capital nuevo del exterior, ni siquiera durante los años más críticos de la crisis sanitaria del covid-19, cuando el mundo entero enfrentaba una parálisis económica.

Para dimensionar lo que representa esa cantidad, está como ejemplo el construir una gasolinera promedio, desde los cimientos hasta su equipamiento operativo, que requiere alrededor de 1 millón de dólares.

Es decir, lo captado en todo un año por la capital apenas alcanzaría para tres estaciones de servicio.

Para entender la gravedad del dato también hay que considerar cómo se desglosa la IED. El indicador se integra por tres componentes: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.

Pero es el rubro de nuevas inversiones el que realmente muestra la llegada de capital fresco, es decir, las empresas que deciden instalar por primera vez operaciones en el país, lo cual implica confianza, generación de empleos, infraestructura.

Desde que existen registros en esta base de datos (2006), el promedio anual de nuevas inversiones en la capital ha sido de 2 mil 655 millones de dólares. Aunque también se han dado picos como el de 2022, cuando se captaron 7 mil 433 millones de dólares, en lo que fue considerado un año excepcional.

Incluso en 2020, en plena crisis sanitaria global, la Ciudad de México logró atraer 1 mil 479 millones de dólares.

Por tanto, cuando esa cifra cae a mínimos históricos —como en este caso—, lo que se observa es la nula atracción de proyectos nuevos por parte de capital foráneo, a pesar de que en 2024 se señaló al fenómeno llamado nearshoring como el camino para detonar las inversiones.

El desplome de 2024 no sólo rompe récords negativos, sino que deja en evidencia la desconexión del gobierno capitalino con el sector empresarial internacional. Ni la administración interina de Batres ni el equipo entrante de Clara Brugada impulsaron medidas claras para atraer inversiones.

No hubo incentivos fiscales, estrategias sectoriales ni campañas de promoción.

Un año lleno de incertidumbres y la crisis del nearshoring

Para el profesor del Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, la caída histórica en las inversiones para la Ciudad de México no es casualidad, sino la consecuencia directa de un entorno político enrarecido desde mediados de 2024, cuando el proceso electoral en México dio como resultado un nuevo control hegemónico de Morena en el Poder Legislativo y así se impulsaron reformas estructurales que sacudieron los cimientos institucionales del país, como la del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.

“El clima de negocios se vio deteriorado por la incertidumbre que dichos cambios generan en las perspectivas de los inversionistas”, comentó a Proceso el especialista, apuntando al nerviosismo que dichas decisiones provocaron en sectores clave de la economía.

Pero no sólo fue el frente interno lo que afectó las expectativas.

El académico comentó que el resultado electoral en Estados Unidos, con el retorno de Donald Trump y su política económica agresiva, sumó un ingrediente más a un caldo de cultivo de dudas.

La política económica planteada por el republicano —centrada en el proteccionismo y la revisión de acuerdos multilaterales— intensificó la percepción de riesgo entre los inversionistas internacionales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Sheinbaum propone descalificar a candidatos "defensores de narcos" en la elección judicial

La presidenta destacó que deben presentarse "todas las pruebas" que certifiquen estas supuestas conductas incompatibles con el Poder Judicial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de descalificar a los candidatos de las elecciones judiciales de junio con algún tipo de relación con la delincuencia después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que entre los 3 mil aspirantes hay "defensores de narcos".

Sheinbaum afirmó que si hay algún caso que no cumple con los principios de la Constitución, ya sea por tener relaciones con el crimen organizado o no cumplir con los parámetros de selección pueden ser presentadas las alegaciones pertinentes a pesar de que el hipotético infractor esté ya presente en las papeletas.
Desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona", dijo este miércoles en rueda de prensa.
No obstante, subrayó que han de presentarse "todas las pruebas" que certifiquen estas supuestas conductas incompatibles con el Poder Judicial. "Hasta ahora quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral", explicó.

Estas declaraciones responden a las del presidente del Senado, que denunció que entre los 3 mil aspirantes hay "defensores de narcos" y que sus candidaturas deberían ser retiradas antes de que puedan ser elegidos durante la cita del 1 de junio, la primera de estas características que celebra México tras una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad", dijo Noroña, para quien sería "desafortunado" que abogados o jueces que de manera acreditada han liberado a narcotraficantes participen en el proceso.

FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
AUTOR: 

¿Tomografías en Acapulco con IMSS-Bienestar? Esperar o ir a otro estado

De acuerdo con documentos oficiales, el equipo de Tomografía del Hospital General de Acapulco, dependiente del IMSS-Bienestar, presenta fallas continuas, lo que obliga a pacientes a buscar atención en otros estados.

La atención a de pacientes oncológicos y con otros padecimiento en el Hospital General de Acapulco (IMSS-Bienestar) está a punto del colapso, ya que servicio de Tomografía Axial Computarizada (TAC) dejará de funcionar en los próximos meses del 2025 porque el equipo es obsoleto y el proveedor ya no puede garantizar su mantenimiento.

De acuerdo con documentos oficiales en poder de EMEEQUIS, el equipo de Tomografía de 16 cortes -que al 2025  cuenta con nueve años de vida útil- presenta fallas continuas en su operación, y este será el último año que esté en servicio.

El IMSS-Bienestar informó que se han realizado dos reparaciones mayores y no se ha logrado un óptimo funcionamiento, lo que interrumpe el servicio por fallas constantes.

“El proveedor se pronunció sobre la disminución progresiva de suministro y disponibilidad de repuestos para la reparación de este equipo, además de sus altos costos, por lo que anuncia la finalización del soporte del mantenimiento de los equipos y no puede garantizar más su óptimo funcionamiento razón por la cual el equipo debe ser dado de baja y puede  garantizar la prestación de servicio para el 2025”, reconoce el IMSS-Bienestar.

Ficha técnica del problema.

Al estar fuera de servicio el equipo de tomografía por lapsos prolongados de tiempo se provoca el retraso de los diagnósticos, así como la atención y los tratamientos contra el cáncer y otros pacientes.
Se reconoce que los pacientes tienen que pagar por sus propios estudios o trasladarse a otros estados, incluida la Ciudad de México, para poder realizarse los estudios y continuar su diagnóstico y posterior tratamiento.

“Esto genera una pérdida de productividad y disminución en la oferta del servicio de diagnóstico a los pacientes, generando malestar en los pacientes al solicitarles el estudio por su cuenta y se tengan que trasladar a otras entidades para cubrir la necesidad del servicio de estudios de tomografía”, se admite en el diagnóstico interno.

Ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación (4T), ni Evelyn Salgado en el gobierno de Guerrero, han podido combinar los recursos económicos y humanos para mejorar la atención en el Hospital General de Acapulco a cargo del IMSS-Bienestar.

Localización del hospital.

Guerrero tiene una población de 3 millones 689 mil 597 habitantes, de los cuales el 76.6% son población sin régimen de seguridad social y se encuentran bajo la prestación de servicios médicos a cargo de los Servicios de Salud del Estado, hoy IMSS-Bienestar.

Las principales causas de mortalidad en la población del estado son: enfermedades del corazón, con una tasa por 100 mil habitantes de 101.58; diabetes mellitus, con el 85.46; tumores malignos, con un 46.92; Enfermedades del hígado, con el 25.61 y enfermedades cerebrovasculares, con un 23.80.

“Existe una deficiencia en la prestación de servicios especializados de diagnóstico que permitan mejorar la eficiencia en el tratamiento, atender las urgencias de problemas sistémicos, así como  la realización de detecciones de afecciones orgánicas internas para la población de la región, así como población que requiere de atención especializada por accidentes automovilísticos o por lesiones ocurridas en espacios públicos de esparcimiento, lo cual  resultado de las ineficiencia del equipo sólo tiene una capacidad de ofrecer 2,071 estudios por año  y no se provee de manera adecuada y eficiente por parte del Hospital General de Acapulco”, afirman las autoridades del Hospital.

Algunos pacientes del Hospital General de Acapulco que requieren de un estudio de alta precisión para identificar problemas de salud, tienen que trasladarse principalmente a la Ciudad de México, para atender la demanda de estudios por Tomografía Axial Computarizada (TAC), esto implica que el paciente realice gastos por el costo del estudio y gastos por traslados, alimentación y hospedaje.

“Resultado de esta situación de deficiencia en la operación del  equipo, se genera un impacto negativo en la salud de los pacientes que requieren de un diagnóstico mediante un estudio de imagen por Tomografía Axial Computarizada (TAC), al no contar con este equipo médico de alta tecnología, esto implica que los pacientes afecten su economía familiar para destinar recursos económicos en traslados hacia otros lugares que cuenten con el equipo médico y por el alto costo del estudio”, se detalla.

En el documento se reconoce que algunos pacientes por la falta de dinero y por las deficiencias en el equipo dejan de atenderse en el IMSS-Bienestar.

“Se ha identificado que un gran número de pacientes no da continuidad al proceso de atención médica, cuando se les solicita un estudio de Tomografía, ante la falta de recursos económicos para solventar los altos costos de estudios y gastos de traslados”, se precisa.

La salud de los pacientes que acuden al Hospital General de Acapulco se agrava, y los diagnósticos y los tratamientos se retrasan  por la falta de equipo, sin que los gobiernos federal y estatal hagan algo para mejorar la atención médica.

“No se puede garantizar la continuidad para la prestación de servicios en fechas posteriores  ya que al estar fuera de servicio por lapsos prolongados de tiempo, interrumpiendo el servicio por fallas constantes”, se indica.

Los costos que se necesitan.

Entre las soluciones que propone el análisis destacan la subrogación o adquisición de un tomógrafo de 64 cortes, siendo esta la que se recomienda, con una inversión total que rondaría los 56 millones de pesos, nueve millones anuales. 

De acuerdo con una búsqueda mediante IA de Grok, los tomógrafos de 64 cortes, como los de GE, Siemens, Toshiba o Fujifilm, tienen precios que suelen estar entre 300 mil y 600 mil dólares (5.8 y 11.7 millones de pesos), dependiendo de la configuración, software avanzado (como capacidades cardíacas o reconstrucción 3D) y accesorios incluidos.

FUENTE: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES)
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

‘El Viceroy’, hermano de “El Señor de los Cielos”, negocia acuerdo de culpabilidad con EU

Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” -ex líder del Cártel de Juárez, de 62 años de edad y hermano del finado Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”-, se encontraría negociando, desde hacía dos meses, un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense, para declararse culpable de los cargos que se le imputaban, a cambio de evitar el juicio y el riesgo de una posible cadena perpetua o pena de muerte.

Ello trascendió durante una breve audiencia, llevada a cabo el 23 de abril de 2025, ante la jueza Jean Marie Azrack -quien presidirá el caso del capo sinaloense-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

“Se ha estado negociando desde hace dos meses y creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo”, dijo la Fiscalía de EE. UU. a la jueza federal, durante una audiencia que duró menos de 10 minutos y en la que al acusado se le vio sonreír con su equipo de defensa y conversar animadamente con el traductor asignado por la Corte neoyorquina, mientras esperaban la llegada de Azrack.

Según lo reportaron reporteros de medios mexicanos presentes en la audiencia, a Carrillo Fuentes -quien vistió el uniforme de pantalón y camisa caqui de la prisión-, se le vió bastante relajado durante la segunda audiencia desde que llegó a EE. UU.

Tras lo señalado por la Fiscalía estadounidense, la jueza federal preguntó a Kenneth Jamal Montgomery, abogado de “El Viceroy”, si se estaba negociando un acuerdo con su cliente, a lo que el litigante contestó con una respuesta afirmativa.

Azrack también dijo a Carrillo Fuentes que tenía derecho a un juicio rápido, que no duraría más 70 días, luego de que se le presentaran cargos, y si eso no ocurría, su abogado podría pedir que se desestimaran los mismos. La jueza quiso luego saber si el abogado de “El Viceroy” se lo había explicado.

Sin embargo, debido a que había un proceso de negociación, se acordó, con el consentimiento de Carrillo Fuentes, que el juicio rápido fuera detenido mientras continuaban las conversaciones entre la Fiscalía de EE. UU. y el acusado.

“Estoy de acuerdo” con detener el proceso de juicio rápido, dijo “El Viceroy” a la jueza federal, quien fijó a las 11:00 horas del 22 de junio de 2025, la próxima audiencia del hermano de “El Señor de los Cielos”.

Carrillo Fuentes fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 00089-506, según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés).

Los capos sinaloenses Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” y de 72 años de edad -fundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, y “El Viceroy”, se declararon, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditados a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpables, de los múltiples cargos en su contra.

En audiencias separadas, en punto de las 12:00 horas del 28 de febrero de 2025, el cofundador del extinto Cártel de Guadalajara y el ex líder del Cártel de Juárez, fueron presentados en el Salón Ceremonial de la Corte neoyorquina, ante el juez magistrado Robert Levy, quien les leyó los cargos relacionados al delito de tráfico de drogas. Tras ello, ambos narcotraficantes mexicanos se declararon inocentes.

Por otra parte, la Fiscalía General de EE. UU. confirmó que buscarían la pena de muerte en contra de ambos capos sinaloenses. Asimismo, a pregunta expresa del juez, los fiscales federales confirmaron que Caro Quintero y Carrillo Fuentes fueron “expulsados”, no extraditados, por decisión del Gobierno de México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Michoacán: Desactivan 168 explosivos en Tierra Caliente

La operación se dio en medio de un contexto de creciente presencia del crimen organizado en la entidad, como lo evidenció un reciente video difundido en redes sociales.

El periodista Francisco Castellanos informó que autoridades de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana desactivaron 168 explosivos que presuntamente serían arrojados desde drones en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

La operación se dio en medio de un contexto de creciente presencia del crimen organizado en la entidad, como lo evidenció un reciente video difundido en redes sociales.

“Fíjate que el Sábado Santo, aunque apenas aparecieron las redes en estos días, la banda de Coyutaras compartió en redes sociales un video en el que se veía cómo tocaban justo en la zona en la que cruza la comunidad de Guajúmbaro”, relató Castellanos en entrevista para Aristegui en Vivo.

Según el periodista, en esa misma localidad, “como si fuera un tradicional desfile de Semana Santa, un convoy de presuntos integrantes del Partido Jalisco Nueva Generación recorrió las calles de la comunidad en Ciudad Hidalgo”.

El convoy, integrado por hombres encapuchados con chalecos que llevaban las siglas de dicho grupo criminal, transitó por la carretera que conecta Guajúmbaro con Bocaneo, a tan solo 70 kilómetros de la capital michoacana.

Castellanos señaló que “la policía no los vio, se echaron el Guardia Nacional“, pese a que el recorrido fue ampliamente visible para la población.

De acuerdo con videos y testimonios de habitantes, los presuntos integrantes del grupo delictivo fueron recibidos con gritos de apoyo, alcohol y cubetadas de agua, en una escena que coincidió con las celebraciones del Sábado de Gloria.

“Les gritaban los jóvenes a los encapuchados al mismo tiempo que les daban botellas de alcohol“, describió Castellanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en conferencia de prensa que ya se inició una investigación sobre estos hechos.

“Tanto la Fiscalía del Estado de Michoacán como el Gabinete de Seguridad Federal trabajan para esclarecer los sucesos y sancionar a los responsables”, dijo la mandataria, quien además subrayó la necesidad de evitar la apología de la violencia.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó el desfile como “una estrategia propagandística de los grupos criminales que aparentan cercanía con la población”.

Agregó que “esto ocurrió, tenemos confirmada la información, es parte de la misma estrategia de la delincuencia y de los narcotraficantes, de hacerse propaganda, de hacerse ver como muy cercanos a la gente, pero es todo lo contrario”.

De manera paralela, Castellanos reportó que recientemente fue localizada una persona calcinada en el municipio de Álvaro Obregón, lo que eleva a cuatro el número de casos similares en menos de quince días.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum pide a fiscalía de Tamaulipas revisar la detención del delegado del IMSS por parte de policías estatales

José Luis Aranza Aguilar, delegado del IMSS en Tamaulipas, fue detenido ayer por policías estatales, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la fiscalía estatal a revisar el caso y determinar responsabilidades.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la fiscalía de Tamaulipas a revisar la detención del delegado estatal del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, y afirmó que no habrá impunidad en caso de que se encuentren responsabilidades del funcionario o de los policías estatales.

Tanto la mandataria federal como el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comentaron que las autoridades del estado señalaron que no había ningún hecho delictivo ni presencia de armas y dinero, como se reportó inicialmente.

“Lo que nos informaron en el gabinete de seguridad es que es detenido y él asegura que no lleva nada, que en todo caso le estaban plantando un arma la policía estatal, y lo que pedimos es que la fiscalía del estado revise qué paso”.

“Si realmente fue un grupo de policías que actuaron indebidamente, que sean sancionados, a ver qué nos dice hoy la fiscalía. No va a haber impunidad y en caso de que él tuviera algo, pues también habría que sancionarse“, señaló en su conferencia matutina.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trabajadores de Mejoredu protestan por quinta ocasión en exigencia de certeza laboral; siguen sin respuesta

Los trabajadores de Mejoredu señalaron que hoy tenían reunión con la SEP pero se pospuso, por lo que decidieron salir nuevamente a manifestarse en exigencia de certeza laboral.

Por quinta ocasión, trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) salieron a las calles a manifestarse en exigencia de certeza sobre su situación laboral, esto ante la extinción del organismo, sin obtener respuesta por parte de las autoridades educativas federales.

Como parte de su protesta en la CDMX, los trabajadores marcharon sobre la avenida Barranca del Muerto hasta llegar al cruce con avenida de los Insurgentes, al grito de consignas como “¡Respeto, dignidad y certeza laboral!”, y “¡Queremos diálogo con la SEP!”.

Al llegar al punto mencionado, los manifestantes bloquearon los carriles en ambos sentidos, incluido el del Metrobús. El cierre de las vialidades duró alrededor de dos horas.

Los trabajadores volvieron a las oficinas de Mejoredu ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, en donde tendrán una asamblea para definir sus próximas acciones de protesta, las cuales se anunciarán en los siguientes días.
El pasado 3 de abril, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo a los inconformes que la siguiente semana les informarían si iban a liquidarlos o sumarlos a la secretaría, pero ante la falta de certeza sobre las acciones a seguir volvieron a salir a marchar.

Con esta ya suman cinco las movilizaciones de trabajadores de Mejoredu. Son alrededor de 500 personas quienes demandan informes sobre su situación laboral.

Pavel Servin, vocero de los empleados, señaló que para este miércoles se había programado una reunión con personal del organismo y autoridades de la SEP pero se pospuso, por lo que decidieron salir a marchar nuevamente.

El pasado 25 de marzo los trabajadores acudieron a Palacio Nacional y consiguieron entregar el documento con sus demandas a una persona que se presentó como parte del equipo del titular de la SEP, Mario Delgado, pero no tuvieron una respuesta más allá de la recepción de la carta.

Personal de Mejoredu también dejó una misiva en el área de atención ciudadana de Presidencia, sin embargo, les indicaron que la SEP es la dependencia que debe atender sus demandas.

Mejoredu es uno de los siete organismos autónomos eliminados tras aprobarse la reforma en materia de simplificación orgánica propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen cese a criminalización contra defensores ayuujk y binnizá que se oponen al Corredor Interoceánico

Organizaciones de derechos humanos protestaron en el Museo Nacional de Antropología para exigir el cese a la criminalización contra 24 defensores del territorio binnizá y ayuujk, que se oponen a las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico en las comunidades de Mogoñé Viejo y de Rincón Viejo, en Oaxaca.

Los colectivos y organizaciones que integran la Misión Civil de Observación del Istmo denunciaron en la protesta que los defensores «enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia» y que la criminalización incluso alcanzó a personas de la población de Donají, en el municipio de Matías Romero, que han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con las organizaciones, entre ellas Artículo 19 y Consorcio Oaxaca, actualmente permanecen abiertas tres carpetas de investigación en contra de 24 personas Ayuujk y Binnizá, entre ellas tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, 16 mujeres y hombres indígenas «están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación» por instalar el plantón permanente Campamento «Tierra y Libertad», desalojado con violencia por elementos de la Marina el 28 de abril de 2023. Por su parte, en Rincón Viejo ocho personas enfrentan procesos penales por el delito de invasión de derechos de vía, acusación que se presenta «como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia».

«Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico», señaló la Misión de Observación. Además, recordó que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), orientadas a mitigar los impactos ambientales del megaproyecto, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas involucradas en las diferentes obras.

Frente al «clima de hostigamiento e intimidación», las organizaciones exigieron a la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan los 24 defensores, así como demandaron al Corredor Interoceánico y a la SICT que desistan de las acciones penales.

COMUNICADO:

Este 22 de abril de 2025, en el marco del Día internacional de la Madre Tierra, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales que integran la Misión Civil de Observación del Istmo se manifestaron en Conferencia de Prensa frente al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, para denunciar la persistente criminalización en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa. Ambas comunidades han sido afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impuestas sin su consentimiento. Ante la falta de atención a sus demandas, han ejercido acciones legítimas de defensa de sus territorios y proyectos de vida, por lo cual hoy enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia. 

Entre las personas denunciadas, se encuentran tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI): Juana Ines Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Perez Hernandez, reconocidas por su labor como personas defensoras del territorio y beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su legítima labor de acompañamiento a las comunidades arriba mencionadas ha sido la razón por la cual hoy enfrentan criminalización a través de procesos judiciales. Esta situación refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. 

La Misión Civil de Observación surgió en 2022 como respuesta a las agresiones contra pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el informe publicado por las organizaciones en junio de 2024, se resalta la gravedad de las múltiples agresiones registradas, perpetradas en su mayoría por actores gubernamentales de los diferentes niveles. Entre ellas, resulta especialmente alarmante el uso del poder punitivo del Estado a través de la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios en la región del Istmo. 

Actualmente, permanecen abiertas tres carpetas en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa (OAX/000294/2023; OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi, 16 mujeres y hombres indígenas están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación. Desde 2019, esta comunidad inició una lucha por la defensa de su territorio, estableciendo el plantón permanente Campamento “Tierra y Libertad”, una manifestación pacífica que duró 62 días y fue objeto de hostigamiento y ataques por parte de la Secretaría de la Marina (SEMAR), la policía estatal y civiles encapuchados. El 28 de abril de 2023, el campamento fue desalojado violentamente con 6 personas detenidas. Por su parte, 8 personas de Rincón Viejo, municipio Petapa, enfrentan procesos penales por el delito de invasión de Derechos de Vía. Esta acusación se presenta como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia.

Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico. Las comunidades y organizaciones señalan que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), orientadas a mitigar los impactos ambientales del Corredor Interoceánico, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas que han estado involucradas en las diferentes obras. Las organizaciones denunciaron también que la criminalización alcanza ahora a personas la población de Donají, del municipio de Matías Romero, ya que también han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Ante la gravedad de esta situación, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos este boletín reiteramos nuestra preocupación por las repetitivas violaciones a los derechos  humanos y colectivos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec en el contexto de la implementación del megaproyecto Corredor Interoceánico. Exigimos la urgente y necesaria intervención de las autoridades con el fin de evitar que habitantes indígenas del Istmo de Tehuantepec sean criminalizados por defender sus terrenos y viviendas. 

Específicamente, hacemos un enérgico llamado:
  • A la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan las 24 personas indígenas de las comunidades de Mogoñe Viejo y Rincón Viejo, incluyendo las tres personas integrantes de UCIZONI.
  • Al CIIT y a la SICT para que se desistan de las acciones penales en contra de los tres integrantes de UCIZONI, reconocidos defensores de los derechos humanos de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec, y de los 21 indígenas imputados penalmente por defender su patrimonio.
  • Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que actualicen y refuercen de manera urgente las medidas de protección otorgadas a quienes forman parte de la UCIZONI. Asimismo, que garantice la implementación de medidas urgentes y adecuadas para todas las personas defensoras que enfrentan criminalización en el Istmo de Tehuantepec.
Organizaciones firmantes:

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Territorios Diversos para la Vida A.C. (TerraVida)
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todes y todos (Red TDT)
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
Voces del Territorio A.C.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de a Tierra y el Territorio (APIIDTT)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/ Concejo Indígena de Gobierno

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.