La presidenta Claudia Sheinbaum dio la instrucción para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales locales que participaron en los juicios masivos.
El funcionario dio a conocer que desde 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos contra quienes caían en cartera vencida, pero los despachos cometieron algunas irregularidades como no notificar a los acreditados, por lo que no sabían que estaban siendo enjuiciados; incluir a acreditados que no tenían problemas de pago; e incluso demandar al derechohabiente en otro estado y no en el lugar donde estaba su vivienda, vulnerando así su derecho a defenderse.
Alrededor de 302 mil acreditados (80 %) fueron demandados en otros estados, mientras que 71 mil fueron demandados dentro de la misma entidad en la que se encontraba su vivienda.
“En lugar de buscar la solución a esa cartera vencida que, evidentemente, era derivada de un cobro excesivo, o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes”, indicó el funcionario.
249 mil personas perdieron su vivienda Infonavit
De acuerdo con el titular del Infonavit, de los 373 mil derechohabientes afectados por los juicios masivos, 249 mil perdieron su vivienda; 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por las irregularidades del proceso; y 42 mil fueron vendidas por el Instituto en subastas masivas.
En tanto, 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos.
Ante estos casos de presunta corrupción, Romero Oropeza dijo que la presidenta la dio la instrucción para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales locales que participaron en los juicios masivos.
Alejandro Murat, actual senador por Morena, fue director general del Infonavit entre 2012 y 2015, por lo que los supuestos fraudes ocurrieron en parte de la administración que él encabezó.
Despachos involucrados en los juicios masivos
Asimismo, Romero Oropeza señaló que está operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil 263 millones de pesos a una veintena de despachos de abogados, casi el equivale al presupuesto de Tlaxcala (28 mil 033 mdp).
GABSSA, BEAMBER, ECD, AGUILAR, ILS, están entre los cinco despachos que más recursos recibieron. La mayoría de ellos tienen contratos vigentes y están en proceso de ser cancelados.
En el caso del despacho ACSER, hubo gestiones del dirigente sindical del Infonavit Rafael “N” para que se le pagaran 103 millones de pesos por pago de demandas a trabajadores que presentaban alguna demora en sus créditos.
Según el funcionario, la primera alerta fue en el sexenio pasado, cuando se detectó que en Nayarit se iniciaron juicios contra miles de derechohabientes, después de esta alerta se hizo una investigación sobre todo el país.
En 2019, a petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de las familias. Un año después, el Instituto presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del Poder judicial local y notarios, por la afectación a 62 mil acreditados de todo el país.
Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, CDMX y Morelos concentraron el 82 % de las demandas de todo el país que no correspondían a esos estados, es decir las viviendas de los derechohabientes no estaba en donde se llevaba a cabo su juicio.
Según el titular del Infonavit, a pesar de que AMLO instruyó detener los juicios masivos, nueve despachos simularon juicios individuales y siguieron con la estrategia de juicios masivos en la Ciudad de México, afectando aproximadamente a 63 mil 444 derechohabientes.
De los 63 mil 444 acreditados demandados en el Juzgado 60 de la Ciudad de México, tan solo el 4 % son de CDMX.
“Por ello se iniciaron las demandas contra nueve despachos, destacando que el despacho Desnor fue una propuesta del representante de la Coparmex en la comisión de Vigilancia, “por cierto una organización empresarial que está muy preocupada por el dinero del Infonavit”, destacó Romero Oropeza.
El pasado 18 de diciembre, Octavio Romero Oropeza exhibió casos de presunta corrupción para justificar la reforma que, entre otras cosas, permite al gobierno usar los ahorros de trabajadores para construir viviendas., entre ellos, indemnizaciones injustificadas a empresas que incumplieron con contratos, triangulación de recursos y la reventa de una propiedad hasta 4 mil veces.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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