La Auditoría Superior de la Federación testó nombres, fragmentó expedientes y reservó las pruebas de que una red de empresas ligada al círculo de Cuauhtémoc Blanco cobró millones por medicinas y servicios que nunca llegaron a los hospitales de Morelos.
Animal Político hizo una solicitud de transparencia a la ASF para revisar el expediente de la auditoría realizada a Servicios de Salud de Morelos, pero la institución a cargo de David Colmenares, separó del archivo todo lo relacionado con las pruebas de incumplimiento, argumentando que dicha documentación fue enviada al “área de seguimiento”, dado que la investigación continuaba abierta.
Entre los documentos rasurados están los reportes de las visitas que los auditores hicieron a hospitales y almacenes de Morelos con los que comprobaron los incumplimientos; las entrevistas con los funcionarios de los hospitales que confirmaron el desabasto; facturas emitidas por las empresas; archivos contables de Servicios de Salud de Morelos; reportes fotográficos de los servicios, y evidencia documental del suministro de medicamento a hospitales y clínicas.
Todo lo anterior fue mencionado en la auditoría de cumplimiento forense número 1355, hecha a Servicios de Salud de Morelos, en la que confirmaron que las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación incumplieron contratos.
Animal Político reveló que estas tres empresas están relacionadas entre sí por sus socios y representantes legales y compitieron en los mismos procesos de contratación, simulando competencia y obtuvieron contratos por actividades no contempladas en su objeto social.
Además, integrantes de estas empresas son socios de Christian Carmona, consejero estatal de Morena, quien fue allegado a Blanco durante su gobierno y también es primo hermano de Héctor Barón Olivares, el exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, quien firmó al menos 11 contratos a favor de la red de empresas.
La fragmentación de un expediente es un ejemplo de opacidad por parte de la Auditoría, advirtió Gerardo Lozano Dubernard, quien entre entre 2018 y 2021 fue auditor especial de Cumplimiento Financiero.
“Tendría que estar la documentación completa. Una de dos, o es un dictamen hecho sobre las rodillas, lo cual sería gravísimo, o rasuraron el expediente, que es lo que yo creo que sucedió, para que ustedes no tengan la información a la vista”, dijo Lozano.
Con su experiencia de tres años en la ASF, Lozano Dubernard insistió en que “tú mandas a seguimiento todo el expediente completo, mandas todo, no mandas una parte. Lo digo porque estuvimos ahí. Nosotros terminamos la auditoría y enviamos el expediente completo”.
La instancia encargada de revisar y vigilar la actuación de la auditoría corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por Javier Herrera Borunda, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este medio lo buscó para conocer qué medidas tomarían ante esto, pero no aceptó la entrevista.
Auditoría testa información clave
Ocultar los nombres de las empresas que reciben recursos públicos contraviene una tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 19 de noviembre de 2021, en la que resolvió que no se puede ocultar los nombres de las empresas en los informes de la auditoría.
“La transparencia en la fiscalización de las operaciones relacionadas con recursos públicos no tendría sentido si se testara el nombre de los particulares involucrados, ya que son éstos quienes prestan los servicios que constituyen la materia del escrutinio”, resolvió la Suprema Corte.
El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigido por Lozano Dubernard, detectó que el ocultamiento de las empresas es sistemático. En una revisión hecha a 20 informes de resultados de auditorías de la cuenta pública 2023, la organización encontró que en ningún caso se menciona el nombre de las compañías implicadas en presuntos hechos de corrupción.
Incumplimientos en el sector salud de Morelos
El pasado mes de septiembre, Animal Político reveló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.
Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.
El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.
Aunque la auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político accedió a los contratos y detectó la red conformada por Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, empresas que entre los cinco y ocho meses de haber sido creadas empezaron a ganar contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal de Morena.
Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.
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