Jóvenes de CDMX se organizan desde hace años para protestar en contra de la gentrificación, pero también para generar propuestas y asesorar jurídicamente a personas que hayan sufrido un desalojo violento o injustificado.
El alquiler para la familia Reyes aumentó hasta volverse insostenible, una situación que enfrentan cientos de familias en la CDMX que han tenido que dejar sus viviendas ante un proceso identificado como “gentrificación”.
Por ejemplo, en febrero de 2025 la empresa Inmuebles24 dio a conocer que la renta promedio de un departamento de dos recámaras es de 19 mil 826 pesos; en tanto que en abril de 2018 el costo era de 14 mil 228. Esto representa un incremento de 39.3% en menos de 7 años.
“Conforme iba pasando el tiempo, (el costo de la renta) fue incrementando e incrementando, y llegó un momento en que nosotros no pudimos mantener esa vida que habíamos desarrollado ahí porque ya realmente era muy costoso”, comparte la joven en entrevista.
“No solamente subió el costo de la renta, sino en sí el costo de vida, porque ya la tienda tenía precios más elevados, incluso el estacionamiento y los servicios elevaron su costo”.
Uno de cada 10 inmuebles está desocupado en alcaldías del centro de CDMX
Previo a su mudanza, Nicole Reyes y sus familiares platicaron con sus vecinos sobre el costo del alquiler y se percataron de que no eran los únicos que estaban enfrentando dificultades para pagar su vivienda. El porcentaje del ingreso familiar que destinaban a la renta incrementó de 30% hasta 50%, por lo que tuvieron que mudarse cerca del Estadio Azteca a una vivienda compartida con otra familia.
“Prácticamente fue: o comemos, o seguimos aquí pagando la renta”, señala la joven.
A diferencia del departamento en Villa Panamericana, en su nuevo hogar no contaban con seguridad privada, y los trayectos en transporte público tomaban más tiempo. “El espacio de aquí, realmente es inseguro a comparación del otro lugar donde vivía”, señala Nicole. “Aquí han suscitado muchísimas cosas, como robos, asaltos, etcétera. Incluso yo sufrí de un asalto”.
En algunas alcaldías céntricas uno de cada 10 inmuebles está desocupado, mientras que en demarcaciones más alejadas de los principales centros de trabajo y estudio la proporción es menor.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), actualizado a 2020, el porcentaje de vivienda particular no habitada en la alcaldía Benito Juárez fue de 11.9% de un total de 199 mil 871 viviendas; mientras que en Iztapalapa –que tiene poco más de medio millón de viviendas particulares– fue de 6.1%.
Sólo el 50% es dueño de su vivienda
Además del incremento en el precio de las rentas, la crisis de vivienda significa que menos personas tienen la posibilidad de hacerse de un patrimonio en el que puedan vivir, en vez de renovar contratos de alquiler cada año.
En las alcaldías más céntricas de la Ciudad de México –Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo–, el porcentaje de personas que son dueñas de la vivienda que habitan no rebasa el 50.6%. Estas demarcaciones están entre las más cercanas al Centro Histórico, sedes de dependencias federales y centros de trabajo.
En cambio, hacia el sur de la capital y en espacios donde el transporte público es más limitado, este porcentaje incrementa hasta el 77.4%, como es el caso de la alcaldía Milpa Alta.
Para Nicole, que tiene 26 años, esto es parte de un contexto “muy difícil” al que se enfrenta la juventud mexicana que busca adquirir una vivienda propia.
“Nuestros abuelitos, nuestros papás, tuvieron tal vez terrenos, o pudieron realizar una vida a los 20, 22, 25 (…). Pero las actuales condiciones de los jóvenes, yo me preocupo, porque hay bajos ingresos de los jóvenes y altos precios en la vivienda, lo que no nos permite –si nosotros queremos– tener una vivienda a través de un préstamo de banco, o de una hipoteca”.
Crean colectivos para denunciar desplazamiento y aumento de rentas en CDMX
En tanto que los jóvenes han vivido y observado la necesidad de que el Estado regule el acceso a la vivienda, han creado colectivos y movimientos que buscan posicionar sus demandas frente a los gobiernos locales.
Nicole Reyes es parte del Movimiento “Sin Vivienda No Hay Bienestar”, en el cual participa junto con otros jóvenes como Toño Figueroa, quien, aunque no ha vivido una situación de desplazamiento o despojo, ha visto a sus familiares y compañeros enfrentar esta problemática.
Desde hace tres años, empezaron a organizarse en la alcaldía Coyoacán para posicionar el tema de la gentrificación y el derecho a la vivienda en sus comunidades, así como ante el gobierno de la capital. Además, ofrecen asesoría jurídica para personas que hayan sufrido un desalojo violento o injustificado.
“El tema ha aumentado más de lo que pensábamos, la verdad es que va muy acelerado –y nosotros lo estamos viviendo– por el tema del Mundial en Coyoacán”, señala Figueroa, en referencia a que el Estadio Azteca será sede de cinco partidos de la copa del mundo de futbol en 2026.
“Hay causas estructurales”
Ellos, como varios ciudadanos de diversas edades, han decidido asistir a los foros que el Gobierno capitalino de Clara Brugada ha organizado a través de la Secretaría de Vivienda local, encabezada por Inti Muñoz, para dialogar sobre su plan contra la gentrificación, llamado “Bando 1”.
La propuesta, que fue presentada a mediados de julio y en el contexto de varias marchas anti-gentrificación en las que han protestado cientos de capitalinos, contempla regular el aumento de las rentas y crear un Observatorio de Suelo y Vivienda, entre otros puntos.
Uriel Martínez es un profesor de Geografía que ha investigado desalojos de vivienda en la Ciudad de México e integrante de la colectiva Comuna Hogar. Para él, hablar abiertamente sobre la problemática permite dimensionar que no es un tema individual, sino que está afectando a miles de personas en la Ciudad de México.
“Se está identificando que hay causas estructurales, que incluso se venían alimentando del hecho de que no existían medidas adecuadas por parte de las políticas públicas”, remarca Martínez.
En ese sentido, el profesor dice que la propuesta del Gobierno capitalino y los foros son fruto de las demandas históricas de organizaciones sociales, que en los 80 y 90 comenzaron a hablar de la necesidad de una ley inquilinaria que proteja a las personas que rentan.
“Me parece que es, de alguna u otra forma, sí es un logro [de los movimientos sociales] que ha generado que se instale, por lo menos, en la agenda del debate público”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.
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