Después de años sin intervención estatal, familiares de personas desaparecidas en Chiapas realizan búsquedas y excavaciones junto con el gobierno local en predios que alguna vez estuvieron controlados por el crimen organizado.
“Si hubiera algún cadáver o resto óseo, Luna estaría escarbando. Está entrenada para reconocer el olor de descomposición en el suelo” explica un integrante de Protección Civil de Chiapas.
El pasado 11 de junio se realizó la cuarta búsqueda que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, la Protección Civil y familiares de personas desaparecidas realizan en este rancho. Durante la primera revisión, el 11 de diciembre de 2024, encontraron restos óseos calcinados.
“En el rancho Las Pitayas y en sus alrededores confluyen los datos telefónicos de muchas personas desaparecidas de Chiapas”, afirma la Colectiva Cereza, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. “Desde hace dos años estamos pidiendo a la FGE que realice cateos, pero sólo empezó a hacerlos en diciembre pasado cuando hubo el cambio de gobierno”.
A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas.
De acuerdo con datos que la FGE compartió con Animal Político tras una solicitud de acceso a la información, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas. En marzo las autoridades chiapanecas detuvieron las búsquedas, que se reanudaron este mes.
Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.
Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.
Hasta el momento, las autoridades peinaron poco más de la mitad de las 16 hectáreas del rancho Las Pitayas. De acuerdo con Isabel Torres, integrante y fundadora de Madres en Resistencia, durante una revisión del rancho en la que participó, fue evidente que los peritos de la Fiscalía no están bien capacitados en el levantamiento de las evidencias. “Además, la Fiscalía solo llega y ve lo que está a la vista. Nosotras escarbamos absolutamente cada rincón de la casa, cualquier prenda que se encuentre, revisamos las paredes por si alguna persona estuvo ahí y escribió algo”, dice Isabel Torres.
La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.
“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.
Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.
“Me la pasé muy mal por la noticia que difundieron los medios amarillistas, era de noche y estuve marque y marque a la Fiscalía, pero no me contestaba”, dice Kenia García Chulín, joven de 19 años que desde aquel día busca a sus papás y a su hermanito de 12 años.
Junto con los familiares de otras personas que viajaban en aquella Urvan, el pasado 11 de junio Kenia acompañó la revisión del rancho Las Pitayas. Presionaba a las autoridades para que buscaran minuciosamente, les señalaba pozos, rincones y un punto en el pasto donde había ceniza: allí, encontraron el uniforme militar quemado.
“¿A qué tanta profundidad se pueden encontrar restos?”, le preguntó a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, que excavaba en el punto quemado indicado por Kenia. “Sesenta-setenta centímetros, no se toman la molestia de excavar más”, le contestó.
Poco más allá, a lado de la fosa séptica donde se hallaron los restos óseos y de una pochota cuyo tronco está lleno de impactos de bala, la FGE encontró dos tambos de metal que sospecha pudieron haber sido utilizados para quemar cuerpos, y que serán analizados en un laboratorio.
“No siento que haya mucha transparencia por parte de la FGE. Hay hilitos sueltos en la reconstrucción de los hechos que no ha podido coser: un día nos da una información y al otro día nos da otra, donde salen detalles que no se mencionaron en las anteriores reuniones”, dice Kenia. “Las familias que llevamos siete meses en esta búsqueda pudimos detectar algunos vacíos. Creo que para nosotros y ante las instituciones es muy importante caminar de la mano como familiares, que más que culpables estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
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