Esta primera misión recabó testimonios de las víctimas de prisión política, persecución judicial y desplazamiento forzado. Asimismo, documentó los daños causados por la explotación del Río Xanga Ndá Ge, el principal cuerpo de agua de la comunidad.
La misión confirmó que existen violaciones graves a los derechos humanos y que es visible el ecocidio especialmente cometido al río. “A nosotras nos parece que la misión de observación tiene en sus manos información vital que puede cambiar el destino de esta comunidad,” compartió en entrevista para Desinformémonos Argelia Betanzos, defensora mazateca e hija de Jaime Betanzos, uno de los expresos políticos de Eloxochitlán.
La Red Todos los Derechos para Todas y Todos TDT, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y el Nodo de Derechos Humanos NoDHO son algunas de las organizaciones que participaron en la misión, así como un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un informe transdisciplinario será elaborado como resultado de esta visita y se espera una segunda misión de observación.
Diez años de resistencia al cacicazgo
El asedio judicial contra las y los mazatecos, así como el deterioro ambiental en la región, son resultado de más de diez años del cacicazgo ejercido por Manuel Zepeda, expresidente municipal de Eloxochitlán y padre de la actual legisladora morenista del congreso oaxaqueño, Elisa Zepeda Lagunas.
Por medio de la violencia, la familia Zepeda ha impedido que en la comunidad se realice la tradicional elección asamblearia para los cargos de autoridades indígenas. Al concluir el mandato de Manuel y luego de que la auditoría del estado le requirió aclarar el destino de más de veinte millones de pesos del presupuesto público, Zepeda tomó con violencia el palacio municipal, atacó con armas de fuego a la asamblea comunitaria en diciembre de 2014 y encarceló durante casi una década a los líderes de la comunidad a través de la fabricación de delitos de alto impacto.
Desde ese momento, la familia Zepeda afianzó su control sobre la comunidad e incrementó su influencia política en la región. A la par, consolidó su negocio de extracción de grava y arena del río, actividad que ha ido contaminando el agua, modificando el cauce y reduciendo su caudal.
Fueron las mujeres de la comunidad, las esposas, hermanas, madres e hijas de los presos, quienes plantaron resistencia al Estado mexicano, tanto en las calles como en los tribunales, para arrancar las libertades de sus compañeros en el año 2022, pero la persecución continúa y se ha recrudecido.
Más de 200 órdenes de aprehensión, desechadas años atrás por un juez de distrito, fueron reactivadas en marzo de este año contra 56 personas de la comunidad, entre las que se encuentran los expresos políticos, sus familias y personas que participaron en la lucha por la libertad, de las cuales ocho son mujeres y algunas de la tercera edad.
Desde entonces, la presencia constante de policías ministeriales y de vehículos ajenos a la comunidad mantienen a las familias vigiladas en un ambiente de tensión constante, ante la amenaza de nuevas detenciones y allanamientos violento en sus hogares.
Una de estas mujeres perseguidas es Maribel Betanzos, profesora de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y hermana de uno de los expresos políticos. Sobre ella pesan cuatro acusaciones de daño por incendio y una más de robo por violencia por equiparación. Mañana, Maribel se presentará en el juzgado mixto de Huautla de Jiménez acompañada de la comunidad organizada de Eloxochitlán, así como de un grupo de observadores y medios libres, para exigirle al juez Constantino Santiago que determine su libertad absoluta.
AUTOR: ÁXEL HERNÁNDEZ.
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