En un comunicado, los pueblos tseltales, ch’oles, tsotsiles y mestizos que integran el Movimiento aseguraron que “es una vil mentira” que el gobierno de Chiapas dialogó directamente con los dueños de los predios o parcelas atravesados por la línea de la autopista, además de que no realizó una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada sobre la obra y violó el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El “banderazo” a las obras de la autopista, que forma parte de la denominada “Ruta de las Culturas Mayas”, fue dado por Ramírez Aguilar con un “ritual maya” y la bendición de la maquinaria del proyecto, aun cuando existen dos amparos en su contra por la falta de información ambiental y por las “consultas amañadas” y “a mano alzada” que realizó el gobierno para avanzar con la construcción.
“El gobierno pretende legitimar un proyecto de muerte utilizando nuestras ceremonias ancestrales y bendiciendo las máquinas que vendrán a destruir nuestro medio ambiente y la vida de la comunidad. Rechazamos que nos utilicen para legitimar proyectos que sólo benefician a las élites políticas y económicas del estado de Chiapas”, señaló el Modevite, que calificó de “engañoso” el discurso de Ramírez Aguilar por no señalar “de forma clara y precisa los daños que esta megaobra conlleva”.
Desde hace más de tres sexenios, los habitantes de los diez municipios que atraviesa la carretera han rechazado la imposición de la carretera, que conectará con otros megaproyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
En su campaña electoral, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum prometió concluir las obras en “beneficio de las comunidades indígenas” y posteriormente catalogó a la obra como “prioritaria”. El discurso de Ramírez Aguilar en la inauguración de la construcción reiteró que el proyecto representa “un beneficio para el pueblo”.
“Contrario al relato oficial de ‘desarrollo comunitario’, esta autopista es la puerta de entrada para la devastación de nuestra Madre Tierra”, pues tan sólo en la primera fase del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva, así como contaminará los ríos de la región y “arrasará” los cerros ceremoniales, aseguró el Modevite.
Además, explicaron las comunidades, el proyecto permitirá “la privatización encubierta”, pues “cuando el gobernador afirma que ‘los ingresos del peaje […] se quedarán en manos de quienes lo sostienen’ oculta que los beneficiarios serán empresas turísticas y agroexportadoras”.
Finalmente, señalaron que la megaobra abrirá paso a la militarización y represión en la zona a través del despliegue de fuerzas de seguridad, así como “el hostigamiento y criminalización” de quienes se oponen a la construcción.
Por ser una violación a sus derechos como pueblos indígenas, el Modevite exigió a las autoridades la cancelación inmediata del proyecto carretero y de los permisos ambientales “otorgados ilegalmente”, así como una investigación internacional “sobre la simulación de la consulta”. Además, demandaron el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad en sus territorios y el respeto a su autonomía como pueblos originarios.
“No permitiremos que se repita la historia de despojo; si el gobierno insiste en imponer la muerte, los pueblos organizados defenderemos la vida con la fuerza de nuestra dignidad ancestral”, concluyó el Movimiento.
COMUNICADO:
AUTOR: REDACCIÓN.
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