Lo que ocurre en Puebla, Campeche y ahora desde el propio Tribunal Electoral no es otra cosa que una escalada para criminalizar la crítica pública y la exigencia ciudadana. Para convertir las leyes penales y electorales en un muro de contención contra la opinión pública. Si no se detiene, otros estados seguirán el mismo camino, como de hecho ya sucede.
En Puebla, el Congreso aprobó sobre las rodillas una reforma al Código Penal que criminaliza el “ciberasedio”, definido de forma tan amplia como alarmante: insultar, injuriar o vejar con insistencia a través de medios digitales. Las penas alcanzan hasta tres años de cárcel. Lo que suena a protección contra el acoso digital es, en realidad, un instrumento perfecto para perseguir la crítica en redes, castigar a periodistas incómodos y silenciar voces disidentes.
La ley, ya bautizada como “Ley Censura”, fue impulsada por el Gobierno estatal con el pretexto de frenar el grooming y los fraudes digitales. Nadie discute que esas conductas existen y deben combatirse. El problema es que los motivos legítimos se manipulan para lograr fines ilegítimos. Nadie en su sano juicio está a favor de la violencia en línea, ni del robo de datos ni del espionaje. El problema es legislar de manera que se afecte la manifestación de ideas protegidas por la libertad de expresión.
Artículo 19, la Red Puebla de Periodistas y otras organizaciones advirtieron desde el inicio que esta reforma vulnera principios básicos del derecho penal. Una Ley que castiga “agravios” en línea sin definirlos abre la puerta al abuso. Si un funcionario se siente “vejado” por un meme, un video o un hilo crítico, ya tiene el marco legal para castigar al autor.
Peor aún, el Congreso de Puebla aprobó la Ley antes de abrir un debate público. No se escuchó a periodistas, no se consultó a especialistas, no se midió el impacto sobre la libertad de expresión. Así, se amplían las posibilidades de criminalización del periodismo en una entidad que ya registraba 22 casos de hostigamiento judicial a periodistas entre 2018 y 2024.
Mientras tanto, en Campeche, el periodismo crítico recibió otro golpe. El periodista Jorge Luis González Valdez fue vinculado a proceso por supuestamente incitar al odio contra la Gobernadora Layda Sansores. La acusación fue tan severa como absurda la sanción. Le prohibieron ejercer su labor periodística por dos años, le impusieron una multa millonaria y clausuraron su medio digital. Su “falta” fue exigir rendición de cuentas sobre presuntas irregularidades en el DIF estatal.
Ya no hablamos de leyes ambiguas, sino de la aplicación directa de la Ley por parte del aparato judicial para callar voces incómodas. El proceso contra González Valdez sienta un precedente peligroso. Basta una acusación de “odio” para neutralizar a un periodista por un político o política poderosa. Y ese precedente no ocurre en El Salvador ni en Nicaragua, sino en Campeche, México.
Pero el caso más alarmante es quizá el más reciente. En una decisión inédita, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que una ciudadana, Karla Ma. Estrella, incurrió en violencia política de género por una publicación crítica en redes sociales. ¿Su “falta”? Señalar en un tuit la posible influencia de Sergio Gutiérrez Luna en la candidatura de su esposa. Nada sexista, nada violento. Una crítica común sobre el nepotismo político.
Sin embargo, el INE le impuso medidas cautelares y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la sancionó con multa, disculpas públicas durante 30 días, un curso sobre género, lectura obligatoria de bibliografía, publicación del extracto de la sentencia en su perfil, y su inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
Lo más grave es que la Sala Superior confirmó la sanción con una votación dividida, resuelta por el voto de calidad de la Magistrada presidenta. Así, el máximo órgano electoral del país avaló sancionar a una ciudadana por ejercer su libertad de expresión sobre un tema público.
Como ya lo dijimos en la entrega pasada, el modelo sancionador se ha convertido en una herramienta que facilita la censura ciudadana bajo el disfraz de protección de derechos. El efecto es claro, se inhibe el debate democrático.
Todo esto forma parte de un patrón sistemático. Ya lo vimos con las reformas en Aguascalientes y Michoacán, que también castigan la “apología del delito” con definiciones vagas, ahora usadas contra los narcocorridos.
Ante todo esto, ¿dónde están los contrapesos? ¿Dónde están los medios de defensa institucionales de las libertades? En ese sentido el panorama es más desolador. Tenemos un Poder Judicial capturado, incapaz de revertir estas normas. Las comisiones públicas de derechos humanos, incluida la CNDH, están entregadas al poder. Por eso —ojalá me equivoque— no impugnarán estas reformas.
Lo que ocurre en Puebla, Campeche y ahora desde el propio Tribunal Electoral no es otra cosa que una escalada para criminalizar la crítica pública y la exigencia ciudadana. Para convertir las leyes penales y electorales en un muro de contención contra la opinión pública. Si no se detiene, otros estados seguirán el mismo camino, como de hecho ya sucede. Estamos en lo que parece una intentona censora bajo el denominado “autoritarismo legal”.
Es una nueva evidencia de la deriva autoritaria que vive México. Una que cualquiera puede ver… si todavía se atreve a mirar.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.
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