Desde hace décadas, el municipio de Pantelhó, Chiapas, ha enfrentado una crisis de seguridad y gobernabilidad, señaló el Tribunal Electoral.
Habitantes de este municipio presentaron una denuncia ante el Tribunal Electoral contra la decisión del Congreso local de designar en el marco del proceso electoral de 2024 a un concejo municipal, en lugar de realizar elecciones extraordinarias.
Esto, luego de que en el proceso ordinario los órganos electorales locales determinaron que la violencia que se vive en el municipio por los enfrentamientos entre autodefensa y grupos ligados al crimen organizado, no permitían que se llevara a cabo el proceso.
Posterior a eso, el legislativo nombró a un Concejo en el que al menos dos de sus integrantes forman parte de un grupo armado que la población identifica como sus agresores.
En la resolución que el Tribunal dio a conocer el pasado miércoles 7 de mayo, recordó que “desde hace décadas, el municipio de Pantelhó, Chiapas, ha enfrentado una crisis de seguridad y gobernabilidad derivada de disputas territoriales, la presencia de grupos armados, violencia, marginación y pobreza”.
“Dentro de este contexto, diversos hechos de violencia registrados en los últimos años han afectado de manera directa los derechos político-electorales de su población e impedido que el municipio sea gobernado por autoridades electas mediante procesos democráticos”.
“El Estado no puede postergar indefinidamente el voto: tiene la obligación de garantizar elecciones periódicas en condiciones de seguridad”, señala la reconsideración [SUP-REC-3/2020] Caso Pantelhó.
Añade que los hechos de violencia que han afectado los derechos político-electorales en Pantelhó forman parte de una situación estructural de violencia e inseguridad humana más amplia.
Proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostiene que “el Estado debe cumplir con su deber de garantizar seguridad y celebrar elecciones periódicas; sin embargo, esto debe ir acompañado de mesas de diálogo, una estrategia de pacificación y el respeto a la libre autodeterminación de la comunidad indígena.”
La sentencia ordena al Congreso de Chiapas convocar a un segundo proceso electoral extraordinario durante 2025; pide que la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de Protección Civil, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de Chiapas para elaborar un Plan Integral de Pacificación y Seguridad.
Se ordena a distintas dependencias implementar medidas para garantizar la seguridad humana y atender las causas de marginación y la pobreza; establecer una Mesa de Diálogo y Construcción de Paz que dure hasta las elecciones de 2027, con participación de representantes del gobierno, autoridades tradicionales y otros sectores.
Y ordena al Congreso de Chiapas garantizar recursos a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ÁNGELES MARISCAL.
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