“Ellos nos mostraron una demanda por allanamiento de terreno particular. Yo tengo una copia. Por supuesto no es así de rápido que el Poder Judicial la tramite, pero nos enseñó una demanda, le pedimos que por favor tuviera paciencia, que entendiera que es un tema social”, dijo.
El pasado 25 de abril, un día festivo en la entidad, máquinas excavadoras ingresaron al predio y tumbaron una treintena de árboles endémicos del estado. Entonces, menos de una decena de activistas lograron detenerlas interponiéndose entre las máquinas y los árboles.
Tras conocerse el hecho, diversos sectores de la sociedad acusaron al municipio capital y al gobierno del estado de permitir un ecocidio y se les exigió proteger a ese bosque endémico. En semanas pasadas la zona había sufrido diversos incendios que, acusan, son intencionales.
Aunque la empresa aseguró que contaba con todos los permisos, sobre todo municipales y estatales, la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, María de Jesús Rodríguez López, aseguró en entrevista con medios locales que la inmobiliaria no contaba con autorización federal, pues se trata de terrenos forestales.
Desde entonces, en un tercio del terreno considerado como Área Natural Protegida de observancia municipal —que actualmente está en el limbo, pues Jorge Martínez Romo, representante jurídico de Próxima S.A. de C.V., aseguró que incluso esa zona aún pertenece a la empresa—, acampan decenas de personas para vigilar que no entren más máquinas.
También se realizan actividades culturales para promover la importancia ambiental e histórica del espacio.
“Nadie nos ha notificado. Legalmente no sé a quién le van a notificar porque cada día acampa gente diferente. Nos sentimos estresadas y preocupadas por esta criminalización que anuncia el secretario de gobierno, pero nos sentimos muy contentas de que la gente esté muy movilizada, yo no esperaba que esto pasara, es algo que quedará en la historia”, dijo en entrevista para Proceso Belinda Camarena, asesora legal de la organización Salvemos La Pona. La abogada añadió que desde diversos sectores se analizan vías legales para proteger a la mezquitera.
“Esta declaración la vemos más como una amenaza, algo para amedrentar y no voy a mentir, todas estamos muy preocupadas, pero estamos vigilando desde la zona del Área Natural Protegida, eso es una especie de resguardo. No han parado de venir personas, familias completas vienen a dejar cosas y a ayudar. Se han desbordado en demostrar su apoyo, llegan y se llevan formatos para juntar firmas. Una cosa muy desbordada y muy generosa”, agregó Sofía González Ponce, integrante de la misma organización.
La exigencia ciudadana ha creado una crisis para el gobierno del alcalde capital panista Leonardo Montañez, y para la gobernadora —también panista— Teresa Jiménez Esquivel, a quien diversas organizaciones y ciudadanía en general acusan de mantener una política que beneficia al sector inmobiliario.
“La Pona” es el último pulmón natural de la capital de Aguascalientes en donde habita flora y fauna nativa que provee diversos servicios ambientales, y es también una zona de recarga natural con árboles endémicos de más de cien años, en un estado que ha sufrido de sequía severa según datos de la Conagua.
La solicitud de diversas organizaciones, entre ellas Salvemos La Pona, que encabeza las protestas, es que se protejan las 33 hectáreas que quedan de la mezquitera.
Presionada por las exigencias, Jiménez Esquivel anunció el 30 de abril que se analiza la opción de permutar los terrenos de La Pona por otros que son propiedad del estado y el municipio capital.
“Hemos estado en diálogo permanente con algunos líderes del medio ambiente pero también con los empresarios. Hemos tomado la decisión de pedirles que no sigan con la construcción, vamos a ver un tema de permuta. Estamos viendo si podemos pagar una parte, son 33 hectáreas que ellos nos dicen que cuestan 500 millones de pesos, estamos en esa negociación, pero obviamente no vamos a pagar eso. Es una propiedad privada, ellos lo que quieren es construir, les haremos esta permuta para que sigan adelante y no quitarles su derecho”, aseguró la mandataria.
El mismo día, la empresa comunicó a las autoridades que detendría las obras. Pero un día después anunciaron la presunta presentación de demanda contra los activistas.
“Queremos manifestar que tanto el campamento como nuestra asociación civil no han sido invitados a las mesas de trabajo que supuestamente el gobierno municipal y estatal han sostenido sobre La Pona. No abandonaremos la activación de estrategias legales hasta tener certeza jurídica y un programa de manejo integral a través de un proceso transparente y una consulta pública. (...) también cuestionamos cuáles y en qué condiciones se encuentran los predios a permutar, ya que esta defensa no se limita sólo al ecosistema de La Pona, sino de todo el territorio que comprende este estado”, señaló a través de un comunicado la organización Salvemos La Pona.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.
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